La decisión del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo de trasladar a la Audiencia Nacional y al titular del juzgado número 2, Ismael Moreno, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los sobres en metálico que recibieron José Luis Ábalos y Koldo García, supone, en la práctica el primer paso casi irreversible para la investigación de la financiación irregular del PSOE. El titular del Supremo así lo cree y apunta a la financiación irregular y el blanqueo de capitales por parte de la organización socialista. Según la UCO, el dinero manejado por Ábalos y Koldo no aparece en la documentación oficial del partido y, en consecuencia, habrá que investigar cuál es el origen del dinero en efectivo.
El juez Ismael Moreno, que tiene entre manos la causa de las mascarillas en la Audiencia Nacional, será ahora el competente para decidir si abre causa para investigar al PSOE y si ha habido blanqueo de capitales. El auto de Puente de este 31 de octubre, por el que da traslado de sus averiguaciones a la AN, es bastante contundente. El posible delito de blanqueo de capitales se deriva de que el PSOE habría realizado pagos en metálico sin verificar el origen del dinero ni la legitimidad de los fondos utilizados. El auto señala que no se comprobaba si los gastos reembolsados con efectivo provenían de actividades lícitas o si este dinero había sido introducido en la contabilidad del partido para dar apariencia legal a fondos ilícitos.
Según la UCO, el dinero manejado por Ábalos y Koldo no aparece en la documentación oficial del partido y, en consecuencia, habrá que investigar cuál es el origen del dinero en efectivo
El Supremo destaca que, al compensar gastos sin trazabilidad bancaria y sin control sobre quien los pagó realmente, se podría estar blanqueando su procedencia, es decir, encubriendo dinero de origen delictivo bajo operaciones aparentemente normales. Si así fuera, estaríamos ante el uso de una caja interna con efectivo, reembolsos sin control y donaciones en metálico que podrían haber servido, según el Supremo, para dar cobertura a operaciones de blanqueo bajo apariencia de financiación ordinaria del partido. El origen de la decisión de Puente radica en el informe de la UCO que detectó más de 95.000 euros en ingresos en efectivo sin declarar de Ábalos y también aportaba fotografías de sobres con, logotipos del partido cargados de billetes.
Vamos a ver hasta donde puede estirar el juez y de que pruebas acaba disponiendo. El objetivo final parece claro: dejar probado que en el PSOE había también una contabilidad en B, cosa que los socialistas niegan rotundamente y han salido en tromba a desmentir en estas últimas horas, asegurando que las acusaciones que se les estaban formulando eran una calumnia. La caja B o la contabilidad en B acabó con el Partido Popular en el gobierno y dio paso a la ya famosa moción de censura de 2018. Aunque, en este caso, se sumaría el blanqueo de capitales. El hecho de que Puente haya enviado la causa a la Audiencia también tiene que ver con que el sujeto es el PSOE y no Ábalos, que, en su condición de aforado por ser diputado en el Congreso, el tribunal competente sería el Supremo.