Junts per Catalunya quiere incrementar los controles sobre los permisos de paternidad de los temporeros. Con este objetivo, el diputado Isidre Gavín ha registrado una proposición no de ley (sin carácter vinculante y que no tiene consecuencias jurídicas) para instar al Gobierno a reforzar los mecanismos de control y validación documental en la concesión de los permisos de paternidad para trabajadores migrantes temporeros. La iniciativa, que será debatida y votada en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en los próximos meses, insta al Gobierno a hacer cumplir la normativa vigente y, si hace falta, modificarla para introducir “más garantías de transparencia y verificación”. Desde las filas juntaires, detallan que el objetivo es “evitar fraudes” en la percepción de esta prestación, que puede llegar a los 7.000 euros por solicitud, y subrayan que la iniciativa “no cuestiona el derecho de los trabajadores extranjeros a percibir la prestación por paternidad”, sino que reclama un uso “responsable y ajustado a la ley”.

“Para garantizar la correcta aplicación de este derecho y evitar usos fraudulentos que comprometan la sostenibilidad del sistema de protección social, generen disfunciones productivas y agraven al conjunto de trabajadores que ejercen sus derechos con responsabilidad, es necesario reforzar los mecanismos de control documental, especialmente cuando el nacimiento ha tenido lugar fuera del territorio estatal”, esgrime la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat. “Algunas de estas solicitudes han generado preocupación por posibles fraudes, dado que se han presentado casos en los que se ha solicitado el permiso en múltiples ocasiones en un corto periodo de tiempo, alegando el nacimiento de hijos en países de origen sin aportar documentación plenamente verificable”, alega el texto.

“Se pide a los campesinos que cumplan estrictamente la normativa laboral, y es de justicia que la administración estatal tenga el mismo nivel de exigencia con la tramitación de estas ayudas”, ha justificado Isidre Gavín. Asimismo, ha mostrado su voluntad de negociar la propuesta con el Gobierno: “Si el ejecutivo muestra predisposición a aplicar las medidas propuestas, o al menos a hacer cumplir la normativa actual, el grupo estaría dispuesto a retirar la iniciativa”. Si el texto se aprobara en el Congreso, sería una declaración política y no tendría efectos vinculantes ni jurídicos.

¿Qué modificaciones propone Junts?

La propuesta concreta es modificar el artículo 30.2 del decreto que regula las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante el amamantamiento natural para “reforzar los requisitos de documentación cuando el nacimiento ha tenido lugar fuera del Estado”. Entre otras cosas, se incluiría la obligación de presentar certificados de nacimiento y de llegada y de estancia validados por el consulado o embajada española correspondiente y se incorporarían plazos estrictos para que la persona tenga que presentarse ante la autoridad consular en un máximo de quince días después del nacimiento y aportar una prueba de permanencia antes de reincorporarse al trabajo. En caso de incumplimiento de los requisitos, se establecería la revocación de la prestación y el retorno íntegro de los importes recibidos y se abriría la puerta a las empresas a impulsar acciones legales si se demuestra un perjuicio económico derivado de una baja fraudulenta.

Concretamente, el texto prevé que, en primera instancia, los certificados de llegada y estancia no condicionen la percepción de la prestación económica por paternidad y, por lo tanto, el primer mes, el solicitante “tendrá derecho a recibir la prestación económica si cumple con todos los requisitos incluso no habiendo sido entregado el certificado de llegada”. Ahora bien, habrá dos exigencias posteriores que, en caso de incumplirse, harán que se revoque el derecho a la prestación y que obligarán al solicitante a “devolver el importe íntegro” que haya recibido:

  • Pasado el primer mes, tendrá que haber entregado el certificado de llegada a la dirección provincial competente.
  • Transcurridos veinte días desde la reincorporación al puesto de trabajo una vez haya acabado la baja, la dirección provincial tendrá que haber recibido el certificado de estancia.

Todo eso, es lo que figura en la proposición no de ley impulsada por Junts con la voluntad de reformar el real decreto 295/2009, que tiene rango de reglamento (por debajo de las leyes) y que tendría que ser modificado por el Consejo de Ministros (sin necesidad de pasar por el Congreso). Por lo tanto, los juntaires están instando el Gobierno a impulsar esta modificación.

Una medida avalada por las principales organizaciones agrarias

Esta mañana, Junts per Catalunya se ha reunido con las principales organizaciones agrarias, que dan “apoyo explícito” a la iniciativa. Son la Unió de Pagesos, la Revolta Pagesa, la AFRUCAT (la Associació Empresarial de Fruita de Catalunya), la JARC (Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Catalunya) y la ASAJA (la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores). A la reunión han participado, al lado de Gavín, Jeannine Abella (la cabeza de lista de Junts en el Parlament en las comarcas de Lleida, el Alt Pirineu y el Aran), Manel Cònsola (el presidente de la sectorial del Primer Sector) y Josep Maria Cervera (el responsable del ámbito de Trabajo y Seguridad Social del grupo parlamentario en el Congreso).

Las principales entidades del sector agrario llevan desde 2022 alertando sobre un “uso indebido” de esta prestación por parte de algunos trabajadores extranjeros contratados para las campañas de la fruta. Según relatan desde las filas juntaires, estas organizaciones han detectado casos reiterados de solicitudes “múltiples o fraudulentas” en las que los solicitantes “no justifican debidamente” el nacimiento del hijo o su estancia efectiva en el país de origen. A pesar de los reiterados avisos, el Gobierno “no ha actuado con la contundencia necesaria”.