Este sábado se cumple el 50.º aniversario de las últimas cinco ejecuciones de la dictadura franquista. El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón Garcia Sanz, militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriota), así como Jon Paredes Manot (Txiki) y Angel Otaegi Etxeberria, dos militantes de ETA. Estas fueron las cinco últimas ejecuciones del régimen franquista, poco más de un mes antes de la muerte del dictador, Francisco Franco. Las muertes provocaron una oleada de protestas en el Estado español, así como condenas de la comunidad internacional contra el régimen franquista que gobernaba España en aquella época. Este sábado, actos organizados por todo el país por entidades, partidos y sindicatos antifascistas de izquierdas, recuerdan la memoria de los cinco militantes que fueron asesinados en los últimos latigazos del régimen criminal de Franco ante el estupor de la comunidad internacional, incluido el papa Pablo VI, que intentó detener las ejecuciones hasta el último momento.

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Los últimos ejecutados por el franquismo

Once condenados, cinco ejecutados

Durante los meses de agosto y septiembre de 1975, cuatro consejos de guerra condenaron a muerte a once personas por los asesinatos de cuatro miembros de las fuerzas de la orden de la dictadura. El 28 de agosto, un consejo de guerra ordinario en Burgos aplicó el artículo 294 bis del Código de Justicia Militar contra los militantes de ETA p-m Angel Otaegui y José Antonio Garmendia Artola y los condenó a muerte por un delito de terrorismo que acabó con la vida de Gregorio Posadas Zurrón, agente de la Guardia Civil, en la localidad vasca de Azpeitia. El Consejo de Ministros del día 25 de septiembre de 1975 decidió conmutar la pena del segundo por la entrada en la prisión, pero mantuvo la pena capital para Otaegui, que fue ejecutado en Burgos al día siguiente. En Barcelona, el Gobierno Militar condenó a Jon Paredes Manot, conocido como Txiki, a la pena de muerte por el asesinato del policía armado Ovidio Díaz Lopes en un tiroteo cuando el acusado atracaba la sucursal del Santander en la calle Casp de Barcelona. Txiki fue asesinado delante de la tapia del cementerio de Cerdanyola por un pelotón de voluntarios de la Guardia Civil.

Por su parte, los tres ejecutados del FRAP provenían de las sentencias de dos otros procesos sumarísimos celebrados en Madrid. Por un lado, Xosé Humberto Baena fue condenado a muerte por el atentado contra el policía armado Lucio Rodríguez, en un juicio plagado de irregularidades, como también se ha denunciado en el resto de procesos de aquellos meses. En el juicio que condenó a muerte a Baena, dos otros hombres fueron condenados a 30 y 25 años de prisión. En las mismas dependencias de la base militar de El Goloso, otro consejo de guerra sumarísimo condenó a muerte a cinco personas: Concepción Tristán López, María Jesús Dasca Peñelas y Manuel Cañavares de Gracia, a los cuales se les condenó la muerte por pena de prisión, y Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solla que fueron ejecutados por el pelotón de fusilamiento en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares junto con Xosé Baena.

Intentos por evitar las muertes y protestas posteriores

Fueron, por lo tanto, en total, once condenados a muerte. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre de 1975, presidido por el mismo Franco, indultó a seis de los condenados a muerte, conmutando sus penas por la de reclusión y dio el "enterado" para los otros cinco condenados a muerte. El "enterado" era la denegación del indulto y, por lo tanto, suponía la ejecución de la pena de muerte. Estas penas de muerte se ejecutaron por fusilamiento al día siguiente, el sábado 27 de septiembre. Los intentos por evitar las muertes se produjeron desde el Estado, con protestas de abogados o la carta del hermano del dictador, Nicolás Franco, en la cual le pedía que reconsiderara su decisión. En el panorama internacional, el papa Pablo VI envió un mensaje solicitando clemencia al dictador, que se proclamaba fervorosamente católico, y el primer ministro de Suecia, Olof Palme, se paseó por las calles de Estocolmo con una hucha en favor de las familias de los condenados.

Olof Palme protesta ejecutados españoles
Olof Palme protesta para|por los condenados españoles

Dentro del estado, las reacciones más importantes se produjeron en el País Vasco y en Navarra, dónde se declaró una huelga general que secundaron más de 200.000 personas durante tres días de manifestaciones, protestas y funerales que fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad de la dictadura y dejaron decenas de heridos. En Barcelona, también se hicieron algunas protestas duramente reprimidas, y en el resto del estado hubo algunas protestas, pero en las cuales se mantuvo el orden público. Internacionalmente, las ejecuciones de los condenados provocaron la reacción de muchos países, que retiraron a sus embajadores de Madrid, como Noruega, el Reino Unido y los Países Bajos. México, por su parte, presentó una resolución en la ONU para que se expulsara a España de la Organización. Solo Chile, gobernado por el dictador Augusto Pincohcet, mostró su apoyo al Gobierno. Las manifestaciones se reprodujeron por diferentes ciudades europeas, y la organizada en Lisboa acabó con la embajada española en la ciudad quemada

Homenajes y memoria

Un acto organizado por el Colectivo Viento de Libertad rindió homenaje a Txiki, uno de los dos miembros de ETA ejecutados aquel día, el pasado viernes en la 3.ª galería de la prisión Modelo de Barcelona. Este sábado, numerosas figuras políticas, como Irene Montero, eurodiputada de Podemos, han recordado los cinco hombres que fueron ejecutados aquel día. Como recuerda la eurodiputada de los morados, tres de las cinco condenas a muerte ejecutadas aquel día siguen legalmente en vigor, y las otras dos han sido anuladas gracias al trabajo de las familias y asociaciones por la memoria histórica.