El Ministerio de Trabajo y Economía Social considera "indecentes" los expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados por Telefónica para cerca de 5.700 trabajadores. Así lo ha expresado en una carta que el departamento ha remitido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el vehículo inversor a través del cual el Gobierno ostenta una participación accionarial del 10% en la operadora de telecomunicaciones. Además, públicamente, este mediodía, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que "el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean la condiciones de negociación de un ERE".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha manifestado que Trabajo no comparte "en absoluto" que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. "Lo digo así de claro", ha aseverado y se ha referido a lo expresado en la carta enviada a la presidenta de la SEPI. "El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de un expediente de regulación de empleo (...) Con mayor motivo porque esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas y se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle, por tanto, mi posición es conocida", ha agregado.
Al respecto, fuentes de SEPI consultadas por Efe recuerdan que, tal y como ha manifestado el Gobierno, la sociedad estatal mantiene en Telefónica la exigencia de que haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo. Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social, aseguran las mismas fuentes, que defienden que SEPI está segura de que la empresa y los sindicatos llegarán a un acuerdo.
Telefónica ha planteado entre este lunes y martes a los sindicatos un total de seis ERE para 5.692 personas, a la espera de que comunique uno más, previsiblemente durante las próximas horas. Según fuentes sindicales, el expediente afectará a las empresas Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, sus tres filiales principales, y Movistar+. Según la documentación jurídica facilitada por la compañía a los sindicatos, a la que ha tenido acceso Europa Press, la afectación del ERE se divide en 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587) y 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118). El proceso de negociaciones entre dirección y sindicatos ya se ha iniciado.
El Gobierno confía en las negociaciones
En este contexto, cabe recordar que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que el ERE deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores. "En relación con Telefónica, te puedo decir que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos", subrayó López en declaraciones a la prensa tras la presentación de un informe la semana pasada.
Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó este pasado lunes que el Gobierno estará "encima" del ERE en Telefónica a fin de asegurar que la negociación se lleva a cabo "de la mano de los sindicatos". "Los sindicatos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica", explicó el ministro, que recordó elementos "importantes" para los representantes de los trabajadores como son "la voluntariedad de acogerse" al ERE y que se "mejoren en la medida de lo posible" las condiciones con respecto a los últimos procesos de regulación en la empresa. "Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones, se den", insistió Cuerpo en declaraciones a la prensa en Bruselas.