¿Hay juicios políticos en el Estado español en plena democracia? El expresidente del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, lo negará con vehemencia, tal como hizo en el juicio a los independentistas catalanes, donde cortó los interrogatorios de los abogados del entonces presidente de Òmnium, los penalistas Benet Salellas y Marina Roig, a quien le lanzó: "Yerra usted en la estrategia defensiva", que provocó la queja unánime de la Abogacía Catalana. La intervención de Marchena en el juicio del 1-O, la evolución de las leyes y argumentos jurídicos son recogidos en el nuevo libro Judicis polítics sota la democràcia militant espanyola (Ediciones Documenta Balear), escrito por Daniel Escribano (Palma, 1978), doctor en sociología con la tesis El conflicte lingüístic a Catalunya, el País Valencià y les Iles Balears durante la Segunda República. Es todo un manual de la evolución punitiva de los Estados, la jurisprudencia y el Código Penal, salpimentado con citas de expertos, además de entrevistar a abogados, defensores de activistas. Desde la primera página, Escribano mantiene la tesis que en el Estado español se sigue persiguiendo a la disidencia por sus ideas y no por hechos, como exige un Estado de derecho. Lo ejemplariza con cuatro causas penales.
La primera es la condena en 1983 al senador de HB y abogado, Miguel Castells, por injurias al Gobierno al denunciar en un artículo de opinión que los crímenes por parte de agentes de la policía y grupos de extrema derecha desde 1976 quedaban impunes y que el Gobierno sabía quién eran o podían averiguarlo. De los seis años de prisión que le pedía la Fiscalía, el Tribunal Supremo -con algunos miembros de Tribunal de Orden Público (TOP) franquista- lo rebajó a un año de prisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Reino de España en 1992 por no respetar la libertad de expresión del senador por Guipúzcoa. El segundo juicio, más reciente, también es contra la libertad de expresión, en este caso del cantante Josep Miquel Arena, Valtònyc, condenado por injurias en la corona y que se tuvo que exiliar durante cinco años. Al final, consiguió que el descrédito español tuviera una resonancia internacional. La tercera causa es la absolución y posterior condena de activistas contra los recortes que rodearon el Parlament, en el 2011. La cuarta, y que ocupa buena parte del libro -con la famosa frase de Marchena, es la causa general del 1-O contra el independentismo, con las resoluciones pendiente del TEDH, después de que el Tribunal Constitucional (TC) les diera la espalda. También incluye a los beneficiados de la ley de amnistía.
Marchena, el custodio
El autor hará una presentación del libro este sábado, a las 5 de la tarde, en el Espacio Mallorca de Barcelona. Los abogados Benet Salellas y Norma Pedemonte, defensores de activistas, participarán en el coloquio. En el prólogo del libro, Salellas es demoledor y define al magistrado Marchena "como un buen exponente del gatopardisme de la Transición en el poder judicial: con un tono educado -refinado en las formas y en el lenguaje- ha sabido custodiar las esencias del régimen anterior, expresadas en la preservación acérrima de la unidad territorial, la sobreprotección indiscutible de las instituciones y la represión integral de todas las fórmulas de disidencia y discrepancia con el sistema social".
En el epílogo del libro, el abogado y expresidente de la Obra Cultural Balear, Josep de Luis, también es crítico con el sesgo de magistrados, especialmente en los máximos tribunales como son la Audiencia Nacional y del Supremo, a pesar de admitir que hay voces críticas con votos particulares, como los magistrados Ramon Sáez Valcarcel y Perfecto Andrés. Y con acidez, De Luis escribe: "Las reacciones contrarias a la diversidad lingüística tienen, en cambio, un carácter más democrático. También se difunden con cierta frecuencia a las instancias inferiores", y explica el caso con una magistrada enfadada porque le presenta todos los escritos en catalán. Escribano acaba el libro con un capítulo sobre la "represión lingüística en los juzgados", con casos, donde no se respeta la lengua del acusado o se traduce con mala fe, como el euskera.
Napoleón III y el delito político
Es un libro para digerir poco a poco por la gran cantidad de información condensada. Hay de muy interesante. Es el caso del origen del concepto de delito político en el derecho penal internacional. Por ejemplo, Escribano nos explica que a partir de 1815 el Reino Unido denegaba las peticiones de extradición de personas encausadas o condenadas por un delito político, y los gobiernos europeos lo fueron adaptando. Esta protección empieza a cambiar en 1854 con el atentado contra Napoleón III, y el gobierno belga reforma la ley sobre extradiciones, y deniega el derecho de asilo si el delito político está relacionado con atentados mortales de jefes de gobiernos extranjeros. Excepción y limitaciones que se amplía en otros países.
Escribano también nos explica que el constitucionalista liberal Karl Löwenstein (Munich,1891- Heidelberg, 1973) es quien define qué es una democracia militante: la que restringe derechos a la sociedad, como el derecho de asociación y participación política, así como la libertad de opinión y de información. El autor concluye que el Estado español es una democracia militante porque se mantiene una "legislación especial de contrainsurgencia" y delitos de opinión, como las injurias y calumnias al rey, y ofensas religiosas, que ni los autoproclamados gobiernos progresistas todavía no han conseguido derogar, aunque ya hace siete años, en el 2018, el tribunal de Estrasburgo dictó una nueva condena al Reino de España por haber condenado a dos jóvenes de Girona (defendidos por Salellas) por haber quemado fotos del rey en una protesta. A partir de entonces, la quema de fotos de Felipe VI se ha hecho habitual en concentraciones independentistas en Catalunya.
