¿Fue correcta la estrategia de los políticos catalanes y de los movimientos sociales para hacer frente a la represión del Estado español al 1-O? El “desafío” del procés de independencia de Catalunya y la respuesta del gobierno español han sido analizados recientemente en el ámbito universitario. En concreto, en el III Congreso Internacional sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, celebrado en la Universidad Pública de Navarra (Iruñea) este enero, donde participaron historiadores, sociólogos y profesionales del derecho de todo el Estado español y de países como Portugal y EE. UU. El profesor de Historia de Catalunya de la Universidad de Lleida, Carlos Ordás García, ha sido quien ha aportado el debate sobre el fenómeno catalán con la ponencia De la ’muerte civil’ de los insumisos al encarcelamiento de independentistas catalanes. Una reflexión comparativa de la represión estatal a los movimientos sociales.
El Grupo de Estudios de Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, organizador del congreso, sostiene que el objetivo es “crear un marco para la reflexión sosegada y colectiva en el que podamos compartir las últimas investigaciones llevadas a cabo en torno a la prisión y las instituciones punitivas, tanto en perspectiva histórica como en relación a la situación más reciente, con los preocupantes recortes de derechos y garantías que se observan a nivel mundial desde los inicios del siglo”. Hubo una veintena de mesas de debate, con una decena de ponentes cada una. En una de ellas participó la exconsellera de Justicia, Gemma Ubasart (UdG-Université Lumière-Lyon 2, Francia), que junto con Eduardo Santos Itoiz (UPNA/NUP) presentó la ponencia (comunicación, se dice en el ámbito académico) Víctimas y sistema penal. Explorando marcos garantistas y restaurativos.
“El Estado siempre reprimirá”
Carlos Ordás ha explicado a ElNacional.cat que en el debate académico los expertos coincidieron en afirmar que se evidencia que “las democracias no son tan amables”, como lo demuestra la ley mordaza -impuesta por el gobierno español del PP en 2015 y que el del PSOE todavía no ha derogado, a pesar de las promesas-, con la cual se ha sancionado a miles de ciudadanos y ha limitado sus derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y protesta.
El historiador precisa que se debe partir de la hipótesis de que “el Estado siempre reprimirá” y que su respuesta dependerá del contexto político, social e histórico de cada momento, mientras que la respuesta de los movimientos sociales debe ser “pedagógica y sostenida en el tiempo”. Añade que actualmente, la represión forma parte del sistema, y que cuando un Estado se le considera débil y es cuestionado, “hay un auge de la extrema derecha y el patriotismo, como el actual, que no ayuda” a reducir las medidas de control social.
Dos objectivos diferentes
En su trabajo, Carlos Ordás -comisario de la reciente exposición sobre Xirinacs en la prisión Modelo- evidencia dos objetivos diferentes de los dos movimientos. Expone que “la campaña de insumisión se inscribe en un ciclo de movilización antimilitarista vinculado al movimiento por la paz, mientras que el proceso catalán cuestiona de manera directa uno de los pilares del llamado Régimen del 78: la unidad de la nación española y la distribución territorial del poder. En el primer caso, el eje central es el modelo de defensa y el servicio militar obligatorio; en el segundo, el encaje territorial y la soberanía política”.
Ordás sostiene que el movimiento independentista no se preparó lo suficiente para aguantar la embestida del Estado español, tal como hizo el movimiento insumiso que consiguió que finalmente en España se derogaran las sanciones penales y económicas a los jóvenes que no querían hacer el servicio militar ni la Prestación Social Sustitutoria (PSS). “En el caso del procés, la represión no fue asumida de manera central como parte de la estrategia de los principales actores políticos e institucionales”, asegura el historiador.
A pesar de ello, nueve presos políticos independentistas estuvieron hasta tres años encerrados en la cárcel, antes de ser indultados de las elevadas penas impuestas por el Tribunal Supremo; la mayor hasta 13 años. Con la ley de Aministia, aprobada el verano del 2024, cerca de medio centenar de activites y policías son perdonados de las elevadas penas de prisión reclamadas, mientras los líderes políticos todavía esperan que se arxivila suya inhabiilitació a cargo público, que el Supremo no los quiere aplicar. El president Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín i Lluís Puig continuan en el exilio desde hace ocho años.
