Primera jornada de testigos al juicio al procés, y traspié del "gobierno de la nación", como lo han llamado continuamente tanto Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría. Los dos han evidenciado la falta de diálogo y las posiciones enrocadas. Y también la falta de conocimiento de lo que realmente estaba haciendo tanto el Parlament de Catalunya y el Govern. Han llegado a decir que aplicaron el 155 sin saber exactamente si se había proclamado la independencia o no.

Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, ha rematado el trabajo que había empezado el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, que ha tumbado a Soraya y le ha borrado la sonrisa que ha dibujado a lo largo de las dos horas de declaración.

Pero quien se ha hecho más lío de todos ha sido Cristóbal Montoro. El exministro de Hacienda ha pasado de negar la malversación a intentar justificar la acusación de la fiscalía. Se ha acabado contradiciendo y apuntando como único hecho delictivo la utilización de los locales.

La rebelión de los testigos

Jornada estrambótica, sobre todo porque los testigos están frescos, no tienen nada que perder, y porque, en un juicio político, los testigos políticos, como no podía ser de otra manera, plantan cara.

Si Joan Tardà ha irrumpido como un tsunami queriendo hablar en catalán y diciendo que el juicio es una revancha, Antonio Baños y Eulàlia Reguant han durado bien poco dentro de la sala de vistas cuando se han negado a responder a Vox.

Baños ha hecho hacer de mediador a Marchena.

Con Reguant Marchena no ha entrado en el juego.

Y al final de la sesión ha llegado la multa y la amenaza de imputarlos por desobediencia grave. Manuel Marchena ha dictado una multa de 2.500 euros por Antonio Baños y 2.500 euros más para Eulàlia Reguant por negarse a responder a las preguntas de Vox.

Les da 5 días para repensarse si quieren venir a declarar. Y si lo rechazan, se exponen a un delito de desobediencia grave. Estos cinco días que empiezan a contar a partir de mañana son también el margen para presentar recurso a la misma sala segunda por la multa. En segunda instancia pueden recurrir a la sala de gobierno.

Si mantienen la negativa de venir a declarar, el tribunal deducirá testigo y los procesará por un delito de desobediencia grave. Un delito que comporta de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 18 meses.

Los más planos

Artur Mas, Marta Pascal y Núria de Gispert han hecho unas declaraciones que poco han aportado a la causa. Con Mas hemos revivido el juicio del 9-N.

Marta Pascal ha explicado que recomendó hacer elecciones y dejar la vía unilateral.

Y Núria de Gispert ha relatado cómo actúa el Parlament en una declaración muy técnica, y que cuando se ha animado diciendo que hubiera hecho lo mismo que Forcadell, Manuel Marchena se ha apresurado a dejar sin efecto.

El jueves, más

Este jueves hay 10 testigos más.

A las 10h se empieza con Iñigo Urkullu, presidente del gobierno vasco, que irá seguido de Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de Diputados; Albano-Dante Fachin, exdiputado en el Parlament por Podemos; Ernest Benach, expresidente del Parlament; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior; Xavier Domènech, exdiputado en el Congreso de los Diputados por En Comú Podem y en el Parlament; Josep Ginesta, secretario general de Afers Socials, Treball i Família  (ERC); Francesc Iglesias, secretario de Afers Socials i Família y Adrià Comella, exsecretario general del Departament de Justícia, director de CatSalut.