La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ley mordaza, es una de las herencias envenenadas del actual gobierno de coalición PSOE - Unides Podem en la Moncloa. Ni las quejas de los colectivos sociales ni la mayoría progresista de la investidura en el Congreso de los Diputados han conseguido cambiar una coma aunque era uno de los objetivos en el inicio de la actual legislatura y aunque se está negociando la reforma. En Catalunya, como en el resto de comunidades autónomas, la ley va haciendo su camino. Según datos en exclusiva recogidos por elNacional.cat, la Generalitat ha recaudado al menos 38 millones de euros a través de 151.943 multas interpuestas por los Mossos d'Esquadra desde que entró en vigor en julio del 2015. De media, cada día se ha puesto 58 de ellas a razón de 253 euros cada una. En este periodo de vigencia, el 2019 fue el año con más expedientes tramitados (32.667) aunque la recaudación fue más alta en el 2018 (7'38 millones de euros). Son datos solicitados a través de una petición en el Portal de Transparència de la Generalitat que salen a la luz primera vez. Las cifras recogidas solo contemplan las multas tramitadas por los Mossos d'Esquadra. Las de las policías locales se vertebran a partir de los mismos ayuntamientos a los cuales sirven.
En la retahíla de datos obtenidos destaca, por encima de todo, que el 66% de las sanciones (100.995) se han interpuesto aplicando el artículo 36.16 de la ley, que regula el consumo o tenencia de drogas en la vía pública. Y eso preocupa al Departamento de Interior. Según admiten fuentes de Interior consultadas por este medio, "la Dirección General de Policía ha reforzado el personal y la estructura de la División Científica para dar respuesta al volumen de sanciones que se imponen a través del artículo 36.16, y poder tramitar los expedientes sancionadores correspondientes". En el listado también resalta que el 10% de los expedientes se articulan a través del 36.10, que persigue la tenencia, exhibición o uso de armas sin licencia. Se han interpuesto 15.234 en los últimos 7 años.
El desafío a la autoridad durante la pandemia
En cualquier caso, los artículos 36.6 - desobediencia a la autoridad - y 37.4 - falta de respeto a la autoridad - han sido los predilectos de los cuerpos policiales para sancionar conductas irrespetuosas con los agentes. De hecho, en el periodo 2015 - 2022 una de cada cinco multas (19%) se han expedientado a través de los dos artículos mencionados anteriormente. Aunque, paradójicamente, coincidiendo con los meses más duros de la pandemia de la COVID19 - que comportaron confinamientos restrictivos a diferentes niveles -, los Mossos d'Esquadra registraron 2.314 (2020) y 6.663 (2021) sumando la desobediencia y la falta de respeto a la autoridad. No hubo ningún aumento significativo si se contrasta con lo que pasó en otras comunidades autónomas, que durante el 2020 y el 2021 experimentaron un crecimiento de multas excepcional.
En el mapa autonómico se observa, por ejemplo, que Andalucía multiplicó por ocho los registros de Catalunya. Según explican fuentes del Departamento de Interior, "durante el el primer estado de alarma derivado de la COVID hubo una tendencia generalizada a sancionar a través del artículo 36.6 de la Ley Mordaza incumplimientos derivados de la pandemia como la ruptura del confinamiento". Las mismas fuentes añaden que "estas conductas se tendrían que haber sancionado a través de la Ley de Salud Pública y por eso se explica este incremento tan grande en muchas comunidades autónomas". En el caso catalán, el Departamento de Interior admite que sí que se derivaron expedientes mediante esta legislación sanitaria.
El articulado contempla el 37.4 como una infracción leve y prevé sanciones de entre 100 y 600 euros. Al 36.6, en cambio, se lo considera una infracción grave con castigos de entre 601 y 30.000 euros. Para el codirector del Centro de Defensa de Derechos Humanos - IRÍDIA, Andrés García, eso demuestra que "la norma no está adecuada a los estándares internacionales porque sanciones de 30.000 euros para desobedecer un agente no es propio de un estado democrático". García añade que, por los mismos hechos, la ordenanza de civismo de Barcelona la multa llega a los 3.000 euros y por eso, dice, "es desproporcionado".
