“Si pudiera mañana dejar el derecho por la literatura, os aseguro que lo haría. Envidio vivir del proceso de creación artística y de narración de una novela”. El juez Manuel Marchena, uno de los capitostes judiciales contra el independentismo y que recientemente ha exhibido interpretaciones y lecturas sui generis de la ley de amnistía, acaba de publicar el libro La justicia amenazada. Entre otras cosas, radiografía la realidad de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial, de los aforamientos y de la acusación popular. No hace ni una referencia al juicio del procés que presidió en 2019 y que lo llevó a condenar por sedición al Govern del 1-O ni una mención explícita a la amnistía que ha negado, desde la Sala Penal del Supremo, a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. Y se ha rodeado de los grandes nombres de la judicialización del procés independentista y de las figuras de más poder en la arquitectura judicial española actual para presentar su obra.
“Que alguien dijera que el delito se comete allí donde se notifica la sentencia es un ejercicio, en fin, un poco imaginativo de lo que puede pasar”, ha verbalizado hablando sobre los aforamientos, que él defiende que sean también para los jueces. “Lo lógico es que para decir si el Tribunal Supremo se ha confundido o no se ha confundido, sea el máximo escalón jerárquico quien se ocupe de valorar la corrección o incorrección de esa resolución”, ha añadido. No ha mencionado la amnistía, ni las denuncias del independentismo de que el Alto Tribunal prevarica por desoír la norma del olvido penal. Ninguna referencia concreta y explícita. Pero se lo escuchaba, atentamente desde la silla de pasillo de la segunda fila, Pablo Llarena, el instructor del Supremo que persigue a Carles Puigdemont a la desesperada desde hace más de siete años y que le ha negado la amnistía en dos ocasiones.
El juicio del procés, en directo para “descartar cualquier sospecha”
Manuel Marchena también ha hecho una breve alusión al juicio del procés para justificar su decisión de que se retransmitiera en directo. “Lo que perseguía era descartar cualquier sospecha de que en un momento determinado ese tribunal no estuviera atado a lo que tenía que estar, que son los principios y garantías del proceso constitucional”, ha argumentado. “Esta idea a mí me parecía que era clave cuando se habían alentado dudas de lo que podía ser un juicio justo por parte de los que estaban acusados”, ha añadido. Y ha destacado la “profesionalidad incuestionable” de todos los abogados. “Siempre les estaré agradecido”, ha concluido.
El “aroma del privilegio” que “desprenden” los aforamientos
“Se nos ha ido la mano con el aforamiento”. Así de claro ha sido Manuel Marchena en otro momento cuando hablaba de los políticos que están aforados. Él lo circunscribiría solo a los diputados del Congreso, a los senadores y a los miembros del Gobierno, que son los incluidos en la Constitución. En este perímetro no entraría, por ejemplo, el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que se ha convertido en diputado autonómico para conseguir ser aforado e intentar torpedear el juicio del caso del hermano de Sánchez.
“En España, se ha impuesto una concepción cuasi protocolaria del aforamiento. Es decir, un cargo no está lo suficientemente vestido [si no es aforado], el aforamiento le da hasta una dignidad institucional al cargo”, ha verbalizado (en tono de ironía) el juez. Y ha sido claro: “Yo reduciría enormemente el número de autoridades afectadas, porque el aforamiento implica la rectificación de una norma de competencia objetiva que desprende el aroma del privilegio”. “La tendencia que yo apunto a rebajar los tratamientos va en contra de un viento que sopla precisamente en dirección contraria”, ha reconocido acto seguido.
Los “vientos de desconfianza” hacia la Fiscalía, en la recta final de la instrucción contra Álvaro García Ortiz
Manuel Marchena también se ha pronunciado sobre la reforma de la carrera judicial que ha impulsado el Gobierno. De momento, se ha remitido al Congreso el proyecto de ley, que tendrá que recibir el aval de la mayoría parlamentaria, cosa que no será fácil. Uno de sus baluartes es que la investigación judicial quede en manos de los fiscales. El magistrado no ha cerrado la puerta a ello, pero ha lamentado que ahora no es un buen momento para una reforma de este calado: “Me da la impresión de que no es el momento para una modificación legal ahora en estos términos, cuando los vientos que soplan son vientos de desconfianza hacia el poder judicial y vientos de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal”. “No es el momento para plantearse una reforma que tendría que ser una reforma pactada con todas las fuerzas políticas y en la que se eliminaran cualesquiera suspicacias que hoy se pueden plantear si se le atribuye a Ministerio Fiscal un poder hasta ahora no existe”, ha añadido.
Previamente, también hablando sobre la figura del fiscal general del Estado, ha esgrimido que es un cargo que está “sometido permanentemente a una tensión histórica”. Pero ha querido subrayar la delicadez del contexto actual: “Lo que sucede es que hay en determinados momentos en que esa tensión adquiere una dimensión que es absolutamente inédita”. A nadie se le escapa que Álvaro García Ortiz está siendo investigado por el Supremo por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y está a las puertas que el juez decida si lo envía a juicio.
Y, hablando de las acusaciones populares, un recado implícito (o no tanto) hacia el papel de la Fiscalía en las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez: “Hay ocasiones en que el reconocimiento del monopolio de la acusación pública del Ministerio Fiscal puede conducir a la impunidad de los hechos delictivos. La historia lo muestra y lo puede estar mostrando”. Sin ir más lejos, hoy mismo el hermano de Pedro Sánchez se ha sumado al recurso de la Fiscalía contra su procesamiento.
Marchena, rodeado por los grandes nombres de la judicialización del procés
Los asistentes en la presentación también ofrecen una lectura sobre el espíritu del acto. Sin ir más lejos, en las primeras filas lo escuchaban, igual que Llarena, Carmen Lamela (la jueza que envió a prisión provisional a los Jordis, a los consellers del Govern del 1-O y a Sandro Rosell), Diego Pérez de los Cobos (el coronel de la Guardia Civil que fue el máximo responsable de la represión del 1-O) y Susana Polo (la instructora del caso del Tsunami Democràtic en el Supremo que acabó archivando la causa después del error de Manuel García-Castellón). También estaba Rafael Catalá (ministro de Justicia de Mariano Rajoy de 2014 a 2018), así como Isabel Perelló (la actual presidenta del CGPJ y “querida amiga” de Marchena), Vicente Guilarte (su predecesor en el cargo, en funciones) y Carlos Lesmes (que fue presidente del CGPJ hasta 2022, cuando dimitió para intentar forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces).
Más nombres. Desde el Tribunal Constitucional, han asistido los conservadores José María Macías (apartado de las deliberaciones sobre la ley de amnistía), Concepción Espejel y Antonio Narváez (que dejó de serlo en 2022) y el progresista Juan Carlos Campo (que fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez, es amigo personal de Marchena y se ha abstenido de los debates sobre la amnistía). En el plano judicial, estaban presentes Andrés Martínez Arieta (el candidato de los conservadores para la presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo, cuya renovación continúa bloqueada), Pablo Lucas (el juez de control del CNI), Celso Rodríguez (el presidente del TSJ de Madrid) y José Ramón Navarro Miranda (el presidente de la Audiencia Nacional). No había ningún representante del Gobierno, ni las progresistas Pilar Teso (también candidata a presidir la Sala de lo Penal) o Ana María Ferrer (crítica con el papel del Supremo con la amnistía y partidaria de amnistiar la malversación del 1-O), pero sí que se ha dejado ver la portavoz del PP en la Comisión de Justicia, María Jesús Moro.