Una causa sin final. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha aplazado el juicio programado para este jueves para juzgar al magistrado Daniel de Alfonso como responsable contable por haber cobrado unos 207.000 euros de forma indebida cuando era director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), entre los años 2011 y 2016. Fuentes del tribunal han informado de que la vista se ha suspendido hasta el 29 de septiembre. La causa contra De Afonso, que sigue ejerciendo de magistrado a Cantabria, tiene un retraso de años y contrasta con la rapidez de las causas contra los líderes independentistas catalanes, del 1-O del 2017 y Exteriores, que precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analizará este martes con las prejudiciales presentadas por la consellera del departamento 2.º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez al no quererles aplicar la ley de amnistía. Hernáez es la misma consellera que tiene que juzgara De Alfonso.
De Alfonso fue destituir por el Parlament en junio del 2016 al difundirse unos audios en que hablaba con el entonces ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, donde el entonces director de Antifraude le informaba de investigaciones prospectivas contra políticos catalanes y de "hundir la sanidad catalana". Ninguno de los dos ha sido imputado por conjurarse contra las instituciones catalanas, ni ningún tribunal ha querido investigarlos.
Reclamación de Fiscalía y Antifraude
La causa contra De Alfonso estaba casi terminada en 2022, pero el Tribunal de Cuentas encontró una segunda causa, derivada del informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2018 y del 2020, básicamente sobre el ejercicio 2015, y el abril pasado hizo una segunda vista para unificar el procedimiento, donde la cantidad reclamada es la misma. En la vista, la consejera Hernáez, admitió un segundo testigo -el exjefe de gabinete de Antifraude-, que declarará por videoconferencia, como el periodista Carlos Quílez, exdirector de análisis de Antifraude, pedido por la defensa del juez.
La posición de Antifraude -con su abogada, Rosa Maria Pérez de Pablo- es que De Alfonso es el máximo y único responsable, porque fue él mismo quien aprobó que cobrara unos trienios de forma irregular, que nunca se había hecho en la institución, y al mismo tiempo fue el máximo beneficiario. El fiscal mantiene la misma posición que Antifraude, mientras la defensa de De Alfonso sostiene que el entonces Oïdor del Parlament validó estos cobros, y alternativamente que fue un error, hecho que el procedimiento sería diferente, incluso alega que la reclamación está prescrita.
Así, el juez De Alfonso gana más tiempo, a pesar de que en el organismo contable se tienen que depositar avales sobre el dinero reclamado, y los intereses no paran de sumar.