El juez que ha imputado al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a 27 personas más, investiga si los socios del bufete que fundó, Equipo Económico, crearon un "entramado societario" para desviar los fondos que obtenían con su presunta actividad delictiva, que la Guardia Civil y los Mossos sospechan que fue más allá de favorecer en empresas gasísticas.

Montoro, junto con su equipo del ministerio de Hacienda, ha sido investigado desde el año 2018 por un juzgado de Tarragona por corrupción, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción a los negocios y falsedad documental. Cristóbal Montoro, recordamos, fue ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Aznar, entre los años 2000 y 2004, y otra vez en los gobiernos de Rajoy, entre los años 2011 y 2018. Está en esta segunda etapa al frente del ministerio por la cual se lo investiga.

"Entramado societario" para "desviar fondos"

El juez subraya, a partir de los informes de la Guardia Civil y los Mossos que figuran al sumario, que los socios de Equipo Económico "podrían disponer de un entramado societario" que podría haber sido utilizado "para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada". Por este motivo, el juzgado encargó a la Guardia Civil el año 2024 que siguiera el rastro de este dinero presuntamente desviado a través de una veintena de sociedades.

La Guardia Civil, en un informe de octubre de 2023 advirtió de la posibilidad de que el dinero presuntamente obtenido de forma ilícita a cambio de beneficios fiscales o legales se podría haber situado fuera de España, en diferentes países europeos, entre ellos paraísos fiscales como Irlanda o Luxemburgo. Además, ponía de relieve que Equipo Económico y una de las empresas del entramado habrían ingresado dinero procedente de países como Colombia, Panamá, Estados Unidos y el Reino Unido.

Según el Instituto Armado, los socios de Equipo Económico "controlarían una estructura societaria íntimamente vinculada y dependiente de su despacho", en la cual habrían efectuado pagos de importantes cantidades de dinero desde la matriz y que dispondrían de otro "entramado societario" para desviar y blanquear fondos.

El sumario también incluye un informe de la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra que apunta que las transacciones enviadas por EE a las empresas socias administradas por ellos mismos, después volverían, ya que el despacho fundado por Montoro era su único cliente. El informe de la policía catalana apunta que "este sistema de ingeniería fiscal les permitiría obtener beneficios fiscales, además de dificultar la identificación de los destinatarios finales de los fondos."

Nóminas "muy considerables"

Un informe de los Mossos de 2019 apunta al hecho que para distribuir el dinero obtenido por las presuntas operaciones ilícitas a través de Equipo Económico, los socios del bufete percibían nóminas "muy considerables" y que facturaban a través de "sociedades interpuestas".

De hecho, la Guardia Civil detalla, a partir de otro informe de la Agencia Tributaria que los salarios recibidos, por los ocho socios que tuvo EE y su sucesora, Glogal Afteli, entre 2008 y 2019 - entre los cuales no se incluye al exministro Montoro - por parte del mismo despacho o a través de su entramado de empresas, suman 32,4 millones de euros. En uno de los casos, la retribución llega a los 11 millones, en otro supera los seis y en dos los cinco.

Montoro vendió sus participaciones por debajo de su valor

La Guardia Civil duda también sobre la "desvinculación efectiva" de Montoro, que fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril del 2008, ya que sospecha que podría seguir manteniendo el control a pesar de traspasar su paquete accionarial en otro de los investigados.

Por su parte, los Mossos sostienen que la transmisión de participaciones en EE por parte de Montoro se hizo de forma que podría haber seguido gestionando "estas participaciones sociales" como titular de derecho, pero no de hecho. En su informe, los Mossos remarcan que vendió sus 1.800 participaciones por 18.000 euros, por debajo de su valor real: 28.312 euros. Según indican informaciones de El País, la Agencia Tributaria, en un informe, apunta que "no declaró ninguna ganancia" por la venta de las participaciones, ya que las vendió al mismo precio con las que las adquirió en la fundación del despacho, a pesar del crecimiento de lo mismo en clientes, facturación y valor.