Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez ya empiezan a desinflar la idea de que José Luis Rodríguez Zapatero sea víctima de lawfare. Pero Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, mantiene que el expresidente del Gobierno es víctima de una "cacería política". Los distintos grupos parlamentarios de esta cámara han fijado postura sobre el escándalo a primera hora de este miércoles, tras haber podido leer el auto de 88 páginas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y de haberlo podido reflexionar con la almohada. Y ahora la mayoría toma distancias con Zapatero y, de rebote, con el actual Gobierno.
A Rufián le tocaba hoy preguntar a Sánchez en la sesión de control que se celebra casi cada miércoles. El jefe de filas republicanas en Madrid ha admitido estar "jodido" por el demoledor auto. Al día siguiente de haber publicado un tuit en el que hacía una defensa encarnizada de Zapatero, ha reconocido "no ser objetivo", por el "respeto" que le tiene al expresidente por haber mediado en el intento de resolver el conflicto político con Catalunya después del procés. A pesar de reconocer que el auto es duro, ha situado al exlíder socialista como víctima de una "cacería judicial". "Esto no existiría si él no fuera un enorme activo electoral para la izquierda", ha espetado.
Ha insistido en que los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy "se merecen mucho más" una investigación judicial. Señalando el auto hecho público este martes, Rufián ha dicho que "si esto es verdad, es una mierda; si es mentira, es una mierda aún más grande". De todas formas, el republicano le ha preguntado a Sánchez "dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias".
El resto de socios desinflan la idea del 'lawfare'
En cambio, el resto de los socios han reculado. Este martes, la portavoz de Sumar en esta cámara, Verónica Barbero, señalaba que tenía "dudas" de que Zapatero podría ser víctima de lawfare. Remarcaba que, teniendo en cuenta el "comportamiento últimamente" del poder judicial, es legítimo dudar "alrededor de esta imputación", sobre todo cuando tiene que ver con "dirigentes de la izquierda de este país". Fuentes de este grupo parlamentario insistían en que sospechaban que se trataba de un caso de guerra judicial. Este miércoles por la mañana, a su llegada al Congreso, Barbero ha esquivado a los periodistas y ha evitado contestar a las preguntas sobre si mantenía su opinión.
Y ha sido contundente en su respuesta Enrique Santiago, líder del Partido Comunista de España y miembro del grupo parlamentario de Sumar. “Lo primero que hay que hacer es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno; si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, es un delito”, ha aseverado. Justo antes ha pasado por el pasillo del Congreso la diputada de Compromís Àgueda Micó, que ha vuelto a pedir “prudencia”. Sin embargo, preguntada por si cree que hay lawfare en el caso de Zapatero, ha contestado que “parece que no está tan claro que lo haya”.
Lo mismo ha sucedido con Podemos. Este martes, su secretaria general, Ione Belarra, afirmó que la “derecha le tenía muchas ganas” a Zapatero, e instó al Gobierno de Sánchez a enfrentarse a la “guerra sucia judicial”. Este miércoles ha reculado. También a su llegada al Congreso, ante las preguntas de los periodistas, ha reconocido que “el auto no pinta bien”. Ningún diputado de Bildu se ha pronunciado sobre esta cuestión este miércoles, a pesar de que el martes trasladaban que no hay suficientes elementos para cambiar su posición respecto al Gobierno.
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reivindicado que su formación se mantiene “a la espera”. “La instrucción se encuentra en su inicio; veremos cómo se desarrolla”, ha aseverado. Fuentes de Junts per Catalunya, que hace meses rompió su relación con el PSOE, también trasladan a ElNacional.cat que el auto es muy contundente.