Negaba con la cabeza una personalidad del Gobierno durante una conversación informal en los pasillos de la Moncloa, ante la hipótesis de que el conflicto soberanista hiciera caer al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Era 20 de septiembre, días antes de que las cargas policiales sacudieran el referéndum y cuando el 155 era aún un fantasma de fondo en Madrid. Una pequeña parte de la opinión pública española, si bien, se solidarizaba con la movilización por los registros en las conselleries –ahora presunto delito de sedición. Y Rajoy todavía resistiría tres meses, hasta que un 21-D el independentismo se le volvió en contra, haciendo tambalear su legislatura y mandato.

"Este Gobierno continúa adelante, las legislaturas son para cuatro años" respondía el jefe del Ejecutivo a los periodistas este viernes, en la rueda de prensa para valorar el resultado de los comicios catalanes. La elecciones del 155 reventaron la estrategia del presidente, como consecuencia de los 70 escaños de Junts per Catalunya, ERC y la CUP. El resultado aparecía asimismo como el peor de los escenarios por la pujanza de su rival Ciutadans, ante el riesgo de contagio al resto del Estado, en paralelo a la debacle histórica del Partido Popular catalán, reducido ya a tres escaños.

Sin embargo, Rajoy descarta convocar elecciones en España para rendir cuentas, después de pedir al candidato Xavier García Albiol que tampoco dimitiera. Eso pasa porque el presidente asumió la máxima implicación en la campaña y por la imposibilidad de colocar de inmediato a otro dirigente, ante la necesidad de reformulación profunda de la organización. Pero en su equipo algunos ya han saltado del barco, como el escudero Jorge Moragas, quien abandona el cargo de jefe de gabinete para emprender una nueva etapa en la ONU.

La cuestión es que la legislatura ha empezado a enturbiarse para Rajoy. Los presupuestos generales de 2018 eran su siguiente objetivo para enero, tras posponer en septiembre la negociación, debido a la alarma de los nacionalistas vascos por la "gravedad" del conflicto, según dijo el portavoz Aitor Esteban. Ahora los jeltzales redoblan la presión y piden que se retire "la situación de excepcionalidad" que atribuyen al 155, los encarcelamientos y la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica, y se emprenda una etapa de diálogo con el nuevo Govern para volver a la mesa de las cuentas estatales. 

El PSOE también se sumó a la propuesta y el secretario general Pedro Sánchez aprovechó el filón para reivindicar una "solución política", que tendría que pasar por la reforma constitucional. Eso dejaría en jaque las intenciones del PP, que había enfriado esa expectativa semanas antes –aunque en Ferraz aseguraban que modificar la Carta Magna era el acuerdo a cambio del apoyo al 155. Los socialistas incluso se habían quedado solos en la comisión que evalúa el modelo territorial pidiendo el encaje para Catalunya, después de que Podemos, nacionalistas vascos (PNV) e independentistas (ERC, PDeCAT) renunciaran a estar en ella.

El hecho es que en la derecha los movimientos sísmicos también amenazan a la mayoría del PP, ahora que los populares tenían la mirada puesta en la batalla de las elecciones municipales de 2019 y las generales de 2020. Lo advirtió desafiante el líder de la formación naranja Albert Rivera, quien prometió "un proyecto ilusionante para España, una vez derrotado al nacionalismo en las urnas", dardo que el joven político catalán le lanzó a Rajoy la noche electoral del 21-D. El expresidente José Maria Aznar no ha tardado tampoco en criticar a Rajoy: la FAES elaboró un escrito denunciado la estrategia de enarbolar el 155 en campaña, felicitando a Cs y recordando a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que el independentismo no estaba "decapitado".

Y en la Unión Europea, el gabinete de Angela Merkel también se pronuncia en favor de intentar un diálogo con el próximo Ejecutivo de la Generalitat. Una oferta que Puigdemont había hecho la mañana del viernes y que Rajoy despreciaba a mediodía, ante el escenario de causas judiciales, aunque los votos independentistas sean en 2017 más que en el 2015: de 2.063.361 (a falta de voto exterior) a 1.966.508. Todo ello, aunque el Gobierno no caiga.