Indignación y rabia. Es lo que han expresado esta noche más de 200 personas ante la delegación del gobierno en Barcelona, desde donde han exigido saber la verdad de qué pasó en el atentado del 17 de agosto en Catalunya, después de que el ex comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo haya declarado ante la Audiencia Nacional que los atentados en Barcelona y Cambrils fueron fruto de un "error de cálculo" del CNI, el servicio de inteligencia español.
"El CNI calculó mal las consecuencias de dar un pequeño susto a Catalunya", ha dicho Villarejo, una definición bien desafortunada para unos actos terroristas que costaron la muerte de 16 personas y 140 heridos. Es así como decenas de personas han protestado en la capital catalana reclamando justicia, en una convocatoria bajo el título "Contra su violencia, independencia" promovida por la Assemblea Nacional Catalana y donde han asistido, entre otros, el conseller Jordi Turull, y los representantes de Junts Jordi Sànchez, Elsa Artadi y Francesc de Dalmases.
Jordi Turull en la protesta para exigir la verdad del 17-A / Sergi Alcàzar
Desde allí, la presidenta de la entidad independentista, Elisenda Paluzie, ha explicado que no quieren normalizar las declaraciones de Villarejo porque hay una cosa que prevalece por encima de todas, el derecho a la verdad, que lo tienen que tener las víctimas, sus familiares y el conjunto de la ciudadanía de Catalunya: "Por eso hemos convocado, para exigir la verdad".
La convocatoria, que se ha alargado una hora, se ha desarrollado sin incidentes, y en ella los participantes se han dirigido al Gobierno con gritos como "estado español terrorista", "fuera de las fuerzas de ocupación", "CNI asesino", y también han protagonizado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del atentado. Aparte, había carteles que reclamaban la independencia y la libertad, además de varias esteladas.
Manifestantes en la delegación del Gobierno / Sergi Alcàzar
Respuesta contundente de las autoridades catalanas
Más allá de la movilización en la calle Mallorca de Barcelona, las declaraciones de Villarejo han causado una fuerte indignación entre las principales autoridades catalanas. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que si las palabras de Villarejo son ciertas, hacen falta explicaciones urgentes: "Conocemos bien como funcionan las cloacas del Estado, por eso exigimos que se investigue con el fin de aclarar la verdad". También ha anunciado que han pedido a los servicios jurídicos de la Generalitat que estudien las declaraciones y las acciones legales pertinentes que se puedan emprender.
Por su parte la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha acusado el Gobierno "de ocultar información" sobre el atentado, y ha asegurado que es "absolutamente imprescindible" saber la verdad, mientras que ha argumentado que no se tiene que ocultar más información bajo la premisa del secreto oficial, ya que no aporta credibilidad. Asimismo, ha encargado a los servicios jurídicos del Parlament que preparen una denuncia a Fiscalía para que se investiguen los hechos que se desprenden de las declaraciones.
También el presidente Carles Puigdemont ha defendido que el Estado español tiene responsabilidades en el atentado en la Rambla, sobre todo por su negativa a investigar a fondo las conexiones del cerebro del atentado, el imán de Ripoll, con los servicios secretos españoles. Según el presidente, las declaraciones del excomisario tienen validez, ya que ha estado "en el meollo de la cloaca que hay en el Estado español". Y, por lo tanto, sabe de qué habla.
No es todo. Seis partidos con representación en el Congreso de los Diputados (Junts, ERC, CUP, Bildu, PdeCat y BNG) y Més per Mallorca han registrado una petición para crear una comisión de investigación sobre los atentados del 17-A después de las declaraciones del ex comisario. Los siete partidos consideran que estas declaraciones son una acusación "grave" de colaboración del CNI con células terroristas yihadistas y la utilización del terrorismo de Estado contra población civil por parte de los servicios de inteligencia y los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado".