Pedro Sánchez ha encontrado en la guerra en Gaza el elemento para situarse en el lado correcto de la historia y, desde allí, marcar la agenda moral de la política española. Le ha servido, esta semana, para atenuar la onda expansiva de los casos de presunta corrupción que salpican a su entorno. La guerra que ha emprendido el presidente del Gobierno contra Israel es, sin embargo, de fogueo. Las acciones del líder socialista son meramente gesticulares: el lunes abogaba por vetar al país de Benjamin Netanyahu de festivales como Eurovisión o competiciones deportivas internacionales y el martes instaba al PSOE a permitir la toma en consideración de una iniciativa para embargar armas a Israel. Esta última decisión, que parecía trascendental teniendo en cuenta la situación geográfica del Estado español, quedaba en papel mojado al día siguiente cuando desde el Ministerio de Defensa advertían que sería inviable cumplirlo y que los socialistas, sencillamente, habían adoptado una posición "simbólica".
Este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al Gobierno, cuando Alberto Núñez Feijóo preguntaba a Pedro Sánchez por la situación económica de las familias de clase baja y media y por la tormenta judicial en el entorno del presidente español, el jefe del ejecutivo lo acusaba de "insultar" y "difamar" sobre personas honestas. Y acababa su cara a cara con el líder del PP recriminándole su "falta de humanidad" ante la "barbarie" que perpetra el ejército israelí en Palestina.
Este próximo miércoles se cumplirá un año desde que Pedro Sánchez decidió reconocer oficialmente al Estado de Palestina. Un mes después, se cumplirán también 365 días desde que España presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia una declaración de intervención en el procedimiento por delito de genocidio a Israel. Durante este tiempo, España no ha cancelado sus relaciones comerciales con el país hebreo. Pero fue especialmente polémica ahora hace un mes la compra de balas para la Guardia Civil por valor de siete millones de euros a una empresa israelí. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que comparecer ya en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Pedro Sánchez ordenó rescindir el contrato cuando el escándalo era mayúsculo e Izquierda Unida (integrado dentro Sumar a través de la ministra Sira Rego) ya había amenazado de abandonar el Gobierno.
Ahora, aprovechando la polémica del voto telemático en el festival de Eurovisión, el presidente del Gobierno ha pedido que se prohíba la participación de Israel en este certamen. Y también ha abogado para que los comités internacionales veten su participación en sus respectivas competiciones deportivas. Son gestos inocuos que el PP ha definido como "cortina de humo" para tapar la tormenta judicial que asedia a Sánchez. Feijóo, en aquel cara a cara del miércoles, preguntaba precisamente al presidente español, si sigue confiando en Santos Cerdán, el actual secretario de Organización del PSOE y sucesor de José Luis Ábalos en este cargo.
Dice el velocísimo boca oreja madrileño que está al caer el supuesto informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incriminaría a Santos Cerdán en un caso de adjudicaciones a dedo a constructoras. Se creía que coincidiría esta pasada semana con el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el caso sobre presunto tráfico de influencias y prevaricación administrativa en la contratación del familiar del máximo líder socialista como coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz; un cargo del que ya ha dimitido. Todo, mientras la prensa de la M-30 publica antiguos whatsapps entre Sánchez y Ábalos sobre su antigua afectiva relación y el rescate de Air Europa, y el juez del caso Begoña Gómez asegura que hay bastantes indicios delictivos para seguir investigándolo.
La Moncloa ve al PP incapaz de sostener dos años más "la matraca" de la corrupción
Fuentes de la sala de máquinas de la Moncloa trasladan que, según sus cálculos, el PP no podrá sostener durante dos años más "la matraca" de la corrupción del PSOE, que es el tiempo que falta para que la legislatura acabe, si es que Sánchez cumple su promesa de agotarla. El laboratorio de Pedro Sánchez considera que es víctima de una cacería política que, al fin y al cabo, no podrá tirar mucho más adelante. Y, en todo caso, confían en que los populares se den cuenta de que todo ello acaba "aburriendo" a los ciudadanos.
Mientras tanto, Pedro Sánchez mantiene viva su campaña gestual contra Israel: el PSOE permitía el martes que el Congreso diera el primer paso para aprobar una ley de embargo de armas a Israel. Y al día siguiente la capitanía del Ministerio de Defensa hacía público sin tapujos por los pasillos del Congreso que eso sería imposible de cumplir, por mucho que acabe aprobándose de forma definitiva. Argumentaban que lo importante es lo "simbólico" y "enviar un mensaje político" en contra de la masacre de palestinos.