Este martes, 15 de julio, se volverá a hablar del independentismo catalán en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Luxemburgo. Si en abril de 2022 se denunciaba la vulneración de derechos de los líderes independentistas, ahora se defiende que se les aplique la ley de amnistía del procés. La gran sala del TJUE -formada por quince magistrados- celebrará a las 9 de la mañana la primera vista sobre las prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas (TCu), que sostiene que la ley de amnistía no es constitucional, y pide saber si la ley 1/2024 "es compatible" con el derecho de la Unión para aplicar o no la norma del olvido penal a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, además de 33 excargos de sus gobiernos, a los cuales reclama 5,3 millones de euros por gastos del 1-O y de Exteriores. Y, a las 3 del mediodía, el mismo tribunal del TJUE acogerá la segunda vista sobre las preguntas planteadas por la Audiencia Nacional sobre si amnistiar a los 12 CDR de la operación Judas, acusados de terrorismo, vulnera el derecho de la Unión. El tribunal ha pautado el tiempo de las intervenciones de defensas y acusaciones, aparte de las preguntas que puedan hacerles los magistrados. Serán minutos de oro. La sentencia del TJUE, que se espera en otoño o a finales de año, será clave porque si concluye que la ley de amnistía no vulnera el derecho comunitario, los tribunales españoles tendrán que archivar estos procedimientos, y de rebote los que queden pendientes.
La Comisión Europea, en sus escritos en el TJUE, criticó la ley de amnistía del procés, aunque añadió que ninguno de los dos casos afecta al derecho comunitario y propone al tribunal de Luxemburgo que se declare incompetente, y que sean los tribunales nacionales, quiénes lo resuelvan. Precisamente, el Tribunal Constitucional ya resolvió, el 26 de junio, que la ley de amnistía es constitucional, respeta la separación de poderes, y "no es una autoamnistía", como denunciaba Felipe González, afirmación que de forma sorprenden el abogado de la Comisión Europea le copió y la puso en su escrito judicial. De la autoamnistía se hablará en las dos vistas del TJUE.
¿Y después qué?
Además de las prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) también ha preguntado al tribunal con sede en Luxemburgo si la amnistía de la malversación del 1-O afecta a los recursos financieros de la UE, ya que tiene que resolver si amnistía a los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó o los juzga. En este caso, los abogados defensores no pidieron una vista para exponer su posicionamiento.
La cuarta consulta al TJUE ha sido hecha por un juez de Vilanova i la Geltrú al considerar que podría vulnerar varios principios legales, en un procedimiento contra un ciudadano que en las elecciones generales de noviembre del 2019 no se quiso sacar un lazo amarillo de la solapa a pesar de ser vocal de una mesa electoral.
El TJUE puede hacer una sentencia unificada, ya que en los cuatro casos la base es la amnistía, o separada. Primero se hará público el posicionamiento del Abogado General del TJUE, y después la sentencia del tribunal. En este sentido, la Abogacía General del Estado calcula que el TJUE resolverá la primera prejudicial (la del TCu) sobre la amnistía en septiembre. Así lo expresó en una comparecencia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Alfonso Ramos de Molins, miembro de la abogacía general del Estado, según recogió la ACN hace unas semanas.
Si se cumple este calendario, el TJUE se podría pronunciar antes que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo que le presentaron los líderes políticos condenados: el secretario de organización de Junts, Jordi Turull, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Se espera que el abogado Gonzalo Boye, presente este julio el recurso de amparo del president Puigdemont y del exconseller en el exilio Toni Comín, y que pida la medida cautelar que les levante la orden de detención en el Estado español que les mantiene el Tribunal Supremo para el 1-O, antes de resolver su caso. El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ya lo pidió para el exconseller Lluís Puig. Antes, el TC tiene que resolver el resto de recursos de inconstitucionalidad presentados, como la del Tribunal Supremo
El Constitucional ya ha expresado que sus resoluciones no chocan con las del TJUE, ya que analizan conceptos diferentes, pero si el tribunal de Luxemburgo se adelanta y resuelve que el 1-O no afecta a los fondos de la Unión, corta las alas al Tribunal Supremo que ha amenazado al TC de ir a Europa si permite condonar la malversación del 1-O. Con todo, el juez Pablo Llarena y la sala de lo penal del Supremo han hecho una interpretación extraña de la malversación del 1-O y sostienen que Puigdemont y los condenados de Junts y ERC se beneficiaron en no gastar dinero de su bolsillo para organizar el 1-O. Es decir, el Supremo puede seguir emperrado a afirmar que no se les puede aplicar la amnistía porque la ley lo excluye para las personas que se hayan enriquecido. El choque TC y Supremo está garantizado.
