El caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero ya ha entrado en la historia de la democracia española, por diversas razones. La primera es institucional. Ya es el primer expresidente en ser investigado y sería extraordinario que acabara sentándose en el banquillo de los acusados por presuntos delitos cometidos después de dejar la Moncloa. La segunda es simbólica. Zapatero ha sido durante años una de las figuras más valoradas de la izquierda española, una referencia moral e ideológica para el PSOE. La tercera es la naturaleza de las pruebas. En muchos casos de corrupción, las acusaciones se basan en testimonios, documentos o transferencias económicas complejas. En este caso hay un elemento que explica buena parte del nerviosismo en el PSOE: las joyas que le confiscaron en la caja fuerte de su despacho en Ferraz son una prueba física, visible y fácilmente comprensible para la opinión pública. Un lote de collares, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros valorado en 1,3 millones de euros es mucho más difícil de gestionar políticamente que una discusión técnica sobre contratos o asesoramientos empresariales. Por eso, cuando Zapatero fue imputado en el caso Plus Ultra, una de las primeras decisiones que tomó fue rodearse de uno de los juristas más reconocidos del país: Víctor Moreno Catena, una eminencia en derecho procesal. La elección refuerza la idea de que el expresidente busca una estrategia de máxima precisión técnica en una causa compleja, de enorme sensibilidad política y con un sumario de gran volumen.
Un caso delicado políticamente y muy técnico jurídicamente
Sobre este catedrático de Derecho Procesal, abogado penalista y figura de referencia dentro del mundo judicial español recae el futuro de Zapatero y también del PSOE, porque es una pieza clave en un caso delicado políticamente y muy técnico jurídicamente, dado que en este tipo de procedimientos la diferencia no está solo en los hechos, sino en cómo se combate la prueba, cómo se interpretan las decisiones administrativas y cómo se encuadra penalmente una operación pública compleja. Es por eso que la elección de Moreno Catena para liderar la defensa de Zapatero no es casual. Su trayectoria académica, institucional y penalista lo convierte en un especialista en cuestionar pruebas y controlar los aspectos técnicos de los procedimientos judiciales.
Es considerado uno de los grandes especialistas en procedimiento penal y garantías procesales, es decir, en las reglas que determinan cómo se debe desarrollar una investigación judicial y qué derechos asisten a una persona investigada. Moreno Catena encaja perfectamente en este perfil. Su reputación no se basa tanto en la proyección mediática como en el conocimiento profundo de los procedimientos judiciales y en su capacidad para detectar posibles defectos formales o vulneraciones de derechos durante la instrucción. Además, es un jurista con una larga experiencia en causas de gran repercusión política e institucional, un aspecto especialmente relevante en un procedimiento que afecta a un expresidente del Gobierno. Su método parece fundamentarse en tres pilares: el control técnico del procedimiento, la impugnación de las pruebas más sensibles y la construcción de un relato jurídico que minimice o desactive la dimensión penal de la causa.
Dos líneas de investigación
Y es que Zapatero se enfrenta a varias líneas de investigación. Por un lado, está investigado en el caso Plus Ultra por varios delitos relacionados con una presunta trama de intermediación e influencias alrededor del rescate público de la aerolínea de 53 millones de euros durante la pandemia. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo acusa de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, lo que puede comportar penas de prisión, multa e inhabilitación. Por otro lado, el magistrado ha abierto una pieza separada sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros para investigarlo por un delito contra la Hacienda Pública y contrabando. Si no pudiera acreditar el origen de los bienes, su declaración fiscal o su entrada legal en España, las consecuencias podrían ir desde sanciones tributarias muy elevadas hasta eventuales responsabilidades penales. El delito fiscal está castigado habitualmente con entre 1 y 5 años de prisión cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, además de multas económicas muy elevadas. El contrabando también puede comportar penas de prisión y sanciones económicas, en función del valor de los bienes y de las circunstancias del caso. Fuentes jurídicas señalan que el expresidente buscaba una defensa con un perfil altamente técnico y experimentado en macrocausas complejas.
¿En qué consiste su defensa?
Precisamente, buena parte de la estrategia jurídica de Zapatero se basa en cuestionar determinadas actuaciones de la investigación y defender que no existen suficientes indicios para sostener las acusaciones que pesan sobre el expresidente. Desde el inicio de la investigación, la línea defensiva de Moreno Catena ha girado en torno a varios ejes. En primer lugar, sostiene que Zapatero no cometió ninguna irregularidad en su actividad profesional ni en las gestiones relacionadas con Plus Ultra, y que sus actuaciones se enmarcaron dentro del ejercicio legítimo de sus actividades privadas después de abandonar la Moncloa. En segundo lugar, la defensa ha puesto el foco en el origen de determinadas pruebas incorporadas a la causa. Uno de los frentes abiertos es la petición al juez para que aclare cómo las autoridades de Estados Unidos obtuvieron y compartieron información procedente del teléfono móvil de uno de los principales investigados. Moreno Catena ha pedido al juez Calama que reclame más información a las autoridades de Estados Unidos sobre el acceso al teléfono móvil de Rodolfo Reyes, investigado en el marco del caso Plus Ultra. La defensa del socialista cuestiona las garantías sobre la obtención y el tratamiento del contenido del dispositivo y denuncia la "ausencia de los datos completos relativos a su confiscación, al procedimiento de volcado de la información, a la autenticidad de las comunicaciones y a la cadena de custodia del terminal". La petición llegó después de que Calama haya iniciado trámites de cooperación jurídica internacional con Estados Unidos para incorporar como prueba el contenido del teléfono de Reyes.
En cuanto a las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte del despacho de Zapatero, Moreno Catena defiende que su cliente podrá acreditar su origen y titularidad. La versión sostenida hasta ahora es que una parte del lote proviene de herencias familiares y otra de regalos recibidos a lo largo de los años. Aun así, Zapatero pidió aplazar su declaración de hoy sobre las joyas y solicitó más tiempo para explicar su origen, pero el juez lo rechazó. Si consigue acreditar el origen, la titularidad y la situación fiscal de las joyas, podría contener parte del daño político. Si no lo hace, el caso podría convertirse en la crisis más grave que ha afrontado un expresidente socialista desde la restauración democrática.
Su trayectoria académica
Nacido en Santa Marta de los Barros (Badajoz) en 1953, Moreno Catena es catedrático emérito de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y una de las voces más influyentes del mundo académico en esta especialidad. A lo largo de su carrera ha impartido docencia en las universidades de Santiago de Compostela, Sevilla y Carlos III, y ha participado en diversas comisiones encargadas de reformar la Ley de enjuiciamiento criminal. De hecho, sus manuales y tratados son habituales en las facultades de Derecho y entre los opositores a la carrera judicial, y es muy posible que el mismo juez Calama haya estudiado con los manuales que elaboró Moreno Catena.
Sintonía política de fondo
La designación de Moreno Catena no solo responde a su prestigio jurídico. También existe una sintonía política de fondo: el procesalista formó parte de la estructura del Estado durante los gobiernos de Felipe González, cuando ejerció como secretario general técnico y posteriormente como subsecretario del Ministerio del Interior entre 1988 y 1993. Este pasado lo vincula a una generación de juristas próxima a los gobiernos socialistas de la época. Actualmente, es una figura destacada de la abogacía penal española y preside la Unión Española de Abogados Penalistas. Varias fuentes del mundo jurídico señalan que Moreno Catena mantiene actualmente una cierta proximidad y sintonía con el entorno del PSOE, lo que también ayudaría a explicar la confianza que Zapatero ha depositado en él para afrontar una de las causas más delicadas de su trayectoria política.