Los tribunales europeos han sido contundentes en la defensa de derechos fundamentales y este año 2022 se esperan resoluciones primordiales sobre los políticos catalanes en el exilio, que desde finales del 2017 luchan contra unos tribunales españoles "opresores". Las resoluciones crearán jurisprudencia, que fortalecerán los derechos a Europa, y, a buen seguro, que influiran en la agenda política catalana y española. Su vuelta a Catalunya sin pasar por la prisión provisional o un juicio en el Estado español se ve difícil, para algunos, ante el precedente de los doce líderes sociales y políticos condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, malversación de fondos y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), a pesar de haber sido indultados parcialmente por el Gobierno. El Tribunal Supremo y el juez instructor de la causa contra los independentistas, Pablo Llarena, ya han demostrado que defienden su interpretación de la ley y en cierto punto, por encima de la jurisprudencia europea.
La primera cita de los políticos exiliados está ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para denunciar el levantamiento "irregular" de su inmunidad parlamentaria. En concreto, el TGUE ha convocado una vista en Luxemburgo el viernes 21 de enero por el recurso de los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont y Toni Comín contra el veto inicial del Parlamento Europeo a reconocer su escaño. En el 2019 los dos interpusieron un recurso al TGUE por la negativa de la Eurocámara, a aceptarlos como eurodiputados a pesar de haber ganado las elecciones europeas en Catalunya. Si bien los dos fueron reconocidos posteriormente a raíz de la sentencia por el caso del líder de ERC Oriol Junqueras (creando la llamada doctrina Junqueras), Puigdemont y Comín han mantenido el recurso para denunciar que se vulneró su derecho político. No está previsto que estén. Durante la audiencia, sólo pueden hablar los abogados, si bien los afectados pueden estar presentes en la sala si así lo desean. El noviembre pasado, Junqueras perdió el cuarto recurso a Luxemburgo para recuperar su escaño en la Eurocámara y ahora lo ha reclamado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La condición de eurodiputado
El president Carles Puigdemont y los consellers Toni Comin y Clara Ponsatí se presentaron a las elecciones europeas de mayo del 2019 encabezando la lista de Junts. La formación ganó los comicios en Catalunya con más de 985.000 votos y le correspondían, en aquel momento, dos escaños en el Parlamento Europeo. La Junta Electoral Central (JEC) incluyó a Puigdemont i Comín en la lista de candidatos electos, pero la legislación española exige el juramento de la Constitución para tomar posesión del cargo. Ninguno de los dos lo hizo, así que en la lista que envió la JEC el 17 de junio del 2019 no aparecían ni Puigdemont ni Comín, exiliados en Bélgica. Tampoco Junqueras, a quien el Supremo no dejó salir de la prisión preventiva para jurar la carta magna, y que después condenó a trece años de prisión.
El entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó la petición de Puigdemont y Comín de ser reconocidos como eurodiputados a la espera de que los tribunales resolvieran la controversia. Los dos escaños de Junts quedaron vacíos en la sesión constitutiva de la cámara el 2 de julio del 2019.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ,el 19 de diciembre del 2019, sobre la inmunidad de Junqueras estableció que la condición de eurodiputado se obtiene sólo por la "misma elección" en las urnas. A raíz de esta decisión, el actual presidente de la Eurocámara, el socialista italiano David Sassoli, ordenó reconocer a Puigdemont i Comín.
Sin embargo, su defensa mantuvo la demanda contra la cámara por no haberlos reconocido desde el principio y haber hecho caso a la lista de la JEC. "Constituye una declaración ilícita de vacante", denuncia el escrito presentado al TGUE. En concreto, alegan que se vulneraron sus derechos como candidatos electos y el derecho de los ciudadanos a ser "directamente representados" en la UE en el Parlamento Europeo, tal como recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y los tratados.
