El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la polémica que hace un mes generó una crisis dentro del Gobierno y requirió la intervención de Pedro Sánchez: la compra de balas a Israel por valor de siete millones de euros. El ministro socialista lo ha rebajado a un mero "desajuste y error puntual", aunque Izquierda Unida —formación integrada dentro de Sumar— amenazara con abandonar el ejecutivo de coalición. Ahora bien, ha reivindicado el compromiso del Gobierno de no volver a comprar más armas al país de Benjamin Netanyahu, por lo que ha prometido no volver a cometer la misma falta.
Durante su comparecencia, Marlaska ha explicado que el contrato de compra de balas para la Guardia Civil se sacó adelante cumpliendo todos los requisitos legales. Y ha explicado que, una vez el Ministerio del Interior supo que la empresa ganadora del concurso era israelí, "ordenó" dar marcha atrás en el contrato. "Durante seis meses exploramos todas las vías legales para anular la adjudicación, pero no encontramos ninguna que no implicara un perjuicio patrimonial para el Estado; porque estamos obligados a cumplir la ley", ha relatado. Cuando estalló la crisis, Pedro Sánchez desautorizó a Marlaska y ordenó la rescisión del contrato. De hecho, este miércoles el ministro no ha aclarado de qué manera una serie de Ministerios se coordinaron para conseguir anular el contrato.
"Este contrato está en proceso de rescisión; tomaremos medidas para evitar que algo igual pueda volver a producirse", ha asegurado durante la comparecencia exigida por el Grupo Mixto, Esquerra Republicana y Bildu. Ha aprovechado su intervención para asegurar que, a pesar de este episodio, "el suministro de equipamiento y munición para el CNP y la Guardia Civil está garantizado". Ha hecho también un llamamiento para que Israel ponga punto final a la "crisis y a los muertos" de miles de palestinos "inocentes".
Defensa ve inviable un embargo total de armas a Israel
Este martes, precisamente, el Congreso de los Diputados tomó en consideración con los votos del PSOE una ley para un embargo total de armas a Israel. Pero este miércoles, fuentes del Ministerio de Defensa han señalado que eso no será posible.
El entorno de la ministra Margarita Robles apunta que Pedro Sánchez ha hecho esta semana un nuevo gesto, como el reconocimiento del Estado de Palestina o la petición para que el país de Benjamin Netanyahu deje de participar en festivales como Eurovisión o competiciones deportivas. No será viable, aseguran, evitar que entre en España material israelí de este tipo. Argumentan que lo importante es lo "simbólico" y "enviar un mensaje político" en contra de la masacre de palestinos.
La iniciativa tramitada este martes en el Congreso de los Diputados plantea romper con las empresas de un país que esté acusado por genocidio o por crímenes de guerra. El texto apuesta por reforzar la inspección de la carga de los fuselajes y aeronaves que estén destinados o provengan de un estado afectado por un embargo y pasen por el Estado español. Las explicaciones que dan fuentes del Ministerio es que el comercio armamentístico está completamente globalizado. Apuntan que será imposible evitar que la OTAN compre armas a Israel que acabe utilizando España; o que el Estado le compre a terceros países que antes le han comprado a una empresa Israelí.
El otro punto importante que plantea la iniciativa es romper con las empresas israelíes cualquier contrato que sea de material de Defensa, aunque no sea explícitamente ofensivo; como las armas. Eso provocaría que no se pudieran comprar, por ejemplo, chalecos, material antidisturbios, tecnologías de 'doble uso' y combustible de ámbito militar. Y es aquí donde el Ministerio de Defensa también aclara que eso será muy difícil de cumplir. Explican que hay situaciones en las que, por ejemplo, solo una empresa israelí se dedica a construir una pieza fundamental para los radares de los aviones; o linternas para colocar en los cascos del CNP o la Guardia Civil; o programas informáticos de inteligencia y ciberseguridad. Es aquí cuando estas mismas fuentes apuntan que la aplicación de la norma tendría que ser laxa para permitir la entrada de este tipo de material. "Los discursos políticos son una cosa y la realidad otra", afirman.