Vox, Cs y PP han vuelto a mostrar unidad para intentar evitar que el catalán sea lengua vehicular de la escuela. Si la semana pasada movieron hilos para frenar la aprobación de la ley sobre el catalán pactada por PSC, ERC, Junts y comuns en el Parlament, esta semana han repetido la operación para obstaculizar el decreto ley aprobado por el Govern el lunes pasado para proteger las escuelas y evitar la imposición del 25% del castellano. Así, este jueves por la tarde los tres grupos han presentado al registro la solicitud del dictamen, y como ya hicieron en la ley del catalán, han alegado que vulnera el Estatuto y la Constitución.

Esta decisión llega, nuevamente, de forma repentina. La semana pasada, la solicitud de dictamen del CGE ya fue sorprendente porque era la primera vez que la ultraderecha de Vox optaba por esta vía. Hasta entonces, siempre había clamado a favor de cerrar el Consejo, alegando que llevaba a cabo unas funciones duplicadas con la administración central y por lo tanto, inútil. A pesar de eso, los de Ignacio Garriga rompieron sus principios con "el único objetivo" de paralizar la defensa del catalán en las escuelas. Este movimiento ha permitido parar el trámite de la ley del catalán a la cámara catalana.

Ahora bien, con el decreto ley los de Vox no lo vieron útil y desde un principio se desmarcaron. ¿Por qué no lo querían hacer en esta ocasión? El decreto ley, a diferencia de una ley del Parlament, ya está en vigor, y es que su vigencia es tan pronto como se registra en el DOGC. Ahora simplemente está pendiente de que el pleno del Parlament lo convalide, y tiene un mes para hacerlo. A pesar de eso Ciutadans ya anunció que lo quería llevar al Consejo de Garantías, una acción que no puede hacer un grupo en solitario. Fue necesario que la líder de Cs Inés Arrimadas cargara contra los ultras en su perfil de Twitter y les reclamara que se sumaran a la apuesta de llevarlo al CGE. Según fuentes de Vox, el cambio de opinión es para "poner más trabas en las trampas e incumplimientos" del Govern. Además, los ultras confían en que, a cambio, Ciutadans y el Partido Popular votarán en el Congreso su petición de aplicar el artículo 155 de la Constitución con el fin de intervenir y aplicar "inmediatamente" la sentencia del 25% que la Generalitat "ignora reiteradamente".

 

La ley sobre el catalán

La norma que está parada y sin novedades es la de los cuatro grupos parlamentarios, la ley ad hoc hecha para complementar el decreto del Govern, y que establece que el catalán es lengua vehicular y el castellano curricular. El jueves pasado los tres grupos de la derecha registraron la solicitud de dictamen y desde aquel momento quedó paralizada. Este órgano tiene ahora hasta el lunes de la semana que viene para publicar el informe, y una vez hecho este trámite, la ley se podrá probar en pleno al Parlamento, posiblemente miércoles antes de iniciarse la sesión de control al Gobierno y al presidente de la Generalitat.