La de este miércoles será una de las citas judiciales más incómodas para Pedro Sánchez, la que más del actual calendario judicial. Después de que sus exsecretarios de Organización en el PSOE, José Luís Ábalos y Santos Cerdán, hayan pasado por prisión preventiva —el primero, de hecho, espera desde Soto del Real su inminente sentencia en el caso Mascarillas—, ahora es el turno de que se siente ante el juez quien ha sido su faro moral, su escudero en campañas electorales y su hombre de confianza en algunas negociaciones. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para responder sobre dos investigaciones que tiene abiertas: las presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el origen de las joyas localizadas durante el registro de su despacho.
La declaración comenzará a las nueve de la mañana y se podría prolongar hasta el jueves. Por motivos de seguridad y ante la gran expectación mediática prevista, Zapatero entrará en la sede judicial por la puerta principal utilizada habitualmente por los magistrados. El Gobierno es especialmente cauteloso en este caso. Este martes, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz reclamaba "respeto" por la presunción de inocencia de Zapatero. El expresidente tiene toda la "confianza" de Sánchez, que espera que su antecesor "dé todas las explicaciones" ante el juez. Los socialistas ya no califican de lawfare esta trama, como sí se apresuraron a hacer cuando saltó la noticia de la imputación. El expresidente ha decepcionado profundamente a muchos miembros del PSOE cuando en un primer momento afirmó que las joyas encontradas en su despacho eran una herencia familiar y estaban valoradas en 50.000 euros. La tasación pericial ha elevado esta cifra por encima de los 1,3 millones de euros.
En la causa sobre Plus Ultra, Calama atribuye al exdirigente socialista presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. En cuanto a la pieza abierta a raíz de las joyas intervenidas en su despacho, lo investiga por posibles delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. El magistrado ha decidido que Zapatero declare sobre ambas investigaciones en una misma comparecencia, a pesar de que la defensa del expresidente pidiera sin éxito aplazar las explicaciones sobre las joyas. El juez también ha rechazado este martes la petición de las acusaciones populares para que todos sus representantes pudieran asistir a la declaración de Zapatero. Calama ha determinado canalizarlo todo a través del equipo jurídico designado por el PP, que encabeza esta representación conjunta.
El caso Plus Ultra
El sumario del caso Zapatero, al que ha tenido acceso este periódico, sitúa al expresidente como líder de una organización criminal dedicada a influir ante organismos públicos para favorecer intereses empresariales a cambio de beneficios económicos. El juez considera que desde su oficina en la calle Ferraz de Madrid aprovechaba sus contactos de alto nivel con administraciones españolas y extranjeras (como Venezuela) para obtener decisiones favorables para sus clientes. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el domicilio del expresidente habría sido utilizado como espacio de coordinación de las actuaciones más sensibles de la trama. A pesar de estas sospechas, el juez descartó autorizar el registro de la casa, pero sí del despacho.
Aquella operación también afectó a las oficinas de Whatefav, la empresa de sus hijas; y otras sociedades relacionadas con su entorno, como Análisis Relevante, la principal sociedad investigada en el caso y propiedad de su amigo Julio Martínez, también imputado. Los informes también atribuyen a Zapatero la condición de principal beneficiario de la estructura investigada. En el marco de la investigación, la Audiencia Nacional acordó el bloqueo de las cuentas del expresidente hasta un máximo de 490.780 euros.
Para recibir los fondos ilícitos y darles apariencia de legalidad, el entramado creó una estructura societaria descrita por los propios investigados como una "boutique financiera". Se utilizaban empresas pantalla e instrumentales para emitir facturas falsas y firmar contratos de asesoramiento ficticios. Se calcula que Zapatero acabó embolsándose dos millones de euros.
Uno de los presuntos clientes de esta trama es la aerolínea Plus Ultra. La polémica —sobre todo porque entonces sitúa todas las miradas sobre el Gobierno— nace del rescate de esta empresa durante la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus. El rescate fue de 53 millones de euros y fue concedido por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. El informe subraya el "liderazgo no visible" del exlíder del PSOE en la trama. Los investigadores creen que es "consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada".
Una colección de joyas valorada en 1,3 millones de euros
En un auto, el juez imputó a Zapatero y ordenó registrar su despacho, en la calle Ferraz de Madrid, justo enfrente de la sede central del PSOE. Los agentes de la UDEF encontraron una caja fuerte y, dentro, collares, pulseras, anillos y pendientes ornamentados con diamantes, rubíes y esmeraldas. El magistrado ordenó un informe pericial de las joyas, y ahora se ha confirmado que estas tienen un valor superior a los 1,3 millones de euros.
Ante esto, el juez ha decidido ahora abrir una pieza separada e imputarle también por contrabando y delito fiscal. El instructor indica que la posesión de bienes de lujo y la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición constituye "un indicio de la existencia de una defraudación tributaria relevante". Además, apunta que la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal alrededor del 46%. De esta manera, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros.