El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la proposición de ley sobre una buena administración, impulsada por el PSC, ERC y los Comuns. El texto, que se ha tramitado por el procedimiento expreso de lectura única, busca reforzar los derechos de la ciudadanía ante las instituciones públicas y mejorar la relación con la administración. Una de las principales novedades es que las personas no tendrán que devolver las prestaciones destinadas a cubrir necesidades básicas si las han recibido indebidamente por un error administrativo. La norma también prohíbe la obligatoriedad de la cita previa para ser atendido y reconoce el derecho de cualquier ciudadano a rectificar un error hecho de buena fe para evitar posibles sanciones. El texto ha recibido el apoyo del PSC, Junts, ERC, PPC, Comuns y CUP, mientras que Vox y Aliança se han abstenido. En total, se han incorporado algunas de las 24 enmiendas presentadas (21 de Junts y 3 del PPC) antes de su aprobación definitiva.
Durante el debate final, la diputada del PSC Ivana Martínez ha asegurado que la ley representa “el inicio de una gran reforma de la administración” y que permitirá una relación “más justa, cercana y humana” con la ciudadanía. Desde ERC, el portavoz adjunto Jordi Albert ha destacado que el texto ofrece “más garantías jurídicas” tanto para las personas como para los empleados públicos. En la misma línea, Lluís Mijoler, de los Comuns, ha remarcado que la nueva norma sitúa “la confianza en el centro” de la relación con la administración, y ha defendido que “esto también es una manera de hacer democracia”.
"Más garantías jurídicas"
Por contra, el diputado de Junts Isaac Padrós ha criticado que los partidos impulsores hayan rechazado algunas propuestas de su grupo: “Quien es de izquierdas no puede decirle a la gente que, si no entiende un papel, contrate a un abogado. Es una vergüenza”, ha afirmado. La diputada del PPC, Àngels Esteller, ha reclamado que el castellano no quede subordinado al catalán dentro de la administración y ha defendido que esta sea “cercana, pero también exigente, eficiente y ejemplar”.
El nuevo redactado de la ley, que modifica diversos artículos de la Ley 26/2010, también introduce la obligación de utilizar un lenguaje administrativo claro y accesible. Además, establece que los empleados públicos solo podrán ser considerados responsables de actos u omisiones si ha habido dolo, culpa o negligencia grave. Con estos cambios, la mayoría parlamentaria asegura que se da un paso adelante hacia una administración más transparente y respetuosa con los derechos de la ciudadanía.