A la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano en las aulas de Catalunya, algo que hundiría al modelo de inmersión lingüística en el país, la CUP ha registrado esta mañana en el Parlamento su propuesta de ley para blindar la lengua en la escuela. Se trata de la Propuesta de Ley sobre la regulación de los usos lingüísticos en los proyectos educativos de centros. Para elaborarla, los cupaires trabajaron con la Plataforma per la Llengua y también con los sindicatos con el objetivo, explican, de "poder garantizar el catalán como lengua vehicular a la escuela, hacer efectiva la inmersión lingüística y revertir los retrocesos", ya que ,consideren, hoy por hoy, el sistema no está garantizando la competencia básica en catalán del conjunto del alumnado. Desde Plataforma per la Llengua han denunciado numerosas veces que hay muchos alumnos que acaban la educación secundaria sin poder conversar en catalán.
Laia Estrada, líder de la CUP en el Parlamento, ha registrado este lunes la proposición y en rueda de prensa ha pedido apoyo al resto de grupos parlamentarios para tramitarla de urgencia. "Vamos a contrarreloj", ha manifestado la diputada, en referencia a la inminente sentencia del Constitucional, que se esperaba para este curso escolar, pero que continúa sin hacerse pública. Su idea es que se pueda tramitar en los dos plenos que quedan este mes de julio, la semana que viene y la siguiente, ya que el próximo pleno del Constitucional tendrá lugar el 22 de julio. De momento, ha dicho Estrada, por parte de Junts han recibido mucha "predisposición". Con todo, sin embargo, necesitarían más apoyos.
Derogar la ley aprobada la pasada legislatura
Según Estrada, se trata de una "propuesta de país, para el país, a la que tendrían que sumarse todos los actores que llegaron a un acuerdo la legislatura pasada", ha afirmado Estrado en referencia al pacto para|por el catalán y por el decreto aprobado por el Gobierno Aragonès, al cual la CUP no se sumó, integrado por PSC, Junts, ERC y los comuns. La voluntad final de la propuesta es derogar la Ley 8/2022, eliminar la referencia al castellano como lengua curricular ante la posible interpretación que pueda hacer el Constitucional; y reforzar el uso del catalán como lengua vehicular, incorporando los aspectos útiles del Decreto 6/2022 y desplegando medidas efectivas para garantizar el aprendizaje. En el último pleno del Parlament, la CUP ya llevó una propuesta relacionada con el catalán a la escuela: el PSC se abstuvo a la hora de explorar iniciativas legislativas para proteger los centros ante el previsible golpe del Constitucional y los socialistas y los comunes descartaron hacer un examen a finales de 4t de ESO para conocer el nivel real de los alumnos.