El Gobierno ha frenado a última hora la entrada en vigor del nuevo sistema de indemnizaciones por retrasos que debía afectar a Renfe a partir de este jueves 1 de enero. A pesar de que la Ley de Movilidad establecía que la compañía pública debía aplicar compensaciones más exigentes a sus pasajeros de alta velocidad, el Ministerio de Transportes ha decidido mantener el régimen actual de compensaciones, que es menos garantista para los usuarios. El Ministerio lo ha justificado amparándose en un informe emitido por la Abogacía del Estado, según el cual Renfe “no tiene ninguna obligación de aplicar la norma a partir del 1 de enero”, ya que sería necesario aprobar una norma “complementaria” para poder desplegarla de manera efectiva. Esta decisión implica que la compañía pública queda, de momento, libre de aplicar las compensaciones adicionales previstas por ley.

En el comunicado difundido este miércoles, el Ministerio ha confirmado que ha puesto en marcha el procedimiento para modificar el reglamento del sector ferroviario y dice que el sistema de indemnizaciones "continuará en las mismas condiciones" mientras dure el trámite administrativo. En este sentido, Óscar Puente declaró en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, el pasado día 23, que el asunto estaba en estudio jurídico, porque consideraba que no es legal obligar solo a uno de los tres operadores a devolver el dinero de los billetes si sus trenes se retrasan. "Esto solo se exige a Renfe, pero hay dos empresas más operando, y se podría dar la paradoja de que se pare un tren de Ouigo, afectando a cinco trenes de Renfe detrás y que sea Renfe la única que tenga que indemnizar a sus viajeros", argumentó el ministro.

La decisión del Gobierno llega, además, después de que el Congreso de los Diputados aprobara, a mediados de noviembre, una enmienda impulsada por el PP que obligaba a Renfe a recuperar su antiguo sistema de indemnizaciones por retrasos en trenes de alta velocidad y larga distancia. La medida, que no afectaba a operadores privados como Ouigo o Iryo, exigía compensaciones a partir de 15 minutos de demora, un criterio más exigente que el que se aplica actualmente. Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez ya advirtió entonces que aquella enmienda no tendría efectos prácticos inmediatos.

Incremento de los precios

Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha defendido en los últimos días la vigencia del sistema actual, asegurando que el nuevo régimen de indemnizaciones costaría más de 125 millones de euros anuales a la compañía. Según sus cálculos, esta carga económica obligaría a incrementar las tarifas hasta un 10%, lo que repercutiría negativamente en la accesibilidad del servicio y desplazaría alrededor de un 5% de los pasajeros hacia las operadoras competidoras