Ha llegado el día. Pocos minutos antes de las 9 de la mañana, José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a la Audiencia Nacional, donde el expresidente del Gobierno declarará hoy miércoles y mañana jueves como investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y contrabando en el caso Plus Ultra. Se trata de una situación inédita en democracia. Después de que el viernes se abriera una pieza separada por las joyas que el expresidente tenía guardadas en una caja fuerte en su despacho de la calle Ferraz, tasadas en 1,3 millones de euros, el expresidente pidió aplazar la declaración sobre el origen de estas piezas. El juez José Luis Calama, sin embargo, lo rechazó y también tendrá que dar explicaciones. A las 9:12 ha empezado a declarar y se ha negado a responder a las preguntas del fiscal. De hecho, solo contestará a las preguntas del juez Calama y de su defensa, que lidera el abogado Víctor Moreno Catena.
Había una gran expectación mediática por la llegada de Zapatero a los tribunales, un mes después de que se hiciera pública su imputación. Ante la Audiencia Nacional también se han desplazado algunos ciudadanos que han recibido al expresidente con gritos como "poca vergüenza". También había quien llevaba pancartas para protestar contra una de las figuras más importantes de la historia del PSOE.
Mientras Zapatero entraba por la puerta principal, normalmente reservada a los magistrados, en el Congreso empezaba una de las sesiones de control más incómodas para Pedro Sánchez. Esta recuerda a la que se vivió hace justo un año cuando, de un día para otro, el PSOE dejó caer a quien había sido la mano derecha del presidente, Santos Cerdán, después de su imputación en el caso Koldo. Doce meses después, el ejecutivo sigue en pie y Sánchez ha anunciado que presentará unos presupuestos que no podrá aprobar, aunque, como siempre, se mantiene en la cuerda floja y en una situación prácticamente insostenible.
"El Estado no se puede permitir otro Puigdemont"
A su llegada a la Audiencia Nacional, el abogado de la acusación popular, Luis María Pardo (a la vez presidente de la entidad Iustitia Europa) ha explicado ante la prensa que tiene la intención de instar al PP a solicitar prisión para el expresidente del Gobierno en una jornada que ha tildado de histórica. Ha tenido tiempo de recordar a Carles Puigdemont, asegurando que el Estado "no se puede permitir otro", motivo por el cual hay que pedir este encarcelamiento preventivo ante un "elevado riesgo de fuga" ante su extensa red de contactos. Esta semana, Calama ha rechazado la solicitud de la acusación popular, encabezada por el PP, para que todas las acusaciones –entre las cuales hay Vox, Hazte Oír o Ciudadanos- pudieran estar presentes en la sala durante la declaración. El juez recordó que las diligencias instructoras "no son actos públicos" y que el papel de todas las acusaciones se tiene que articular a través del letrado del PP, Alberto Durán.