Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el gobierno español ha hecho pública toda la documentación clasificada que conservaba sobre aquel episodio, incluyendo informes internos, notas reservadas y transcripciones de conversaciones entre algunos de sus protagonistas. El acuerdo del Consejo de Ministros, publicado en el BOE, levanta el secreto sobre 153 “unidades documentales” que recogen “cualquier asunto, actas, documentos, informaciones, datos y objetos” vinculados al 23-F. Los papeles permiten reconstruir con más detalle los movimientos previos y posteriores al asalto al Congreso e identifican a los principales actores políticos, militares y policiales que intervinieron, directa o indirectamente, en la crisis institucional. Pero, ¿quiénes son las principales personas que aparecen mencionadas?

Antonio Tejero

Antonio Tejero, muerto este miércoles, aparece en los documentos como la figura central y más visible de la operación. El teniente coronel de la Guardia Civil lideró el asalto armado al Congreso con cerca de 200 agentes durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. A las 18:23 horas irrumpió en el hemiciclo pistola en mano al grito de “¡Quieto todo el mundo!”, iniciando el secuestro de los diputados y convirtiendo aquella escena en una de las imágenes más icónicas de la Transición, retransmitida posteriormente por Televisión Española y considerada “el único golpe de Estado en la historia grabado por televisión”. Los informes recogen su papel como ejecutor material del plan y su capacidad de mando sobre el dispositivo desplegado dentro de la cámara. Condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Supremo, obtuvo la libertad condicional en 1996.

Carmen Díez Pereira

"Han engañado a mi marido como a un desgraciado", sentenció la esposa de Tejero, Carmen Díez Pereira, en las conversaciones telefónicas con otras personas durante el golpe de Estado. Se trata de las transcripciones que aparecen en uno de los documentos relativos al 23F, donde expresaba angustia e incredulidad por el papel de su marido. En otros momentos definía al golpista como un “tonto” o un “desgraciado”. En las grabaciones explicaba que intentaba que Tejero le llamara directamente, ya que desconfiaba de cualquier mensaje intermedio: “El director general de Seguridad quería que grabaran mi voz y con un megáfono decirlo, pero yo conozco a Antonio y Antonio piensa que me han forzado. Yo lo que quiero es hablar con él por teléfono”. También pedía que le facilitaran “un coche” para poder desplazarse hasta el Congreso y hablar con él personalmente, convencida de que solo así podría hacerlo desistir.

Jaime Milans del Bosch

Capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch figura en los documentos como uno de los mandos clave del dispositivo golpista. Fue él quien decretó el estado de excepción en Valencia y ordenó la salida de tanques a las calles la noche del 23-F. Su posible intervención directa en Madrid aparece también en las conversaciones intervenidas en torno a Tejero. En una llamada con el general Fajardo, Carmen Díez explicaba que había contactado con Capitanía General y que le habían dicho que Milans del Bosch “estaba durmiendo”, mientras otras voces apuntaban que podría estar en camino hacia la capital. Milans del Bosch fue condenado en junio de 1982 a 30 años de prisión por rebelión militar y expulsado del ejército. Obtuvo la libertad en 1990 y murió siete años después.

Juan Carlos I

El emérito aparece en uno de los informes del Cesid —el CNI de la época— desclasificados, fechado el 5 de febrero de 1982, en el que se hace referencia a “entrevistas confidenciales” del monarca con algunos de los principales implicados en el golpe mientras estos eran juzgados por el Supremo. El documento no aporta pruebas directas, pero recoge que en “núcleos cualificados de opinión cántabra y en ambientes castrenses de la capital” se daba por hecho que Juan Carlos se habría reunido de manera discreta con figuras clave del 23F. Entre los nombres mencionados en estos rumores está el de Milans del Bosch. El informe subraya que, según estos círculos, la prioridad era evitar que la institución monárquica quedara perjudicada durante el proceso judicial y que cualquier intento de comprometerla no partiera de los principales acusados, descritos como militares de “reconocida vocación monárquica”.

