El aterrizaje del acuerdo de financiación singular para Catalunya, pactado entre el PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa, será mucho más lento de lo previsto e incluso es probable que pase de la actual legislatura catalana a la siguiente. El plan director para el desarrollo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) dado a conocer el último día de julio y con las maletas de las vacaciones de los políticos ya en los coches señala que no será hasta 2028 cuando el gobierno catalán empezará a asumir parte de la gestión del IRPF. Los calendarios conocidos saltan así por los aires. El de 2026, la primera fecha acordada en el acuerdo de investidura, obviamente; pero también el de 2027, que se podía desprender de la reciente reunión de la comisión bilateral entre el gobierno español y el catalán celebrada bajo la presidencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Lo que era una evidencia a gritos, pero nadie quería ser el primero en tragarse el sapo, se ha tenido que poner negro sobre blanco. El calendario acordado era tan solo un spot, ya que la ATC ni está preparada ni dispone del personal suficiente para cumplir el acuerdo inicial de que la Generalitat recaudara el IRPF en la campaña de la renta de 2025 que se realiza en la primavera de 2026. Para subsanarlo, el plan director prevé que el año próximo se incorporen más de 400 agentes de refuerzo y en 2027 más de 700 con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes. Para ello se necesitarán nuevas oficinas temporales y tener lista la adaptación técnica y de contenidos para poder ayudar y proporcionar la asistencia que sea necesaria.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, se ha acabado saliendo con la suya y con este nuevo calendario rehúye el escenario de que el tema de la financiación singular de Catalunya sea un lastre para su campaña electoral. Unos comicios que no tienen fecha, pero que se celebrarán a más tardar en junio de 2026, que es cuando se cumplirán cuatro años de las elecciones al parlamento andaluz del 19 de junio de 2022. Montero ya esquivó la reunión entre el gobierno catalán y el español que dio luz verde a la financiación singular el pasado 10 de julio, de la que estuvo ausente. Nadie creyó que fuera por temas de agenda, como se dijo. Ahora se ve que la razón era más de consumo interno que cualquier otra cosa.

La ministra Montero se sale con la suya y la financiación singular de Catalunya no será un lastre para su campaña en Andalucía

Más allá del incumplimiento que supone pasar un compromiso de 2024 a 2026, hay una cosa mucho más peligrosa. No se va a dar ningún paso irreversible con el actual gobierno español, ya que la legislatura, si se agota, dura hasta 2027. Eso quiere decir que lo más probable es que la materialización de todo ello dependa de un gobierno conformado por PP y Vox, a los que las encuestas ya les dan por encima de los 200 diputados. Un cojín más que suficiente para encarar la recta final de esta legislatura, en la que flota un gran desánimo en el votante socialista por los casos de corrupción que persiguen al partido y a su secretario general, Pedro Sánchez. Es evidente que con Feijóo en la Moncloa el acuerdo entre PSC y ERC dormirá en el limbo. Por eso era tan importante, políticamente hablando, que los plazos no se alargaran y la fecha del 2026 se pudiera cumplir.

Desmontar una cosa que ya existe siempre es más difícil que paralizar un proceso de ejecución de algo que está en marcha. Era importante haber cogido al presidente del gobierno español sin margen para postergar el acuerdo. La inestable mayoría parlamentaria de la que dispone permitía un cierto terreno de juego. A lo mejor aún se está a tiempo.