El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado reabrir la investigación sobre el caso de Rachid Benali, de 29 años y con una discapacidad intelectual, que apareció muerto en el mar en Portbou (Alt Empordà), en diciembre de 2020. Ha sido el abogado de la familia, Benet Salellas, quien ha anunciado, este miércoles, en la red social X esta resolución, después de haber solicitado en reiteradas ocasiones que se investigara esta “muerte sospechosa”. El juzgado de Instrucción 7 de Figueres archivo la investigación el 2021, y la sección 3a de la Audiencia de Girona también descartó reabrir el caso en marzo de 2022.
Ahora el órgano de garantías lo ha revocado y sostiene que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la vida porque la investigación judicial fue "insuficiente". Por ello, el juez instructor deberá reabrir la causa "en términos respetuosos con el derecho vulnerado", manifiesta el Constitucional.
El joven desapareció el 13 de diciembre de 2020, después de marchar de casa. Los padres lo denunciaron a los Mossos d’Esquadra. La Guardia Civil de Girona localizó el cadáver del chico en el mar, muy cerca de Portbou, sin ningún tipo de identificación, el 29 de diciembre de 2020, con la investigación archivada que ahora se tendrá que reabrir.
Reproche del tribunal
En la resolución, el órgano de garantías afirma que "tanto el juez de instrucción como la sala de apelaciones se limitaron a constatar, como único dato relevante, el carácter indeterminado de la causa de la muerte y el origen de las lesiones, de golpes en el cuerpo que habría recibido en el mar, descartando que la desaparición fue involuntaria sin ningún esfuerzo argumental". Añade que "omitieron datos esenciales", como su discapacidad intelectual, el contacto con "personas extrañas", o la aparición de su cadáver "semidesnudo con prendas de ropa nueva que el fallecido no pudo comprar, ya que carecía de dinero y documentación".
El Tribunal Constitucional razona que, ante este marco indiciario, "la exclusión de la hipótesis de muerte sospechosa por falta de indicios de delito resulta una inferencia irrazonable que conduce a desconocer las exigencias de motivación, y de indagación y esclarecimiento de los hechos que están vinculados al bien jurídico concernido, la vida". Y por ello, ordena al juez instructor de Girona que realice una "investigación pública, eficaz y de oficio que permita esclarecer las circunstancias del óbito".