Si hay un acto de amor, este es la memoria, decía la poeta y luchadora antifranquista Montserrat Roig. Delante de aquellos que creen que hace falta dejar en el olvido hechos horripilantes y no aprender para evitar que se vuelvan a repetir, este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de Memoria Democrática, una ley que incorpora notables avances aunque "no es suficiente", aseguran los partidos independentistas catalanes. Un primer paso que consideran que requerirá muchos otros pasos. Se ha aprobado con los votos a favor de los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), Bildu, PNV, PDeCAT, Más País y Compromís, dos años después de que el Gobierno iniciara los trámites de este anteproyecto que después se quedó congelado por la falta de apoyos. Fue el mes de junio cuando se reactivaron las negociaciones, y el texto ha llegado al hemiciclo también con opositores del mismo partido que lo ha trabajado, el PSOE, y es que históricos como los expresidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, el exministro Julián García Vargas o el exdiputado Luis Berenguer se han sumado a un manifiesto contra esta norma que supone una profundización en la ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada bajo el mandato de José Luis Rodriguez Zapatero.
El nuevo texto amplía hasta 1983, cinco años después de aprobarse la Constitución, el reconocimiento de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica. También se declara la ilegalidad de los tribunales franquistas y del régimen y reconoce las luchas de "movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" para alcanzar la democracia. El punto más polémico del proyecto de ley radica en la voluntad del gobierno de coalición de no alterar la ley 46/1977, es decir, la ley de Amnistía. Esta es una de las demandas principales de ERC, Junts y la CUP que no ha satisfecho al ejecutivo español, y supone la razón principal para no dar apoyo, alegando, que no se atreve a hacer "verdadera justicia y reparación". Así es porque esta ley es la responsable de que ningún dirigente franquista haya sido juzgado. Desde la tribuna ha defendido la ley al ministro de la Presidencia Félix Bolaños, que ha reconocido que la norma llega tarde, pero ha subrayado que hace "mejor" España como país y hace "más digna la democracia". Cree que esta norma tendrá que servir "para pasar definitivamente página del pasado más oscuro y más negro" del país y hacer que España se parezca más a países de su entorno que también sufrieron regímenes totalitarios: "Profundiza en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".
También la vicepresidenta Yolanda Díaz ha definido la nueva ley de un "bálsamo reparador" que reescribe la historia de España: "Esta ley hoy hace mucho mejor a nuestro país", ha dicho bien igual que Bolaños en declaraciones en la prensa desde el patio del Congreso de los Diputados, rodeada de víctimas de la dictadura que han asistido al debate. Díaz se ha referido a los luchadores antifranquistas como héroes y heroínas que hicieron posible la democracia, y ha hecho una reflexión sobre la importancia de la memoria: "Las hijas de todas tienen derecho a conocer que pasó en nuestro país". Ha sido en el patio donde la vicepresidenta también se ha encontrado y abrazado con el histórico militante del Partido Comunista (PCE) Víctor Díaz-Cardiel.
Recuerdo a un Joan Tardà indignado
En el debate de la norma, la diputada de ERC Carolina Telechea ha criticado que la ley quede muy lejos de lo que tendría que ser una reparación justa a las víctimas. Si bien ha reconocido avances en la ley que ha asegurado que han estado gracias al liderazgo en las negociaciones del exlíder de ERC en el Congreso Joan Tardà, ha manifestado su abstención como un gesto "de inmensa generosidad" y ha avisado de que "los vigilarán de cerca" para que se haga justicia de verdad. "Con lo que hoy se aprueba la herida sigue sangrando porque no se cambia la ley de amnistía (...) una ley de impunidad para verdugos". Telechea ha querido recordar Joan Tardà en su discurso, que desde el mes de agosto ha ido en reiteradas ocasiones a Madrid para aportar mejoras a una ley que a pesar de las nuevas incorporaciones, ve claramente insuficiente, y por este motivo criticó que ERC haya decidido hacer una simple abstención.
Desde Junts Josep Pagès ha criticado que aunque la ley hable de justicia, "no permita juzgar a nadie", en referencia también al hecho de que no se haya derogado la ley de Amnistía. "Sobra la declaración solemne y falta concreción jurídica", ha dicho el diputado de Junts. A su vez el cupaire Albert Botran ha pedido que con esta ley hoy "no se cierre nada" ni se archiven los crímenes del franquismo, y ha puesto de manifiesto la necesidad de tener unas instituciones propias para poder trabajar la verdad, la justicia, y la garantía de no repetición "para todos los antifascistas".
Polémica con Vox por Puig Antich
Los partidos de la derecha han rechazado frontalmente la propuesta, además de menospreciarla. Durante el debate se ha producido un momento polémico cuando el diputado de Vox Francisco José Contreras ha justificado que Puig Antich, al cual ha hecho referencia la diputada de ERC, fue condenado a muerte "por matar a un policía". En este momento los diputados de ERC han decidido abandonar la sala de sesiones para mostrar el rechazo a esta justificación del asesinato de uno de los últimos presos políticos ejecutados con el garrote vil por la dictadura franquista. También se han sumado a la protesta diputados de Bildu y de Unidas Podemos.