Los seis miembros del Cesid

Seis miembros del Cesid, integrados en la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), aparecen en uno de los informes desclasificados que examinan el posible papel de los servicios de inteligencia en el golpe de Estado. El documento señala con diferentes grados de implicación al capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias; el capitán de Infantería Francisco García Almenta Dobón; los sargentos de la Guardia Civil Miguel Sales Maroto y Rafael Monge Segura, todos ellos conocedores de los preparativos antes de que se produjeran. También se da por hecho que el comandante José Cortina Prieto, jefe de la AOME, estaba al corriente, aunque esto no se pudo probar. Un sexto nombre, el del cabo José Moya Gómez, está vinculado a tareas de control alrededor del Congreso. Gómez Iglesias fue juzgado y condenado; Cortina, procesado y finalmente absuelto; el resto fueron sancionados y expulsados del cuerpo sin llegar a ser juzgados.

Los ocupantes de RTVE

Entre la documentación desclasificada también destaca una conversación telefónica de los ocupantes de RTVE, en la que un militar relata con detalle el despliegue en Prado del Rey para tomar el control de Televisión Española. Aunque la operación no causó heridos ni víctimas, las instrucciones eran contundentes: “El primer disparo al aire, el segundo a tocar, con los cargadores puestos y sin fiador ni nada”. El mismo interlocutor —llamado John— describe la movilización repentina de la unidad, preparada como si se tratara de unas maniobras: “Estuvimos tomando Radio Televisión a las ocho de la tarde. Justo te dejé, que te llamé por teléfono, entonces tocaron la alarma y lo preparamos todo”.

Tomás de Salas y el portavoz de Interior

Juan Tomás de Salas y el jefe de prensa de Interior aparecen en los documentos como los autores de un libro en preparación que, según la policía, pretendía destapar aspectos hasta entonces ocultos del 23-F. A partir de aquel proyecto editorial, los informes recogen que se llegó a estudiar un asalto de los GEO al Congreso de los Diputados para poner fin al secuestro de los parlamentarios. El operativo, sin embargo, comportaba un coste humano de “entre 80 y 110 muertos”, según los cálculos que constan en los archivos desclasificados. Esta estimación, junto con otros factores operativos, contribuyó a descartar la intervención armada en el hemiciclo.

Líderes del PSOE y la UCD (antes del 23F)

Un informe anónimo de la Guardia Civil situado en noviembre de 1980 —cuatro meses antes del 23-F— describe la existencia de hasta tres vías para provocar la caída del gobierno: “operaciones civiles”, “operaciones militares” y fórmulas “mixtas cívico-militares”. Una de estas tramas contemplaba la designación de un general al frente de un ejecutivo integrado por militares, independientes y representantes de partidos, una opción que, según el documento, contaba con el apoyo de algunos dirigentes del PSOE y de la UCD. Las tramas civiles se desglosan en varios grupos. Un primer núcleo, de perfil democristiano y atribuido a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, era considerado con “escasas posibilidades de prosperar”. Una segunda corriente, calificada de “ideología mixta” y vinculada a Rodolfo Martín Villa, planteaba un gobierno compartido entre PSOE y AP presidido por Manuel Fraga, una fórmula a la cual también se le otorgaba una viabilidad “muy escasa” dentro de los informes.

Un tercer bloque dentro de las maniobras calificadas de “civiles” aparece bajo la etiqueta de “ideología socialista” y se divide en dos variantes. La primera combinaba la operación política con un apoyo castrense y preveía colocar al frente del ejecutivo a un general “de talante liberal”. Entre los nombres que se mencionan figuran el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado —vicepresidente con Suárez y una de las figuras que se enfrentó a Tejero dentro del hemiciclo— y los generales José Antonio Sáenz de Santamaría y Manuel Díez-Alegría. La cuarta corriente dentro de este esquema de operaciones civiles es la que se describe como de “ideología liberal”, impulsada, según el informe, por Antonio Garrigues-Walker.