Del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. El juez Leopoldo Puente, que está investigando a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por una presunta trama de corrupción de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas, sospecha de los pagos en metálico que hacía el PSOE al entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del partido y a su asesor. Y ha remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los sobres que recibieron Ábalos y Koldo y toda la información que ha facilitado el partido en las últimas semanas con la voluntad de que, si hay “méritos suficientes”, inicie una investigación. Ahora, Ismael Moreno (que tiene entre manos la causa de las mascarillas en la Audiencia Nacional) tendrá que decidir si abre una causa para investigarlo. “No se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias”, esgrime Leopoldo Puente.

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El magistrado justifica su movimiento alegando que hay muchos interrogantes por responder, sobre todo después del informe de la UCO y de los últimos testigos que han declarado, la trabajadora del PSOE y el exgerente del partido: “Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. Puente envía estos hechos a Moreno porque él es el juez que empezó la investigación original de este caso y porque la actividad del PSOE, “sea finalmente una u otra la calificación jurídica” que tenga, “no se halla inescindiblemente vinculada” a la causa del Supremo, que se investiga allí “únicamente por la condición de aforado” de Ábalos.

El magistrado recuerda que el informe de la UCO reflejaba la existencia comunicaciones sobre posibles pagos en metálico por parte del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García que “no constarían ni por sus fechas ni por sus importes” en la información facilitada por el partido. Además, hace dos semanas, Ábalos y Koldo se acogieron a su derecho a no declarar y, por lo tanto, “no ofrecieron ninguna clase de información complementaria que pudiera contribuir a explicar esta aparente falta de sintonía entre las mencionadas comunicaciones y la información facilitada”.

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“No se comprobaba que no se estuviera blanqueando la procedencia del dinero”

Leopoldo Puente relata que a causa del silencio de Ábalos y Koldo, citó a declarar como testigos a Celia Rodríguez (que era trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE) y Mariano Moreno (que era gerente) para que “pudieran ofrecer una satisfactoria explicación, excluyente, si ese fuera el caso, de cualquier posible responsabilidad”. Sin embargo, sus explicaciones no le convencieron. “No se comprobaba si los pagos realizados habían sido realizados en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita (o, incluso delictiva), no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia”, argumenta.

“Tampoco quedó explicado, de manera suficiente, quién era la persona, y cuál el procedimiento, que comprobaba las facturas presentadas”, añade el auto, que destaca que el gerente reconoció que la sola firma de Ábalos justificaba la devolución, “sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior”, y que tampoco se comprobaba si la persona era, efectivamente, quien había hecho los pagos. “No quedó tampoco suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el partido político dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos”, apostilla. Finalmente, concluye que la documentación que ha aportado el PSOE indicando que los fondos de la caja procedían de su cuenta bancaria, no esclarece nada: “Es claro que, de haber existido pagos en metálico distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo los ingresos con los que aquellos se nutrían”.

El PSOE insiste que todo el efectivo tiene una “trazabilidad cierta y legal”

Poco después de conocerse la noticia, el PSOE ha remitido a los periodistas un mensaje reiterando que “todo el efectivo abonado” por el partido tiene una “trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones no anotadas”.  “La conducta del PSOE siempre ha sido de máxima colaboración con la Justicia”, añaden los socialistas, que se comprometen a aportar “toda la documentación” que se les reclame para “acreditar que cada liquidación de gastos está debidamente justificada y responde una documentación cierta” y la “documentación bancaria que demuestra que todo el efectivo utilizado para responder a la liquidación de gastos procede la cuenta bancaria del PSOE”. “El comportamiento del PSOE siempre ha sido escrupulosamente legal, sin que se haya cometido ninguna actividad o practicado ningún comportamiento que pueda ser considerado irregular, y mucho menos delictivo”, apostillan desde Ferraz.