Hasta ahora el Tribunal Constitucional siempre ha aceptado a trámite todos los recursos del Gobierno español, lo que implica la suspensión automática de los actos recurridos, excepto el que hacía referencia a la tramitación del Plan Ibarretxe. En aquel caso, la resolución del TC establecía que el recurso del Gobierno no era aceptable porque no se podían declarar antijurídicos "simples proyectos de normas". Incluso en aquel caso el Constitucional advirtió que la admisión del trámite podía impedir debates y "desnaturalizaría, de forma irremediable en caso de prosperar, los principios fundamentales de la democracia parlamentaria". Eso podría constituir un precedente importante en el caso del recurso contra la convocatoria del debate de investidura de Carles Puigdemont.
Decisión debatida
El rechazo al recurso del Gobierno, en el caso del Plan Ibarretxe, no estuvo exento de polémicas. En realidad, se aprobó por la mínima, con el voto a favor de siete magistrados, y el voto en contra de cinco (entre los cuales el mismo presidente del Tribunal en aquella época: Manuel Jiménez de Parga). Los que votaron en contra presentaron varios votos particulares donde se usaban argumentos como "no todo puede debatirse libremente en un debate parlamentario en la Cámara vasca porque autonomía no es soberanía" o como que la propuesta de Ibarretxe desconocía "los límites impuestos por la Constitución y el bloque de la constitucionalidad".
Giro conservador
No queda, en el Constitucional, ninguno de los miembros que votó el recurso del Plan, porque son nombrados para un periodo de nueve años (cada tres años se renuevan cuatro). Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados, básicamente, por las fuerzas políticas mayoritarias en el Estado. Cuatro son nombrados por el Congreso, cuatro son elegidos por el Senado, dos son designados directamente por el gobierno español y dos son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. En los últimos años ha ido aumentando el número de magistrados conservadores, como consecuencia de la mayoría del PP en el Senado y en el Congreso, y eso ha provocado un giro conservador del TC, que en los últimos años ha dictado resoluciones muy conservadoras, que en algunos casos incluso contradicen resoluciones anteriores del mismo Tribunal.