El president Carles Puigdemont /EN
Llarena y la prescripción
La segunda cita, también en Luxemburgo, todavía no tiene fecha. Será primordial para el president Puigdemont y el conseller Comín, y también para la eurodiputada Clara Ponsatí (que obtuvo el escaño el 5 de febrero del 2020, ante la marcha del Reino Unido de la UE, y el Estado español obtuvo cinco escaños más). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que resolver el caso de las prejudiciales sobre el alcance de las euroórdenes, que le planteó el magistrado del Tribunal Supremo e instructor de la causa contra los independentistas catalanes, Pablo Llarena. Según lo que resuelva el TJUE, los tribunales belgas decidirán, finalmente, si aceptan o no la extradición del presidente catalán en el exilio, decisión que dejaron aparcada a la espera del pronunciamiento del máximo tribunal europeo en la materia. Antes, se pronunciará el Abogado General del TJUE, que aunque su posicionamiento no es vinculante, marcará la opinión del tribunal.
El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena / Europa Press
Alemania, Austria y Lituania, ya advirtieron a España que no detendrían Puigdemont aunque mantuviera la euroorden. El comportamiento del juez instructor de seguir pidiendo su detención, como la de los consellers, con el último episodio en Italia, es interpretado por algunos juristas como una forma del juez de romper la posible prescripción de la causa haciendo nuevas actuaciones. El delito de sedición tiene penas muy altas, sin embargo, si sólo fueran extraditados por malversación de fondos públicos -como aceptaba inicialmente Alemania y el juez Llarena lo rehusó-, la tesis de la prescripción coge cuerpo.
El magistrado Llarena ha mantenido su pulso a la Abogacía del Estado y a la justícia europea y el verano pasado envió un oficio al tribunal de apelación italiano, en el cual le reiteraba que la orden de prisión y de extradición del presidente Carles Puigdemont, que él cursó el 14 de octubre del 2019, está "activa".
Con la prejudicial sobre el alcance de las euroórdenes, el juez Llarena quiere saber si el tribunal de Bélgica puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los líderes políticos independentistas y si le puede denegar la entrega al Estado español por vulneración de derechos fundamentales, tal como hizo con la euroorden contra el conseller Lluís Puig, al asegurar que no tendría un juicio justo. Los expertos en derecho penal europeo indican que el TJUE puede hacer replantear la respuesta al tribunal belga, pero nunca obligarle a ejecutar la entrega del president Puigdemont. La clave en las negativas de Alemania y Bèlgica a entregar a los líderes en el exilio es que los delitos por los cuales se les reclama no están en la lista de entrega directa, como los relacionados con el terrorismo. Por eso, hace falta que el tribunal receptor de la euroorden analice la concordancia de los hechos por los cuales se los acusa con su legislación penal, como se hace ahora. El delitos de rebelión y sedición no han pasado el filtro.
El conseller de Cultura, Lluis Puig /ACN
En el Estado español, el TC
Paralelamente, en el Estado español, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó por unanimidad el recurso de súplica y las medidas cautelares solicitadas por el president Puigdemont y los consellers exiliados contra las órdenes europeas de extradición y de detención nacional e internacional emitidas por el juez Llarena contra ellos el 14 de octubre y el 4 de noviembre del 2019.
Y antes de acabar el 2021, el president Puigdemont y los consellers Comín y Ponsatí presentaron un recurso de súplica al Tribunal Constitucional (TC) contra su decisión de desestimar las recusaciones formuladas contra la magistrada Concepción Espejel y el magistrado Enrique Arnaldo para que no resuelvan sus causas. Después de que el pleno del tribunal rechazara las 33 recusaciones planteadas en varias causas pendientes, la defensa de Puigdemont, dirigida por el penalista Gonzalo Boye, presentó un escrito donde denuncia "animadversión" contra él y sus consellers.
La fiscalía, sin prisas con Serret
Después de tres años en el exilio, la consellera de Agricultura y actual diputada de ERC, Meritxell Serret, se personó ante el juez Llarena el 30 de abril del 2021. No estuvo más de una hora declarando y el instructor un mes después cerró su caso, en el cual la procesa por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos. Desde entonces, hace más de siete meses, se espera el escrito de acusación de la fiscalía contra ella. Serret volvió al Estado español, conociendo los efectos de la sentencia del Supremo contra los independentistas catalanes, el 14 de octubre del 2019, porque sólo condenó por el delito de desobediencia, es decir por inhabilitación a cargo público, a los exconsellers que no tenían gastos relacionados con el referéndum del 1-O en sus departamentos, como es su caso. Son: el conseller de Justicia, Carles Mundó: la consellera de Presidencia, Meritxell Borràs, y el conseller de Cultura y de Empresa, Santi Vila. El 9 de junio de 2021 los tres cumplieron el castigo de 20 meses de inhabilitación a cargo público. Así, que Serret tiene claro que se enfrentará a una petición de inhabilitación a cargo público, no a una pena de prisión.
