El Pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la modificación del régimen sancionador para combatir los grafitis en los trenes, una reforma que triplica el importe de las multas previstas hasta ahora. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos, mientras que los Comuns y la CUP han votado en contra. La nueva normativa establece un aumento significativo de las sanciones: las infracciones leves podrán comportar una advertencia o multas de hasta 18.000 euros; las graves, sanciones de entre 18.001 y 90.000 euros; y las muy graves, multas que pueden llegar hasta los 900.000 euros.
Además, la ley amplía el catálogo de infracciones. Incluye acciones como “destruir, deteriorar, alterar o modificar” cualquier elemento del servicio ferroviario, incluido el material rodante, así como la realización de pintadas que provoquen su deslucimiento y obliguen a paradas totales o parciales del servicio, alterando su funcionamiento normal. Según recoge el texto en la exposición de motivos, el coste de limpiar grafitis en los trenes ascendió a 11,6 millones de euros en 2023, de acuerdo con datos de Renfe, una cifra que equivale a unos 32.000 euros diarios.
Los Comuns y la CUP votan en contra
Durante el debate parlamentario, los grupos contrarios a la reforma han cuestionado la eficacia del endurecimiento de las sanciones. El diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha criticado la falta de “proporcionalidad” de las multas, que considera una garantía esencial “ante la arbitrariedad punitiva”. En la misma línea, Dani Cornellà (CUP) ha advertido que, a pesar de reconocer el problema, “reprimir” con sanciones más elevadas “no será efectivo”. Desde ERC, Ester Capella ha calificado de “ingenuo” pensar que el incremento de las sanciones resolverá la problemática y ha apuntado también a la responsabilidad de las operadoras ferroviarias. “No todo son sanciones, también hay que prevenir”, ha defendido.
Por el contrario, los grupos favorables a la reforma han justificado el endurecimiento del régimen sancionador. La diputada del PSC Ivana Martínez ha subrayado que los recursos destinados a la limpieza de grafitis dejan de destinarse a otros servicios públicos, y ha defendido la necesidad de sancionar unos actos vandálicos con un coste elevado. Desde Junts, Judith Toronjo ha remarcado que “el incivismo no puede tener cobertura” y que defender el transporte público implica también preservar la convivencia y la seguridad.
En la misma línea, el diputado del PPC Alberto Villagrasa ha alertado sobre la inseguridad de determinadas instalaciones y ha vinculado el vandalismo con posibles conductas delictivas. Por su parte, Vox ha criticado la gestión anterior del problema, mientras que Aliança Catalana ha rechazado considerar las pintadas como arte urbano y las ha calificado de "ataque directo" contra un servicio público.