La Fiscalía de Madrid también planta cara a Juan Carlos Peinado. Después de que Begoña Gómez recurriera a la Audiencia de Madrid la petición del juez que la investiga desde hace un año y medio (y que ahora también lo hace por malversación) de que la Guardia Civil investigue todos los correos electrónicos de la esposa de Pedro Sánchez desde 2018, el Ministerio Fiscal sigue el mismo camino. En un recurso muy crítico, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, denuncia que la decisión es “absolutamente desmesurada en su alcance pretendido” y “vulnera derechos fundamentales” y cuestiona de raíz la demanda: “¿Es proporcional recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado?”, se pregunta. “Incluso la acusación en su día proponente matizaba y restringía dicho acceso”, añade. “Todos los correos electrónicos enviados y recibidos a lo largo de más de siete años, sin filtro de búsqueda o sin relación determinada a indagar, ni acotamiento temporal ninguno. Y sin motivación de ningún tipo”, lamenta. Incluso reprocha al juez que esté haciendo una especie de investigación prospectiva: “Parece que, de uno u otro modo, se está investigando absolutamente todo lo relacionado con una persona y un periodo de más de siete años”. 

📝 Begoña Gómez recurre la investigación de todos sus correos: “Carece de cualquier motivación”

 

“Adolece de la más elemental motivación”, insiste el escrito de la Fiscalía, en la misma línea de los argumentos que esgrimió Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez. “Es evidente que su afectación y restricción para el ciudadano existe y es preciso justificar el sacrificio del derecho en cuestión”, subraya. Y lamenta que “nada se trata de justificar al respecto” y que la demanda de Peinado supone una “quiebra del deber de motivación de las resoluciones judiciales, de acuerdo a las circunstancias del caso y de la injerencia y derecho afectado”. “La ausencia de análisis de todos los principios es evidente, pues no se realiza análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad. Pero también existe total omisión de referencia a la gravedad del hecho, a la intensidad de los indicios respecto de la persona en cuestión y a la relevancia del resultado perseguido con la medida, y a la proporcionalidad”, reitera.

Por otro lado, la Fiscalía también destaca que Juan Carlos Peinado emitió una providencia, pero tendría que haber firmado un auto porque la diligencia solicitada “afecta indudablemente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y, en definitiva, al derecho al entorno virtual de la persona afectada” y, por lo tanto, “se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos”.

Begoña Gómez denunció que la petición del juez “carece de cualquier motivación”

En su recurso, Begoña Gómez esgrimía que el contenido de la providencia “carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida” y “carece de cualquier fundamentación, de cualquier análisis de lo que se pretende conseguir o de los elementos y resultados de la investigación que justifiquen el porqué”.

“No podemos olvidar que mi cliente, por razones obvias, tiene una repercusión mediática indiscutible. En esas condiciones, la adopción de una medida de la intensidad de la que se ha acordado ha de ir acompañada de la adopción de cautelas destinadas a que la limitación de su derecho a la intimidad no se vea innecesariamente agravada”, justificaba el abogado Antonio Camacho. “Es un problema que se ha puesto de manifiesto a lo largo del año y medio que lleva desarrollándose la investigación, puesto que prácticamente todo lo que constituía el ámbito más íntimo de la misma ha sido publicado en la prensa, en algunos casos, sin ninguna limitación”, recordaba.