El resultado, a parecer de Ordás, es que con la campaña masiva de insumbmisió, iniciada el 1989, se consiguió la suspensión del Servicio Militar Obligatorio el 2001, mientras que la reivindicación independentista -reactivada con el recorte del Estatuto por el Tribunal Supremo el 2010 y la crisi económica de 2008- no ha obtenido ningún beneficio político ni social para Catalunya.
De la prisión a las multas
Eso sí, el Estado español respondió a las dos reclamaciones sociales de la igual manera: penas de prisión y multas asfixiantes. En el caso independentista, la negociación política fue descartada por el entonces Gobierno del PP, encabezada por Mariano Rajoy, que obtuvo el apoyo del PSOE, para suspender el gobierno autonomico catalán, con la aplicación del artículo 155, el 2017.
El historiador explica que “el movimiento de resistencia al servicio militar obligatorio consiguió condicionar la agenda política del período y alterar de manera sustantiva el diseño de las políticas de defensa y de reclutamiento. Las sucesivas reformas penales —del endurecimiento inicial de 1991 a la supresión de la prisión en 1998— evidencian una adaptación reactiva de la respuesta estatal ante una desobediencia civil masiva, organizada y con fuerte legitimidad social”.
Recuerda que es Pepe Beunza quien inicia en 1971 la desobediencia antimilitarista, aunque -expone- él no usa el término “antimilitarista”, “que supuso el inicio de un ciclo de casi tres décadas de objeción de conciencia y desobediencia al servicio militar que se prolonga hasta la suspensión del Servicio Militar Obligatorio en 2001”. En esta evolución punitiva, también recuerda que los primeros insumisos fueron juzgados por tribunales militares, hasta que la jurisdicción ordinaria asumió la competencia el 1991.
Prisión, no el exilio
El objectivo de los dos movimentos era diferente. También, las formas de resistencia. Ordás explica que “el exilio no formaba parte del movimiento de objeción de conciencia”. Sostiene que “en la lógica del movimiento, la fuga individual no generaba el mismo impacto público ni contribuía a la construcción de un sujeto colectivo de desobediencia; por eso se consideraba políticamente central la opción de declararse objetor o insumiso de manera pública, visible y articulada con campañas colectivas".
"Los objetores encarcelados contaban con un grupo de apoyo que era fundamental para la denuncia pública y la deslegitimación de la acción punitiva”. Recuerda que este dispositivo de apoyo y acompañamiento se mantuvo latente en el período 1977-1988, de manera que “la formación en desobediencia civil y acción no violenta fue continua”. Añade que “por ejemplo, muchos de los miembros históricos del Casal de la Pau de Barcelona —fundado en 1977— recuerdan cómo fueron constantes las formaciones en este sentido, con diversas técnicas como la resistencia pasiva, el sociodrama, la proyección de escenarios de futuro o diferentes maneras de entrenarse para resistir física y mentalmente una detención o un encarcelamiento”.
Y quien no podía aguantar lo decía. “Este elemento de sinceridad y realismo respecto a los propios límites formaba parte de la ética de la desobediencia civil que se iba construyendo y conecta con los debates teóricos sobre el carácter consciente y responsable de la desobediencia civil: se trataba de decidir qué ley se desobedecía, cómo y hasta dónde, anticipando las posibles consecuencias penales y personales”, manifiesta Ordás en su comunicación.
Precisamente, la policía criminalizó que desde el Casal de la Pau y activistas como David Fernández hicieran formación en resistencia y protesta pacífica frente a la prohibición del 1-O, como sentarse en el suelo y con los brazos entrelazados. Las imágenes que llegaban de agentes de la policía española dando porrazos a votantes del Referèndum y tirandolos escaleras a bajo, indignó incluso a los no independentistas.
Para una parte de la independentime, el exilio ha comportado difundir la causa catalana a Europa, que ayudó a rebajar la respuesta punitiva del Estado; pero no a ganar cuotas d'autogobierno. El independentismo también tuvo una red social de apoyo. La muestra más clara es la Caixa de Solidaridad, que ha recogido más de 7 millones para pagar fianzas, multas y los abogados de los independentistas y activistas encarcelados y juzgados.
Confluencia de movimientos sociales
En referencia al contexto, Ordáz explica que “la campaña contra la OTAN y las movilizaciones por la paz contribuyeron a articular un Movimiento Social por la Paz con capacidad de coordinación estatal, del cual la insumisión será una de sus expresiones más radicales. Sus campañas provocaron a su vez la creación de redes de solidaridad entre movimientos sociales: con el movimiento vecinal, con el feminismo, con el movimiento de lesbianas y gais, con el movimiento ecologista y con un movimiento pacifista en sentido amplio, que se bifurcó e incluso, en algunos casos, se profesionalizó en forma de ONG; y el movimiento okupa”.
