La nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha quedado este viernes bajo el foco mediático después de que varios medios, como el diario ABC, hayan revelado que durante su etapa en la Generalitat Valenciana adjudicó varios contratos públicos a una de las empresas presuntamente implicadas en la trama de corrupción que ha precipitado la caída de su antecesor, Santos Cerdán. Según las informaciones publicadas, Torró —que fue consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat durante el gobierno de Ximo Puig entre mayo del 2022 y julio del 2023— concedió al menos dos proyectos a Levantina, Ingeniería y Construcción SL, una firma vinculada a José Ruz, uno de los investigados por el caso Cerdán que ha declarado este viernes en el Tribunal Supremo.

El primero de los encargos bajo sospecha se adjudicó el 24 de octubre del 2022 por un importe de 1.106.304,04 euros a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Díez y Compañía SA y Levantina SL. El proyecto, con financiación europea, consistía en la permeabilización ciclopeatonal de la autovía CV-35 a la altura del municipio valenciano de Sant Antoni de Benaixeve, y contó con una única otra oferta presentada, según consta en la Plataforma de Contratación. Posteriormente, la misma UTE recibió la adjudicación de dos obras más: el 7 de noviembre, por valor de 506.000 euros, para construir una pasarela metálica sobre la CV-35 en Llíria; y el 1 de diciembre, por un importe de 978.000 euros, para ejecutar la infraestructura de acceso para peatones y ciclistas en el apeadero de Omet, en el municipio de Picassent.

En febrero del 2023, la conselleria encabezada por Torró volvió a adjudicar un nuevo contrato a Levantina SL, esta vez en solitario y por un importe de 578.376,02 euros. La empresa se impuso a la única otra candidata que se presentó al concurso para ejecutar una estructura destinada a acoger los puntos de venta de billetes para los viajes a la isla de Tabarca desde el puerto de Santa Pola, en Alacant. El proyecto incluía también la creación de un espacio de sombra para las zonas de espera y la reurbanización del aparcamiento adyacente, según ha informado el ABC.

Durante los dos mandatos de Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana, entre el 2017 y el 2023, Levantina SL, actualmente bajo sospecha judicial, recibió una decena de contratos públicos. Uno de estos encargos fue gestionado por Torró, que en aquel momento justo acababa de asumir la conselleria. El proyecto, adjudicado pocos días antes de que tomara posesión y formalizado bajo su responsabilidad, era el más elevado económicamente de los que constan: 5,2 millones de euros para la construcción de un paso inferior en Benidorm, destinado a la línea 9 del TRAM. El contrato había sido iniciado por su antecesor, actual secretario de Estado de Política Territorial.