Había una gran expectación este lunes en el Cercle d'Economia para escuchar a Pedro Sánchez, que, como suele ser tradición, inauguraba como presidente del Gobierno las jornadas anuales. Un interés que no era casual, sino todo lo contrario. Un aliciente egoísta sobre el tema que ocupa, desde hace un tiempo, buena parte de las conversaciones del empresariado catalán: ¿qué va a suceder con la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell? ¿Y qué piensa hacer el gobierno español tras el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) autorizándola? Sánchez no defraudó y venía de Madrid con la respuesta clara, concisa y sorprendente, muy al estilo Moncloa al que nos tiene acostumbrados. Este martes, el Consejo de Ministros abrirá una consulta pública previa para saber la opinión de ciudadanos, empresas y asociaciones sobre la opa hostil a la entidad financiera catalana. Se publicará inmediatamente en la web del ministerio de Economía y, a través de ese canal, se recabará la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones.

Esta consulta pública no está ni prohibida, ni permitida. Ya que, obviamente, no es vinculante y tiene un carácter exclusivamente informativo. Nada más. Pero solo eso ya es suficiente para dotarse de argumentos técnicos y sólidos para que el Gobierno acabe decantando su posición hacia donde está instalada, desde hace tiempo, la mayoría de la opinión pública catalana y me atrevería a señalar que una parte amplia de la española. Por eso son importantes y hay que saber leer algunos de los pronunciamientos de la jornada de este lunes tras el anuncio de consulta pública de Pedro Sánchez. Primero, el de las dos entidades afectadas: el Sabadell, a través de su presidente, Josep Oliu, ha señalado que le parecía un movimiento positivo; por su parte, el BBVA ha expresado su sorpresa por el anuncio. En segundo lugar, las patronales catalanas, en sintonía total en este caso: para Foment y su presidente, Josep Sánchez Llibre, la consulta pública anunciada por el gobierno español va en la línea que reclamaba la gran patronal catalana después de la decepcionante, inapropiada e insuficiente posición de la CNMC. El equipo de Foment ha recalculado el impacto de la opa sobre las pymes catalanas y españolas y la pérdida sería de 70.000 millones de euros.

Por cierto, nadie de los asistentes a la reunión anual del Cercle entendía la posición del miembro designado por Junts a la CNMC, el consejero Pere Soler, que votó afirmativamente al informe del consejo que dio luz verde a la opa. Aunque Junts ha hecho esfuerzos por expresar sus discrepancias con la posición de Soler, nadie entendía en el Palau de Congressos que no se hubiera adoptado alguna medida más. En parte, porque la posición del partido, contraria a la opa, queda teñida por lo votado por Soler. Lo expresaba muy bien Gonzalo Boye en su artículo de este lunes en las páginas de El Nacional.cat: 1. Desde una perspectiva catalana, esta operación tiene un cariz aún más grave. El Sabadell no es solo un banco: es una institución histórica vinculada al desarrollo económico de Catalunya. 2. Para quienes defienden una Catalunya con soberanía política, económica y cultural, esta operación representa otro paso más en el vaciamiento de estructuras propias. Y 3. La CNMC —a través de su consejo y todos sus consejeros— tenía la oportunidad de marcar un límite, de evitar una nueva oleada de concentración que atenta contra el pluralismo económico y la equidad territorial. Pero ha preferido mirar hacia otro lado.

El gobierno español ha hecho un magnífico número de magia con la opa, una jugada que, al final, le va a vincular moral y políticamente

Por su parte, el presidente de la Pimec, Antoni Cañete, se mostró satisfecho tras el anuncio de Sánchez y señaló que había partido de nuevo y que serviría para que el Gobierno comprobara con la consulta la oposición que había en las pequeñas y medianas empresas. El anfitrión de las jornadas, el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, vinculado en el pasado entre 2007 y 2020 al Sabadell, banco del que fue su consejero delegado durante estos años, cree que la consulta puede perjudicar a la entidad que ha planteado la opa hostil y es positiva para los contrarios a la operación. Acabemos esta valoración con la posición del Partido Popular, que en las horas previas a que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, aterrice este martes en las jornadas del Cercle ha señalado que, de entrada, están en contra de la opa y alineados con la posición pública del PP catalán expresada a través de su secretario general, Santi Rodríguez. Acabemos: el gobierno español ha hecho un magnífico número de magia con una jugada que, al final, le va a vincular moral y políticamente.

Intentará apretar con ello a las patronales y a Junts con la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas que también aprobará este martes el Consejo de Ministros. Los de Puigdemont, quizás avanzándose a este movimiento, han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad, ya que pone en riesgo a las empresas. Las patronales catalanas tampoco quieren saber nada y a buen seguro que en la conversación en los pasillos entre Pedro Sánchez y Sánchez Llibre este último así se lo hizo saber, que no había margen para esta negociación. Se puede decir que la intervención del presidente del Gobierno en el Cercle quedó muy condicionada por el tema de la opa. De no ser por eso, el balance de sus palabras seguramente sería otro, ya que el autobombo fue a veces asfixiante y su capacidad para huir de la responsabilidad del Gobierno en el gran apagón de hace justamente una semana y situarla en la rapidez de la respuesta del Ejecutivo y la solidaridad de los ciudadanos ciertamente asombrosa.