El informe sobre el estado de salud del president Jordi Pujol, que su defensa ha presentado a la Audiencia Nacional, indica que tiene “marcadores en sangre de la enfermedad del Alzheimer”, según ha avanzado El Periódico y ha confirmado ElNacional.cat, este miércoles. La semana pasada, la defensa de Pujol, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, presentó dos informes médicos para que el forense del tribunal los evalúe. La primera petición de la defensa es que Pujol no tenga que asistir presencialmente al juicio, que se hará en Madrid, y que pueda declarar telemáticamente desde un lugar habilitado en Barcelona. En segunda opción, la defensa pide que se valore su capacidad para ser juzgado y defenderse, y si debe ser eximido del juicio, tal como prevé la ley. Jordi Pujol, de 95 años, tiene dificultades de movilidad por su avanzada edad. La defensa no pide, en primera opción, su inhabilitación por cuestiones de salud. El entorno de la familia ha mostrado su "profundo malestar" porque se hayan hecho públicos detalles de sus datos médicos reservados y aportados al tribunal.
El juicio contra Jordi Pujol, sus siete hijos —por tener dinero en Andorra sin declarar— y diez empresarios debe comenzar el 24 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en Madrid, y durará, con semanas intercaladas, hasta el 14 de mayo. La previsión es que los acusados declaren al final, hacia abril, para garantizar su derecho de defensa.
Alteración de la memoria
Uno de los argumentos recogidos en el informe es que Pujol tiene una "severa alteración de la memoria verbal que lo lleva a confundir hechos y personas”. Esto se describe como un "deterioro cognitivo grave" que afecta múltiples funciones mentales y que es compatible con un proceso neurodegenerativo en fase avanzada. A pesar de ello, la defensa del expresidente no ha reclamado de manera explícita una prueba pericial sobre la capacidad de Pujol para "comprender el objeto de la acusación" y desarrollar su autodefensa, pero los informes aportados ahora por dos médicos apuntan en esta "dirección". Por ello, los abogados del expresidente ven necesario que un forense "evalúe" el deterioro cognitivo y si este limita "la comprensión de contenidos complejos y su capacidad para comprender la acusación formulada, comunicar eficazmente y afrontar el juicio con garantías".
Pujol, según sus abogados, tiene reconocido un grado de discapacidad del 75%, que de acuerdo con la ley, supone una "gran dependencia". Uno de los informes médicos aportados por la defensa destaca que el expresidente tiene una "severa dependencia funcional para actividades básicas", una "marcha muy inestable" y una "movilidad reducida", según detalla la ACN. Estos son algunos de los aspectos que aconsejarían, según su opinión, el seguimiento telemático del juicio y por el cual intentaría evitar el desplazamiento a Madrid, con pernoctación fuera de su domicilio.
Peticiones de pena
En este caso, la Fiscalía acusa a l'expresident de la Generalitat y a su familia de crear “una red de clientelismo”, y pide 9 años de prisión para Jordi Pujol por los delitos de asociación ilícita (5 años), del cual le hace director, y de blanqueo de capitales (4 años). La pena más alta pedida es para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de prisión, porque además de los dos delitos del padre, también se le imputan los delitos contra Hacienda y falsificación documental, como también a su exmujer Mercè Gironès (17 años de prisión) y a Josep (14 años). Para el resto de hijos -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta- el fiscal pide 8 años de prisión por los mismos delitos imputados a su padre. También pide cinco años de prisión para la decena de empresarios investigados por los delitos de blanqueo (3 años) y falsedad documental (2 años).
Las defensas piden su absolución porque no se ha concretado ninguna irregularidad. En concreto, se sostiene que el dinero que tenían en Andorra proviene de la herencia que les dejó el abuelo Florenci, ascendía a 140 millones de pesetas en dólares, y que estos "no guardan ninguna relación con la alta función pública que Jordi Pujol i Soley ejerció en la Generalitat de Catalunya" desde su primer nombramiento como president en 1980 hasta su cese en 2003.
“Jamás en el ejercicio de su alta función pública Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio, sin que resolviera o indujera por influjo a que otros lo hicieran, desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos. La acusación no identifica ningún segmento fáctico de este tenor”, manifiesta Martell en el escrito de defensa.