Seis años han pasado desde que una sentencia firme autorizó la exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña del Valle de los Caídos y todavía no se ha ejecutado. El Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo del Escorial autorizó en el 2016 la exhumación para recuperar los restos de los hermanos y en septiembre de 2021 el Gobierno dio luz verde a los trabajos de exhumación, pero todo sigue igual; paralizado. Según explica El País, el ministerio de la Presidencia, del que depende la secretara de Estado de Memoria Democrática, y Patrimonio Nacional lo tienen todo preparado para intervenir el mausoleo desde septiembre del año pasado, pero un avalancha de recursos presentados por particulares y asociaciones franquistas lo han parado todo.
Una familiar de los hermanos enterrados al Valle de los Caídos, Purificación Lapeña, explica al citado diario que "durante estos años han muerto muchos hijos que no podrán ver cumplidos sus sueños (de recuperar los restos de los familiares), uno de ellos es Manuel Lapeña, que, a sus 97 años, no pudo esperar más y murió el pasado 12 de septiembre". Además, desde el Gobierno aseguran entender la desesperación de los familiares y recuerdan que todo está preparado desde septiembre pero los mismos que intentaron impedir la exhumación de Franco intentan ahora obstaculizar las exhumaciones que piden a 104 familias.
La estrategia de los franquistas
La estrategia lleva el nombre de un abogado que ya tiene experiencia en obstaculizar exhumaciones (lo hizo con la de Franco) y es Francisco Javier Zaragoza, que ya consiguió suspender de manera provisional las actuaciones para exhumar al dictador; lo hizo gracias al juez José Yusti pero finalmente el Tribunal Supremo aprobó el procedimiento. Este letrado es hijo de Pedro Zaragoza Orts, que tal como asegura el citado diario es un falangista miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco hasta el día de su muerte en el 2009. Por su parte, el juez Yusti es hijo de almirantes franquistas y se hizo famoso por presumir de sus ataques a la memoria histórica de España.
El pasado mes de noviembre un juzgado ya ordenó paralizar la intervención en las criptas de la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos a petición de una demanda de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Una medida cautelar de suspensión de la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a Patrimonio Nacional para rehabilitar los accesos de las criptas. El Juzgado Contencioso-administrativo número de 20 de Madrid es el que adoptó esta medida cautelar antes de que se estudiara a fondo el recurso interpuesto por la asociación al considerar que se podrían producir daños irreparables. La asociación solicitó la suspensión alegando el "derecho fundamental a la intimidad de los muertos y sus familias", que denuncian que se vería vulnerado si se ejecutan las obras solicitadas.
Un proyecto de obras que encabezó la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Aseguraba que son obras necesarias para el acceso del paso interior a los diferentes niveles de las criptas. El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó el abril pasado a este ayuntamiento la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.