El Senado ha servido este martes de escenario para poner de manifiesto una de las fracturas más evidentes dentro del Gobierno de coalición. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido trazar una línea clara en los pasillos de la Cámara Alta: "Telefónica no es una empresa pública". Su declaración, aparentemente técnica, responde a las durísimas críticas lanzadas horas antes por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que planea la compañía telefónica y que afectaría a 6.088 trabajadores. Este enfrentamiento dialéctico, más allá de la polémica concreta, dibuja un mapa preciso de las dos sensibilidades que conviven en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y coloca en el punto de mira a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de un 10% del capital de Telefónica, y, por tanto, el brazo inversor del Estado en este proceso.
En sus declaraciones, Montero ha adoptado un tono medido y jurídicamente preciso. "Telefónica es una empresa privada que está participada en un 10% por la SEPI, es decir, que su capital es mayoritariamente privado. No es una empresa pública", ha afirmado, en lo que se lee como un intento de desactivar cualquier argumento que obligue al Estado a intervenir de manera directa en las decisiones corporativas.
Sin embargo, la vicepresidenta primera no ha eludido la posición oficial del Gobierno. "Y saben ustedes la opinión del gobierno. El gobierno siempre intenta minimizar los despidos en todos los entornos", señala, a continuación, llamando a la prudencia: "Pero dejemos trabajar a los sindicatos, están ahora mismo en el diálogo y, por lo tanto, llegando al mejor acuerdo posible". Esta llamada a "dejar trabajar" a los agentes sociales se interpreta como una defensa del proceso de negociación colectiva por encima de las declaraciones mediáticas.
Una oposición frontal
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha descargado todo su peso político contra el ERE, en un movimiento que deja poco espacio para la matización. "No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores", ha sentenciado. El núcleo de su argumento es de carácter ético y político: "El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones". Esta frase, que resume su filosofía de actuación, la ha llevado a un terreno de confrontación directa. Díaz ha reconocido haber enviado una carta a la presidencia de la SEPI donde califica el ERE de "indecente". Un adjetivo de una dureza inusual en la comunicación política gubernamental y que marca una línea roja clara.
El conflicto del ERE de Telefónica ha dejado de ser un asunto laboral más para convertirse en un síntoma de las tensiones estructurales del Gobierno. Por un lado, el ala socialdemócrata, representada por Montero, aboga por un realismo económico y el respeto a los marcos legales de las empresas privadas, aunque con participación estatal. Por otro, el ala más izquierdista, capitaneada por Díaz, sitúa la defensa del empleo y la condicionalidad de los fondos públicos como principios innegociables.
Lo que se juega en las negociaciones de Telefónica no son solo las condiciones de salida de más de 6.000 trabajadores. En juego está también la capacidad del gobierno español de proyectar una unidad de criterio y la definición de hasta qué punto el Estado, como accionista, debe utilizar su influencia para orientar las decisiones estratégicas de las empresas en las que participa. El desenlace de este proceso marcará un precedente ineludible para futuras crisis en grandes compañías.