Dos años después de que el Gobierno iniciara los trámites del anteproyecto de ley de memoria democrática, este empieza a ver la luz al final del túnel. Una vez la Comisión Constitucional del Congreso dió el 'sí', la ley ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. La norma tira adelante con los votos contrarios de PP, Vox y Cs, también de Junts y la CUP -por motivos bien diferentes- , y la abstención d'ERC. Con todo, hay que echar un vistazo a la nueva ley que se aprobará y que ha sufrido modificaciones a lo largo de este recorrido.
La primera clave de la nueva memoria democrática: la ilegalidad del régimen franquista
El primer aspecto clave a tener en cuenta es la "nulidad de las resoluciones de los tribunales del régimen franquista" y la "ilicitud del franquismo". El cambio, pues, se perpetúa en que los tribunales y órganos franquistas no están calificados sólo de "ilegítimos" sino que son "ilegales". El texto reconoce "la conquista de los derechos y libertades" gracias a "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" que llevaron luz y claridad en la transición a la democracia. Define los crímenes de la dictadura como "gravísimos" y habla del "derecho inalienable de la ciudadanía al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista" y se especifica en qué, sobre todo, es un "derecho de las víctimas". Yendo más allá, menciona la "importancia de honrar a las víctimas que se opusieron de toda forma al régimen" y la "relevancia de mantener viva la memoria del pasado". Es por eso que la ley, además, "condena" y "repudia" el golpe de estado efectuado en 1936.
La ley de amnistía no se modifica
El punto más polémico del proyecto de ley radica en la voluntad del gobierno de coalición de no alterar la ley 46/1977, es decir, la ley de amnistía. Esta es una de las demandas principales de ERC y JxCat que no ha satisfecho el ejecutivo español, y supone la razón principal de su abstención alegando que no se atreve a hacer "verdadera justicia y reparación". Así pues, la ley de 1977, que se convertía en un impedimento para juzgar los crímenes de la dictadura, no será derogada. La novedad en este punto se focaliza en una enmienda presentada por Unidas Podemos y el PSOE, en la cual la ley de amnistía tendrá que ser intepretada en base al derecho internacional. Así, los crímenes de guerra y lesa humanidad no podrán ser amnistiados. En las vulneraciones de este derecho internacional humanitario intervendrá una figurada creada según esta ley: el Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, quien "impulsará los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados".
Vulneración de derechos humanos hasta 1983
La oposición de la derecha ha concentrado a todas las críticas en esta novedad del proyecto ley. La idea inicial, y actual, es que se abarca el periodo de violencia y persecución hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. Es decir, es el último año que entra en consideración el reconocimiento de las víctimas del franquismo. No obstante eso, el PSOE y Unidas Podemos sí que han aceptado una enmienda según la cual, en el plazo de un año, el ejecutivo español formará una "comisión técnica" por elaborar un estudio sobre la "supuesta vulneración de derechos humanos a personas por su lucha para la consolidación de la democracia" entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983.
Un banco de ADN
El dictamen recoge la creación del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura adscrito al ministerio de Justicia. Tendrá por funciones la "recepción y almacenaje" de los perfiles de ADN de víctimas de la guerra y de la dictadura y de sus familiares, con el fin de poder comparar estos perfiles de ADN con vistas a la identificación genética de las víctimas. En todo caso, la aportación de las muestras biológicas familiares serán siempre "voluntarias y gratuitas". Después de la aprobación de la Comisión Constitucional, se ha añadido "a las personas afectadas por la substracción de recién nacidos", es decir, que habla de los recién nacidos robados.
La lengua catalana, vasca y gallega
Uno de los últimos puntos introducido al proyecto de ley es la consideración de "víctimas" de "las comunidades de las lenguas y culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos en los cuales sus hablantes fueron perseguidos por hacer uso". Gracias a la negociación entre el Gobierno y los grupos políticos, las víctimas obtendrán el "derecho al reconocimiento y reparación integral por parte del estado". No es todo, porque se realizará una evaluación de la "represión y persecución cultural y lingüística del franquismo".
Potenciar el papel de víctimas de las mujeres
"Las mujeres humilladas, vejadas, violadas, perseguidas o castigadas por su actividad pública o política, o por el simple hecho de ser mujeres y haber transgredido los límites de la feminidad tradicional" se recogen en esta ley para potenciar su "recuerdo" y tiene que recogerse su "contribución a la memoria democrática". Seguidamente, se pone en marcha una investigación sobre el exilio de las mujeres, la trayectoria individual de cada una de ellas y su aportación a la restauración de la democracia". Además, está el imperativo de incluir contenidos educativos a la ESO y Bachillerato en materia de "lucha por los valores y libertades democráticas" y formación "permanente" al profesorado sobre el "tratamiento escolar de la memoria democrática". Por último, el documento reconoce que las personas LGTBI sufrieron una "represión sistemática con motivo de su orientación sexual o identidad de género". El 31 de octubre se declara como el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas.
La búsqueda de las personas desaparecidas
La localización e identificación de las personas desaparecidas engloba un apartado importante en este proyecto de ley. Mediante la confección de un mapa integrado creado por la Administración General del Estado, se pretende ubicar a todas las personas a lo largo de todo el territorio español y que se vaya actualizando periódicamente. Esta tarea será "gradual" y comprende a las personas ausentes de la guerra y la dictadura. Para su desarrollo, el departamento competente en materia de memoria democrática elaborará "planes plurianuales de búsqueda, localización, exhumación e identificación de los mismos".
La "resignificación" del Valle de los Caídos
Este conjunto monumental cambiará de nombre. La intención de este emblema de memoria democrática es aportar una "resignificación" con el fin de dar a conocer las circunstancias de su creación, el periodo histórico en que se encuentra y su significado, con el fin de "reforzar los valores constitucionales". Sólo se podrán yacer los restos mortales de personas muertas a consecuencia de la guerra, como en su sitio de "reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí enterradas". Finalmente, se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por resultar "incompatibles sus fines con los principios y los valores constitucionales".