Tal día como hoy del año 1975, hace 50 años, en una zona boscosa próxima al cementerio de Cerdanyola del Vallès, un pelotón de la Guardia Civil fusilaba a Jon Paredes Manot, Txiki, militante de la organización ETA. El mismo día fueron fusilados Angel Otaegi Etxeberria, también militante de la organización ETA, por un pelotón del ejército español en el patio del acuartelamiento de Castrillo del Val (Burgos-España), y los miembros de la organización FRAP Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo y Xosé Humberto Baena Alonso, ejecutados por un pelotón de voluntarios de la policía y de la Guardia Civil, en el patio de la Academia Militar de Hoyo de Manzanares (Madrid-España).
La orden de fusilamiento de estas cinco personas fue redactada, aprobada y firmada el día anterior por el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Aquel ejecutivo estaba presidido por Carlos Arias Navarro y estaba formado, entre otros, por el vicepresidente primero de Gobernación, el abogado del Estado José García Hernández (que, el año anterior, había firmado las ejecuciones de Salvador Puig Antich y Heinz Chez), y por el ministro de Justicia, el periodista, banquero y notario José María Sánchez-Ventura y Pascual. No obstante, la investigación historiográfica sostiene que la orden de ejecución fue redactada, aprobada y firmada por el jefe de Estado, el general Franco, y que el presidente y los ministros de Gobernación y Justicia se limitaron a poner el "enterado".
La ejecución de aquellas cinco personas, acusadas de terrorismo y condenadas a muerte, era la culminación de una serie de procesos judiciales que los observadores internacionales (Federación Internacional de Derechos del Hombre) calificaron de llenos de irregularidades. Aquellas ejecuciones provocarían fuertes reacciones de protesta en el País Vasco (donde se convocó una huelga general clandestina, secundada por la inmensa mayoría de su sociedad), en varias ciudades del Estado español y en las principales ciudades europeas. El presidente mexicano Luis Echeverría pidió la expulsión de España de las Naciones Unidas y 12 países occidentales retiraron a sus embajadores de Madrid. Algunas embajadas españolas fueron atacadas y quemadas.