Junts y ERC continúan remando para que los jueces de paz puedan recuperar la competencia de celebrar matrimonios civiles, que perdieron después de un error en la aprobación de la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia. Hace semanas que los partidos independentistas urgen a la Moncloa que actúe para enmendarlo, pero el Ministerio de Justicia, capitaneado por Félix Bolaños, todavía no ha movido ficha. Y hoy ha llegado una nueva reivindicación a través del Senado: el PP ha permitido que la Comisión de Justicia de la Cámara Alta apruebe dos mociones impulsadas por Junts y ERC (que no tienen carácter vinculante ni consecuencias jurídicas) para volver a reclamar al Gobierno que actúe para que los jueces de paz puedan volver a casar. Tiene tres vías encima de la mesa: aprobar un decreto ley específico, impulsar una nueva ley que lo modifique o introducir una enmienda en otra norma. Los textos se han aprobado con 21 a favor y 9 en contra. Actualmente, en Catalunya hay 898 jueces y juezas de paz, que son nombrados por los plenos de los ayuntamientos por unanimidad o por amplias mayorías.
Así pues, el Senado ha reclamado al Gobierno que promueva las modificaciones necesarias para “garantizar la preservación y restitución de la competencia para la celebración de matrimonios civiles” a los jueces de paz en “reconocimiento a su función social, comunitaria y democrática”, en palabras tanto de Junts como de ERC. En su exposición de motivos, los juntaires culpan la “tramitación apresurada” de la Ley de Eficiencia en la Justicia y la “carencia de previsión en la redacción definitiva del texto”, lamentan que esta omisión ha comportado la pérdida de una función “ampliamente valorada por la ciudadanía y por el mundo local” y subrayan que es “imperativo” recuperar una función que “ha contribuido a mantener una justicia accesible y próxima a la ciudadanía”. Por su parte, los republicanos denuncian que este cambio supone una “pérdida de soberanía local, de simbolismo comunitario y de confianza ciudadana en una institución socialmente reconocida” y ponen en relieve que los matrimonios civiles son un acto con una “alta carga cívica, emocional y democrática que ha contribuido a vincular la justicia con la vida cotidiana de las personas”.
Durante el debate, Joan Bagué (Junts) ha reivindicado que los jueces de paz son “personas honorables y con prestigio social, enraizamiento y credibilidad entre sus vecinos” y ha lamentado que el PP impulsara hace unos meses un veto a la Ley de Eficiencia en la Justicia que “frustró” que se pudieran incorporar enmiendas “imprescindibles para corregir esta situación”. En su turno, Joan Queralt (ERC) ha atribuido la “pifia” a una tramitación “atropellada” y con “prisas de mal estudiante” y ha advertido que esta omisión genera “disfunciones importantes” sobretodo en localidades pequeñas que “no gozan de una estructura administrativa firme” que hace que casarse “se convierta en un problema añadido”. Asimismo, el texto de los republicanos reclama garantizar que el despliegue de las Oficinas de Justicia en los municipios “no suponga una recentralización de funciones” y asegurar una “dotación suficiente de recursos humanos y materiales” para su correcto funcionamiento “sin trasladar a los ayuntamientos cargas económicas o logísticas que no les corresponden”.
Tres enmiendas de Junts a la Ley de la Función Pública de la Administración del Estado
En paralelo, la estrategia de Junts para devolver la competencia de casar a los jueces de paz también pasa por las enmiendas que la formación ha registrado a la Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, que actualmente se está tramitando en el Congreso. La principal demanda de los juntaires sigue siendo que el Gobierno apruebe un decreto ley con esa finalidad, dado que tendría los votos de la Cámara Baja garantizados, pero la formación capitaneada por Míriam Nogueras quiere agotar todas las vías para lograrlo. Con ese objetivo, Junts presentó tres enmiendas para modificar la Ley del Notariado, el Código Civil y la Ley del Registro Civil para permitir recuperar, proteger y blindar la capacidad de los jueces de paz de celebrar matrimonios civiles. El plazo de presentación de enmiendas cerró hace tres meses, pero la norma continúa paralizada en la Cámara Baja.
El PSOE comparte el objetivo de Junts y ERC, pero vota en contra de las mociones
El discurso del PSOE ha sido ambivalente. La senadora Consol Cantenys (del PSC) ha expresado su “acuerdo total” con la petición de ERC y Junts: “Es importante que los jueces de paz puedan mantener sus funciones en relación con la celebración de matrimonios. […] Evidentemente, se ha de modificar la ley de alguna manera, sea como sea”, ha subrayado. Sin embargo, los socialistas han votado en contra de los dos textos escudándose en la enmienda que habían presentado para manifestar el “apoyo a la labor” que hacen los jueces de paz de forma “eficiente y eficaz en favor de la proximidad de la Justicia” e instar igualmente a la Moncloa a modificar la ley para que puedan volver a casar. Eso sí, en términos de financiación, los socialistas se limitaban a comprometerse a llevar a cabo la “suficiente dotación económica en coordinación con las comunidades autónomas de acuerdo al marco competencial de cada territorio”. El argumento de la senadora socialista ha sido vincularlo con los presupuestos españoles: “No podemos aceptar esta enmienda de financiación adicional sin tener una garantía de que ustedes vayan a votar los presupuestos”.
El PP pide una “financiación adicional” para las Oficinas Municipales de Justicia
Las mociones de Junts y ERC se han aprobado gracias al apoyo del PP, que las ha visto con buenos ojos después de que los partidos independentistas hayan aceptado su enmienda. Los populares reclamaban garantizar que las Oficinas Municipales de Justicia sean un instrumento “eficaz de cohesión territorial, cercanía y accesibilidad” al servicio público de la justicia para los ciudadanos, “especialmente en las áreas con dispersión territorial y en riesgo de despoblación”, y querían instar al Gobierno a incluir una “financiación adicional” para su mantenimiento como consecuencia del “incremento de las funciones de obligado cumplimiento”.
Para la senadora Rosa María Sánchez, la ley de eficiencia en la justicia es un “reflejo más de una política de improvisación y falta de rigor” del Gobierno y que ha quedado en una “declaración de intenciones sin medios y sin la financiación adecuada”. La parlamentaria del PP ha defendido que los juzgados de paz “siempre han sido un instrumento eficaz de justicia con identidad propia y amplia tradición histórica” y ha aprovechado el debate para reclamar unos nuevos presupuestos españoles: “Instamos a los grupos parlamentarios que han presentado las iniciativas que, de una vez por todas, se aprueben unos presupuestos generales que garanticen que estas Oficinas de Justicia en los municipios sea un instrumento eficaz de cohesión territorial”.