La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA no citará como investigada a la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé. "Se pretende obviar de manera total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno", responde la magistrada a la acusación popular en una notificación. A su ver, en este caso, el ejecutivo de Carlos Mazón es el máximo responsable de la respuesta ante la catástrofe porque es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en el País Valencià en el ámbito de sus competencias".
El argumento de la jueza de este martes sigue la misma línea que las conclusiones ya expresadas por la magistrada, que consideró que señalar al gobierno de Pedro Sánchez era un "desplazamiento de responsabilidad" y un "reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica, que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, la población, con el resultado mortal conocido".
El pasado 14 de abril Bernabé declaró ante la jueza que el 9 de octubre a las 12.23 horas llamó a quien era consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, para avisarla de que había una persona desaparecida en la comarca de la Ribera, casi ocho horas antes del envío de la alerta masiva. En este sentido, la delegada del Gobierno se sacudió toda culpa asegurando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba preparada para desplegarse, pero que la Generalitat no solicitó la activación hasta las 15.30 horas.
Descarta también el listado de los vehículos que acudieron al Centro de Coordinación
La jueza ha dictado este martes dos resoluciones más. Por una parte, rechaza la solicitud de otra acusación popular para la obtención de las grabaciones de los vehículos que entraron al Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 horas del 29 de octubre pasado. Y por la otra, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido a favor del de Catarroja en una pieza separada.
El Tribunal Superior de Justicia del País Valencià ha notificado también una providencia donde informa de que ha recibido un atestado de la Guardia Civil por la muerte de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de DANA, y la declinación de una acusación particular en nombre de familiares de 64 de los muertos.
Desde que se inició la investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha sumado unas 250 declaraciones de testigos, 227 de las cuales de familiares de las víctimas mortales. Actualmente, en la causa se han personado una cuarentena de acusaciones, ocho de las cuales son acción popular y las restantes acusaciones particulares.