La Fiscalía ha conseguido cerrar en el Estado español, "por primera vez", tres páginas web que publicitan la gestación subrogada, una práctica prohibida en España, según ha explicado la fiscal de consumo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, ​​Paloma Pelegrín, este jueves. El caso se remonta a 2024, cuando una asociación feminista de Vigo presentó en Galicia una denuncia penal que fue remitida a las Fiscalías de Barcelona y de Madrid, ya que figuraba un listado de empresas, instituciones y abogados que presuntamente se dedicaban al asesoramiento, la intermediación y la publicidad de la gestación subrogada. En este listado se detectó que había intermediarios que hacían una "publicidad descarada" de esta práctica a través de empresas con sede en Barcelona, ​​Madrid, Málaga y Guadalajara, entre otras, en las que, además, se cosificaba a la mujer y a los propios bebés

Para abordar el cierre de estas webs, la Fiscalía ha apostado por la vía civil en lugar de la penal, debido a las dificultades que las investigaciones penales, a veces, encuentran en delitos informáticos. Así, la Fiscalía de Barcelona, mediante la mediación, ha conseguido que dos de estas empresas atiendan los requerimientos y retiren la publicidad. En el caso de la Fiscalía de Madrid, esta impulsó dos demandas, una que ha acabado con una sentencia condenatoria, y otra que aún no ha sido resuelta. En el primero de los casos, la Fiscalía de Madrid ha declarado que la publicidad de esta empresa era "ilícita y desleal" y, en consecuencia, ha condenado a la empresa a cesar la campaña publicitaria y a publicar la sentencia en su web, blog y redes sociales.

A pesar de esta victoria de la Fiscalía, aseguran ser conscientes de la existencia de "multitud" de páginas internacionales que continúan publicitando esta práctica ilegal a través de sus delegaciones nacionales. Por ello, tanto desde Barcelona como desde Madrid plantean que sean las administraciones públicas las que bloqueen el acceso a estas páginas. En este sentido, la Fiscalía de Madrid envió un escrito al Instituto de las Mujeres, en el cual se mostraba dispuesta a colaborar, y desde las fiscalías de Madrid y Barcelona se solicitó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que bloqueara el acceso a estas webs. Sin embargo, la entidad ha respondido que no tienen competencia para hacerlo y que se debe canalizar mediante órganos jurisdiccionales, porque podría chocar con el derecho a la libertad de expresión.