El PSOE votará en contra de la proposición no de ley presentada por el PP que instaba el Gobierno a recurrir el decreto del catalán para evitar la aplicación del 25% de castellano en las aulas tal como exige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Así lo ha avanzado el portavoz del partido, Héctor Gómez en una rueda de prensa en el Congreso: "No queremos establecer una guerra, una batalla campal política, porque consideramos que las sentencias están para cumplirlas en el ámbito educativo, ha apuntado, resaltando que no darán apoyo a la iniciativa de los populares porque no quieren entrar en estas Cuestiones, batallas y contiendas políticas. En la misma línea, ha insistido en "acatar la sentencia del TSJC" y ha apostado por la "defensa de las lenguas cooficiales". Siempre hemos mantenido la misma posición, que también quedó reflejada en la ley del audiovisual, amparados en el mandato constitucional, ha querido aclarar, aunque esta ley audiovisual se acabó aprobando gracias a la abstención del PP y partidos como ERC van finalmente votar en contra.

El PSC, contra el decreto

En este contexto, el PSC ya se desmarcó desde el principio del pacto sobre el catalán al sistema educativo. Alicia Romero, portavoz del partido, explicó en un tuit los motivos por los cuales su formación no dará apoyo al decreto ley aprobado por el Gobierno. "Desafía los tribunales, no da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos y no menciona el uso curricular del castellano", añadía. Esta confirmación por parte de Romero llegaba minutos después de que el PSC amenazara con no aprobar el decreto del catalán si la intención del ejecutivo de Pere Aragonès era esquivar la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Y así lo hicieron. 

El PP ha impulsado la iniciativa con el objetivo de pedir al Ejecutivo que recurra y deje en suspenso el decreto de la Generalitat. Concretamente, pide que se requiera en el Gobierno el cumplimiento, en sus términos, de la sentencia del TSJC, firme desde el 20 de enero del 2022, y de la doctrina constitucional, que dispone que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, mientras que el decreto y la ley utilizan el término curricular. Además, reclama que se recurran cada una de las disposiciones que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia.

La respuesta del CGE

Mientras tanto, en Catalunya el Consejo de Garantías Estatutarias ha avalado por unanimidad la ley sobre el catalán en la escuela impulsada por PSC, ERC, Junts y comuns, después de un bloqueo que se ha alargado más tiempo del previsto. Tan pronto como los cuatro partidos del Parlament llegaron a un acuerdo para aprobar una ley ad hoc para dar respuesta a la sentencia que impone el 25% del castellano a la escuela, Vox, Ciutadans y PP decidieron torpedearlo para conseguir que la ley no fuera aprobada antes del 31 de mayo, plazo que fijaba el ultimátum del TSJC para cumplir el 25%. Finalmente, los partidos no pudieron aprobar esta ley antes de este plazo, pero sí que lo podrán hacer esta misma semana. Aunque también llevaron decreto al Consejo de Garantías, este está en vigor.