Tres bloques de preguntas
Volviendo a las vistas. Los abogados defensores del 1-O tienen un total de 45 minutos para responder a las preguntas que ha planteado el TJUE, que ha dividido en tres bloques. No todos los letrados defensores de los 35 excargos comparecidos en la causa del órgano de garantías irán a Luxemburgo.
En el primer bloque, de 10 minutos, se debatirá si el Tribunal de Cuentas puede actuar en el TJUE, ya que no es un órgano jurisdiccional, y sobre el derecho de la Unión. En este primer bloque, intervendrán Marc Marsal, que lleva la defensa de 9 afectados de ERC, encabezados por el exvicepresidente Oriol Junqueras; y Joaquín Tornos, abogado del exconseller de Economía Andreu Mas-Colell. La Comisión Europea ha defendido que el Tribunal de Cuentas puede presentar cuestiones prejudiciales, mientras las defensas lo rechazan.
En el segundo bloque, de 15 minutos, se tiene que exponer si la ley de amnistía del procés afecta los intereses económicos y financieros de la UE. Intervendrán las abogadas Isabel Elbal, defensora de Josep Manuel Suárez Iborra; Meritxell Barnaola, defensora de ocho delegados de Catalunya en el extranjero, y Míriam Campa, del despacho Monguilod.
Finalmente, en el tercer bloque, de 20 minutos, se debatirá sobre derechos fundamentales y si la ley 1/2024 es una "autoamnistía", como apunta la Comisión Europea y negada por el Tribunal Constitucional. Intervendrán Gonzalo Boye, defensor de Puigdemont, Comín y Puig; nuevamente Marc Marsal, y Francesc Homs, exconseller también demandado y que lleva la defensa siete excargos, como la exconsellera Neus Munté; el exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, y el entonces representante del gobierno catalán en la UE, Amadeu Altafaj.
El primero a intervenir será el abogado de la acusación popular, ejercida por Sociedad Civil Catalana, que con su nombre se bautizó esta causa, la C-523/24. Seguidamente, será el turno del representante de la Fiscalía. Después será el turno de las defensas, y detrás de ellas el representante de la Abogacía del Estado español y el de la Comisión Europea, y nadie más, puesto que ningún país de la UE se ha personado en la causa. Habitualmente, la Fiscalía y la Abogacía del Estado van en contra de los postulados de los encausados, pero en este caso y de forma excepcional, los dos defienden que el gasto reclamado por el 1-O es amnistiable. Por su parte, el abogado de la Comisión Europea se ha expresado crítico con la ley impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez con Junts i ERC, pero que pide que el TJUE haga carpetazo y pase la pelota a los tribunales españoles.
La segunda vista, sobre terrorismo
En la segunda vista, se analizará el caso de los 12 vecinos procesados por terrorismo (C-66/24). Por la defensa intervendrán cinco abogados de Alerta Solidaria: Montserrat Vinyets, Xavier Monge, David Aranda, Carles Perdigero y Eva Pous. El tribunal les ha concedido 40 minutos divididos en tres bloques. A la sesión, se ha previsto que asistan dos de los CDR procesados, Eduard Garzón y Txevi Buigas, que estarán acompañados del portavoz de Alerta Solidària, Martí Majoral.
En el primer bloque, de 10 minutos, tienen que exponer si la Directiva Europea 2017/541, sobre la lucha contra el terrorismo, se opone a una ley nacional como es la ley de amnistía del procés. Los abogados insiste que 12 CDR, encausados en la operación Judas, "no hicieron ninguna actuación terrorista" en septiembre 2019, en defensa del procés independentista, ni tampoco causaron estragos, ni lesiones, ni muertos. El Estado español traspuso la normativa europea sobre terrorismo el mismo año 2019. Las defensas también exponen que la ley de amnistía, en el caso de terrorismo, se refleja en esta directiva europea, no en el Código Penal español.
El segundo bloque versa sobre si la ley de amnistía vulnera el derecho de la Unión, y el tercero sobre principios, como el derecho de igualdad. Discusiones muy similares a la primera vista, y por eso no se descarta que el TJUE haga una sentencia unificada.
En el grupo acusador hay: el partido ultra Vox, la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVOT), que lleva el nombre de esta causa, y su abogado Josep Maria Fuster-Fabra intervendrá: la entidad próxima al PP, Dignidad y Justicia, y la Asociación Española de la Guardia Civil y la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Aparte, también darán su opinión la Comisión Europea, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Así, nuevamente, en el TJUE se volverá a hablar de la causa catalana, a la cual, con las prejudiciales de las euroórdenes, el mismo tribunal le dio un nombre y una salida a alegar ante tantas vulneraciones sufridas: Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP).
