Aprobado. La Fiscalía de Barcelona ha informado al titular del juzgado de instrucción 2 de Barcelona que lo considera "competente" para investigar la querella interpuesta por cinco empresarios catalanes espiados con los software Pegasus y Candiru, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a ElNacional.cat este viernes. Inicialmente, los afectados, a través de Sentinel Alliance —que se define como la primera asociación internacional de víctimas de espionaje—, presentaron la querella a la Audiencia Nacional, que les respondió que la tenían que presentar en el partido judicial donde sufrieron las infecciones de sus móviles. Esta querella es la primera que se dirige contra máximos mandos de la Guardia Civil, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para que se aclare su espionaje, englobado en el caso de las 65 personas del mundo independentista monitorizadas, descubierto en la investigación Catalan Gate, en 2022.
Recientemente, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha sido imputada por cuarta vez por el espionaje con el software de la empresa israelí NSO a líderes políticos, sociales y a abogados. La incriminación de la exdirectora del servicio secreto español puede aumentar todavía más porque hay una decena de causas abiertas en los juzgados porque no quiso investigarse de forma conjunta.
Esperando respuesta
Los querellantes son Joan Arús San Segundo (presidente y portavoz de Sentinel), Jordi Baylina Mele, Pau Escrich Garcia, Joan Matalama i Alzina (en la foto principal), y Xavier Vives Riba. Están vinculados al desarrollo de herramientas de votación telemática, y descubrieron que fueron espiados por la investigación hecha por el grupo canadiense Citizen Lab. Desde el mayo pasado esperaban que el juez de Barcelona, que le ha tocado la querella por reparto, resolviera sobre su competencia, una vez obtuviera la respuesta de la Fiscalía. El fiscal del servicio de delitos informáticos, Roberto Valverde, ha informado ahora de que considera que el juzgado de Barcelona "es el competente" para investigar este caso, y a partir de ahora el juez tiene que empezar la instrucción y ordenar diligencias.
La entrega de móviles
Está previsto que una de las primeras medidas que acuerde el juez de Barcelona es que se haga una pericial de los móviles y aparatos electrónicos de los cinco afectados por parte de un cuerpo policial adscrito al juzgado para contrastar lo descubierto por Citizen Lab y saber su alcance. Así lo pidió el fiscal en el resto de casos por espionaje con Pegasus, que continúan abiertos.
La unidad informática de los Mossos d'Esquadra ha certificado la mayoría de infecciones, incluso que el president Pere Aragonès tiene un rastro del 2018, año que no está incluido en el espionaje aprobado por el juez del Supremo de control al CNI. El Gobierno del PSOE admitió, en una comisión de secretos oficiales, haber espiado al president republicano y a unas 17 personas más entre los años 2019 y 2020. Se justificó ante las grandes movilizaciones que consiguió Tsunami Democràtic, después de una condena desproporcionada a los líderes independentistas por sedición.
Por su parte, los empresarios reclaman que la investigación aclare "quien autorizó, con qué amparo legal y durante cuánto tiempo se utilizó Pegasus y Candiru para infiltrarse en sus dispositivos; que se desclasifiquen las presuntas autorizaciones judiciales o administrativas; que se aclare qué datos fueron extraídos, su tratamiento posterior y cuánto dinero público se destinó". Y además de los cargos públicos, la querella también se dirige contra NSO Group Technologies Ltd. (desarrolladores de Pegasus) y, por primera vez en España, los directivos de Saito Tech Ltd. (desarrolladores de Candiru).
Por eso piden que el juez cite a declarar como investigados a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón Vilas y María Gámez Gámez; la exdirectora del CNI Paz Esteban López, así como los principales ejecutivos de las dos empresas desarrolladoras del software espía.
Precisamente, la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, que investiga el espionaje del abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, ha aceptado recientemente imputar a Esteban y por primera vez a los tres directivos de NSO en Luxemburgo, identificados por Irídia, que lleva la acusación en nombre del penalista.