Mientras continúa el tira y afloja entre los sindicatos educativos y el Govern, que esta tarde se sienta a negociar, la solución parece lejos de resolverse. A las huelgas de médicos, bibliotecarios, maquinistas, agentes rurales, educadoras de escuelas infantiles… ahora habrá que añadir la de los docentes de las escuelas concertadas, que durante las jornadas reivindicativas de esta primavera ya habían salido a la calle a apoyar a sus compañeros de la educación pública. Según ha anunciado la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), que representa a los centros concertados, todos los viernes desde el 29 de mayo hasta el final de curso, habrá convocatorias de huelga. También de concentraciones ante el Ministerio de Educación en el caso de Madrid o ante las delegaciones del Gobierno para pedir mejoras en sus condiciones laborales, bajo el lema “mismo servicio público, mismas condiciones”. Todo ello, lamentando la “falta de avances efectivos por parte del Ministerio en relación con las principales reivindicaciones de la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos”.
Cabe también tener en cuenta que la Federació d'Ebsenyament del sindicato USOC ya había convocado tres días de huelga en la escuela concertada, el pasado 12 de mayo, el 27 de este mismo mes y el 5 de junio, jornadas que coinciden con la huelga en los centros públicos. El pasado viernes 8, se celebró una reunión entre la parte social, la secretaria general de Educació, Teresa Sambola, y el director general de Centres Concertats, Antoni Aguilar, pero según indicó el sindicato en un comunicado, la propuesta que presentó el Departament d'Educació era “insuficiente”. La formación explica que la propuesta “no concreta compromisos reales, plazos definidos ni dotación económica garantizada para dar respuesta a las necesidades del personal de los centros concertados”. Además, considera que el sector “continúa sin avances efectivos” en aspectos como la reducción de horas lectivas por razón de edad.
El foco puesto sobre la bajada de ratios
En el conjunto del Estado, la FSIE ha denunciado que, a pesar de que se ha establecido un diálogo con Educación, el proyecto de ley de bajada de ratios y de jornada lectiva que actualmente tramita el Congreso “continúa excluyendo a los trabajadores de la enseñanza concertada”. Este proyecto de ley, cuyo plazo para presentar enmiendas a la totalidad finaliza el 27 de mayo, aunque ya se ha prorrogado dos veces, prevé un máximo de 22 estudiantes por aula en educación primaria y de 25 en secundaria y rebaja la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en primaria y a 18 en secundaria. El sindicato de la enseñanza concertada recuerda que esta rebaja de las horas docentes ha sido defendida por el último dictamen del Consejo Escolar del Estado, que pidió la extensión de esta medida a la educación sostenida con fondos públicos.