Carles Vallejo, sindicalista y actual presidente de la Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme, sufrió 21 días de torturas durante la dictadura en la comisaría de policía de Via Laietana entre 1970 y 1971. Después de un periplo infructuoso por los tribunales españoles, ahora llevará su caso ante el Tribunal Europea de Derechos Humanos (TEDH), donde denunciará el Estado por la negativa que se ha encontrado para investigar judicialmente los hechos. Representado por el colectivo legal Irídia, esta es la primera demanda interpuesta ante el alto tribunal europeo por torturas del franquismo después de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, que "establece la obligación de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura y que reconoce expresamente que estos no prescriben ni pueden ser amnistiados".

Previamente, Vallejo y el equipo legal que lo representa se tropezaron consigo con un portazo en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, que rechazó su querella "sin practicar ninguna diligencia de investigación" alegando los obstáculos que se encuentran habitualmente este tipo de denuncias por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista: que el delito habría prescrito, el principio de la legalidad y, además, la ley de amnistía de 1977, uno de los pilares que propiciaron la Transición política a España. La Audiencia Provincial de Barcelona corroboró la decisión del juzgado de instrucción y, finalmente, el Tribunal Constitucional también inadmitió el recurso de amparo, de manera que las torturas que sufrió Vallejo se mantienen de momento impunes.

En concreto, la demanda que han presentado Vallejo e Irídia denuncia España ante el TEDH por una presunta vulneración de los artículos 3 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a una investigación efectiva ante denuncias de tortura y el derecho a un recurso efectivo. En el texto, subrayan que la negativa de los tribunales españoles a investigar "supone un incumplimiento flagrante de las obligaciones internacionales del Estado". Con esta demanda, Carles Vallejo y las entidades memorialistas que hay en torno al caso esperan que el TEDH "abra de una vez por todas la puerta a la investigación judicial de los crímenes de la dictadura" y obligue al Estado español "a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos".

 

 

21 días de torturas

Vallejo fue detenido con 20 años por la Brigada Politicosocial y sometido a 21 días de incomunicación y torturas físicas y psicológicas como represalia por su actividad sindical y política, sostienen los conocedores de su caso. "Aunque ha recibido varios reconocimientos oficiales como víctima del franquismo, nunca ha obtenido ni verdad, ni justicia, ni reparación efectiva", valoran. Actualmente, más de 100 personas supervivientes de tortura franquista continúan vivas y reclamando justicia. En esta acción judicial lo acompaña una campaña bajo el nombre de "Nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora", a la que han dado apoyo 5.820 personas y 175 entidades.

"Nunca es tarde para hacer justicia", la campaña del colectivo

Este mismo junio, el colectivo por los derechos humanos Irídia reunió casi un centenar de personas de todo el Estado español detenidas por la policía franquista para dirigir una carta conjunta al TEDH y al Comité contra la Tortura de la ONU pidiéndoles que obliguen al Estado español a investigar las torturas sistemáticas llevadas a cabo durante la dictadura y la Transición. "Con todo el respeto, pero también toda la convicción, les pedimos que pongan fin a esta impunidad porque nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora, mientras todavía estamos vivos, mientras los perpetradores todavía pueden responder por los actos horribles (e imprescriptibles) que cometieron", aseveraba la misiva dirigida a los organismos internacionales.