La debilidad del Gobierno
Además de la unidad social, el historiador manifiesta que hay que tener en cuenta el contexto político. En el caso de la insumisión, añade que en la década de 1990 se suceden dos guerras de gran impacto mediático —la Guerra del Golfo y la Guerra de los Balcanes— que implican el envío de tropas, que “afecta a todas las familias”. Y además, “el Gobierno socialista había perdido el músculo electoral de la década anterior”; pierde la mayoría en 1993 y el Gobierno en 1996.
Y reflexiona: “Hay que tener presente la debilidad del gobierno del Estado en el sentido de una pérdida preocupante de popularidad, algo que constituye un factor condicionante a la hora de articular la represión social y calibrar el precio político que esta puede implicar”.
Tampoco olvida que con el nuevo Código Penal de 1995, “el elemento realmente nuevo era el peso de la inhabilitación, que implicaba la imposibilidad de acceder a empleo o cargo público, de obtener subvenciones, becas o ayudas públicas, así como la pérdida de derechos políticos durante el tiempo de condena. Esta configuración dio lugar a lo que activistas y analistas describieron como “muerte social” del insumiso: desaparecía en buena parte la visibilidad de los juicios y del encarcelamiento —que habían permitido articular campañas de solidaridad muy potentes—, pero se mantenía un castigo severo mediante la exclusión de espacios clave de ciudadanía social y política. El conflicto se desplazaba del terreno penitenciario al administrativo-laboral, más opaco y menos mediático”.
Los atentados del 11-S
La protesta y la respuesta del Estado se vieron afectadas, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. “El paradigma de la guerra contra el terrorismo legitimó la expansión de dispositivos de vigilancia, control y excepción jurídica, construyendo un marco en el cual la seguridad se colocaba por encima de otros derechos y libertades”, declara el historiador. Además, la época de prosperidad -recuerda- se rompió con la crisis mundial de 2007, que en el Estado español se prolongó hasta 2014. El movimiento del 15-M volvió a movilizar las calles, pero los gobiernos de Aznar y Rajoy, lo detienen con la aprobación de la ley mordaza, en 2015.
Incluso, en el contexto belicista actual, hay países europeos que se plantean volver a hacer obligatorio el servicio militar, como Alemania y Francia.
Conflicto sin resolver
Por su parte, el 1-O de 2017 "golpea a la unidad del Estado español", que no tienen un apoyo mayoritario, com el logrado en la causa de los insumisos. Ordás afrma que el procés “activa a los sectores más reaccionarios de la sociedad, pero encuenta también eco en una parte significativa de la población que no concibe la fisonomía del país sin el conjunto del territorio peninsular, con las islas Canarias y Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla. La combinación de principios constitucionales (unidad, soberanía nacional, primacía de la Constitución) con un discurso de orden público permitió justificar políticamente el uso intensivo de los recursos penales y policiales”.
Asegura que “desde el Estado se volvió a incorporar, como respuesta, el encarcelamiento de personas vinculadas a un movimiento social amplio, reproduciendo un esquema que en el caso de la insumisión se había demostrado contraproducente, pero que aquí se enmarcaba en un contexto político e institucional muy distinto”.
Para Ordás “en el caso catalán, no hubo una previsión suficiente de la represión o, si la hubo, no se incorporó de manera clara la posibilidad de hacerle frente colectivamente como un componente estructural de la estrategia de desobediencia". Expone que "la gestión de la represión se desplegó, sobre todo, en la fase posterior (defensa jurídica, campañas de solidaridad, exigencia de amnistía), más que como un elemento previamente interiorizado en la preparación del conflicto”.
Y concluye: “Esta diferencia en la planificación, en la asunción de los costes y en el marco político general ayuda a entender por qué la respuesta estatal frente a la insumisión y frente al procés siguió caminos distintos y produjo resultados también muy diferentes: en un caso, la abolición del servicio militar obligatorio; en el otro, una reconfiguración compleja del conflicto territorial, todavía abierta y solo parcialmente modulada por indultos y medidas de amnistía”.
Ciertamente, el país ha vuelto a reabrir la herida del expolio fiscal, con el debate de la nueva financiación planteado por los gobiernos socialistas, que por ahora han rechazado las principales organizaciones empresariales y económicas catalanas.