La convivencia con el derecho a protesta
La interpretación que se ha hecho de la aplicación de estos dos artículos polémicos tiene otra derivada que subrayan con firmeza los colectivos sociales. Entidades en defensa del derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Inquilinas denuncian, sin pelos en la lengua, que atacan el derecho a protesta de la ciudadanía, como sucede en las movilizaciones que se organizan durante los desahucios. Según el portavoz de la PAH en Barcelona, Ricardo Dubcek, "al final supone una multa económica para la gente de los colectivos que están en situación vulnerable y este riesgo no es ninguna burrada: puede tener un efecto de dar miedo y cohibir".
En la misma línea, el portavoz del Sindicato, Enric Aragonès, considera que "no se pueden utilizar al por mayor estas faltas administrativas para coartar el derecho a la protesta que tiene todo el mundo" haciendo referencia a las manifestaciones o a los desahucios. ¿Así pues, la ley ha servido para desmovilizar a estas organizaciones? Aragonès responde que "no ha servido para neutralizar" aunque reconoce que "debilita, entretiene y desgasta mucho a las entidades porque a la represión policial, judicial y económica se le tiene que dedicar mucha energía". Tanto Dubcek como Aragonès destacan que, a pesar de todo, los colectivos se han seguido movilizando e, incluso, se han hecho talleres para concienciar los integrantes. Especialmente paradigmático es el caso de la PAH de Barcelona, que recibió en octubre del 2020 una veintena de multas de 601 euros por un desahucio. "Alegamos y un juez reconoció el derecho a la protesta pacífica y la mayoría de expedientes se retiraron", resume Dubcek.
Desde de Irídia, García destaca que, de la manera con que están redactados, "estos dos artículos son un cajón de sastre" y denuncia que "el hecho de tramitarse por la vía administrativa da más margen de arbitrariedad a los policías y menos capacidad a los ciudadanos para defenderse". Por eso confía en que la reforma que se está negociando en el Congreso de los Diputados "pueda ayudar a limitar el alcance de la norma".
Los cambios del conseller Elena
Los movimientos sociales tienen la vista puesta en los cambios que anunció en febrero de 2022 el conseller del Interior, Joan Ignasi Elena. Explicó que el departamento que él comanda dejaría de aplicar la ley mordaza amparándose en sentencias europeas y del Tribunal Constitucional (TC), que no multaría a aquellas personas que se manifestaran "pacíficamente" y "ponderando" derechos como el de libertad de expresión o de manifestación. Sin embargo, solo durante el 2022, la policía catalana ha multiplicado exponencialmente las sanciones puestas en virtud del 36.6 y del 37.4 durante el 2022 sumando 7.183. Interior pide tiempo para que se apliquen las modificaciones y se vean los resultados, y responde que "los expedientes tramitados entre en marzo y en septiembre de este año son iniciados, en la gran mayoría de casos, en base a criterios jurídicos anteriores al anuncio hecho por el conseller Elena". Al respecto, el también abogado Andrés García defiende que "un cambio de interpretación tiene una lógica más garantista y es un avance". Aun así, cree que "si no se modifica el criterio interpretativo a la hora de redactar el expediente, tampoco habremos avanzado suficiente".
Desde el Sindicato de Inquilinas consideran que "todavía es pronto para bajar la guardia". Si bien destacan que últimamente no han vivido "la misma oleada de multas en desahucios", Aragonès defiende que "todavía es prematuro afirmar que no ha habido ninguna" porque asegura que "están pendientes de resolver algunas alegaciones" que han presentado asumiendo los nuevos criterios de Interior.