La exconsellera d'Agricultura y diputada de ERC, Meritxell Serret / Sergi Alcàzar
Ni Llarena por Rovira
Con respecto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, vive en el exilio en Suiza desde que no se presentó a declarar ante el juez Llarena el 23 de marzo de 2018. Un mes antes la dejó en libertad, bajo fianza de 60.000 euros y considerándola una pieza clave en el procés de independencia de Catalunya, el otoño del 2017. Desde entonces, y a pesar de la sentencia condenatoria del Supremo a los líderes catalanes, el magistrado nunca ha pedido la extradición de Rovira a las autoridades de Suiza. Sí que hay una orden de su detención en el Estado español. Es por eso, que algunos acusan al juez Llarena de actuar más por "oportunidad política", que con base jurídica y penal.
Finalmente, también continúa en Suiza desde el 2018 la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel. Contra ella, el juez instructor tampoco ha pedido su extradición a las autoridades suizas, como en el caso de Rovira. Todo el mundo vio una puerta abierta de vuelta para Gabriel con la absolución de la exdiputada de la CUP Mireia Boya por parte del TSJC en octubre del 2020, y con la condena a los miembros de la primera Mesa del Parlamento, liderada por Carme Forcadell. No fue así. La absolución de Boya se basa en qué actuó como miembro de un grupo político, idéntico papel al de Gabriel. Incluso, el TSJC hacía referencia a la líder anticapitalista en la resolución: "Somos conscientes también de que lo que se decida respecto de ella podría tener consecuencias respeto otros procesados que se encontraban en una situación similar y que por ahora se encuentran en rebeldía y pendientes de ser juzgados." En el intento de volver, el juez Llarena, sin embargo, insistió que Gabriel primero tenía que declarar delante suyo y quizás después derivaba su causa en un juzgado de Barcelona, al no ser actualmente aforada. La fiscalía y la Abogacía del Estado mantuvieron la misma posición que el magistrado, y en enero pasado también lo hizo la sala de lo penal del Supremo. Por eso, por ahora, desde el equipo de defensa de Gabriel no se ve un retorno lo bastante seguro.
La consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, con la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel / ACN
Valtònic, última cita
Por otra parte, las resoluciones de la causa del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtònyc, que también vive en Bélgica, aunque centradas en la defensa de la libertad de expresión, han sido vividas como un triunfo por parte de los políticos en el exilio como desde los Païssos Catalans. El próximo 11 de enero es la última cita: el Tribunal de Casación de Bruselas celebrará la vista para analizar el recurso de la fiscalía contra la resolución del Tribunal de Apelación de Gante, del 29 de diciembre pasado, de denegar la entrega a las autoridades españolas del cantante. La Audiencia Nacional pidió la extradición de Valtònyc, en mayo del 2018, por la condena de tres delitos: enaltecimiento del terrorismo (dos años de prisión), injurias en la corona (un año) y amenazas (seis meses). El tribunal belga descartó los dos primeros, y el diciembre pasado también el de amenazas, que supuestamente había hecho en una canción contra el presidente del Circulo Balear, al considerar que encajaban en la libertad de expresión.
Valtònyc con compañeros del exilio, en la celebración de su cumpleaños / Twitter
La jurisprudencia europea que se está creando a raíz de la causa de los independentistas catalanes será un referente en garantía de derechos, que habrá que cumplir en el Estado español. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también tiene que decir la suya sobre la condena a los presos políticos y sociales del Referéndum del 1-O.
Foto principal: Los eurodiputados Puigdemont, Ponsatí y Comín / ACN