El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha apoyado a Vox y Aliança Catalana en la polémica que han azuzado contra el presidente del Parlament, Josep Rull. Rull ha optado por gestionar el discurso de odio de la extrema derecha con un papel más intervencionista: interrumpiendo a los oradores ultras para amonestarlos y llamarles al orden al considerar que incumplen el código de conducta y el decoro de la cámara. Una práctica que se ha advertido a menudo en las sesiones en la cámara catalana últimamente y que los de Sílvia Orriols han aprovechado para victimizarse y hacer ruido a favor suyo en las redes sociales y en medios afines. Ahora, el dirigente de los populares en Catalunya ha entrado a participar de la polémica este domingo y ha instado a Rull a cambiar su "enfoque".

"Josep Rull se equivoca gravemente en su enfoque sobre los discursos de Vox y Aliança Catalana", ha valorado Alejandro Fernández en primer término. En un tuit, el dirigente popular ha cargado contra el presidente de la cámara y ha aseverado que "el único límite" en el debate parlamentario debe ser "la ley" y no —dice— "su criterio personal de lo que es o no ofensivo". "Si alguien considera que un discurso incurre en calumnias, injurias o cualquier otro delito contra el honor, tiene los tribunales para denunciarlo. Pero no puede ser que cada pleno se lo pase interrumpiendo a los oradores", ha lanzado Fernández. "A mí me han dicho de todo desde el atril del Parlament y no me paso el día llorando como un preescolar", ha resuelto el dirigente del PP catalán con el tono irónico y punzante que lo caracteriza.

La valoración de Fernández hace referencia a cómo el presidente Rull ha apelado últimamente al código de conducta de la cámara legislativa catalana para interrumpir y amonestar las declaraciones más incendiarias de los diputados de Vox y Aliança Catalana desde el atril. Un caso reciente, que ha empleado Aliança y su entorno mediático y en redes para denunciar una supuesta censura o falta de neutralidad, ha sido cuando el presidente de la cámara cortó el micro a Sílvia Orriols cuando tildó a la exconsellera Tània Verge (ERC) de "ultrafeminista". Ha habido otros, como cuando Rull ha cortado los habituales ataques de Orriols a la diputada Najat Driouech (ERC) por llevar pañuelo. En cuanto a Vox, la polémica este martes fue porque tildaron a Lluís Companys de asesino.

Rull ya avisó a la alcaldesa de Ripoll al inicio de la legislatura: "La libertad de expresión no ampara el discurso de odio, el que incite a la discriminación o a la violencia. Esta presidencia será totalmente escrupulosa a la hora de advertirle tantas veces como sea necesario y, si procede, tomar decisiones al respecto", advirtió en sede parlamentaria. Esta misma semana se ha conocido que el Parlament investigará a varios diputados de las dos formaciones ultras por si algunas de sus declaraciones han vulnerado el código de conducta de la cámara, a petición de varios grupos parlamentarios. Los investigados son Joan Garriga y Júlia Calvet, de Vox; y la propia Sílvia Orriols.

Todo ello remite a un debate complejo que es latente en la cámara desde hace tiempo, sobre cómo gestionar el discurso de odio de los partidos de extrema derecha cuando son legítimos representantes de la población en el Parlament. Las principales formaciones políticas de la cámara salvo el PP acordaron un cordón sanitario para aislar a Aliança y Vox, un pacto firmado por el PSC, Junts, ERC, los comuns y la CUP. Algunos de estos partidos, de hecho, plantearon la necesidad de modificar el reglamento del Parlament para incluir los códigos de comportamiento que puedan cortar ciertos discursos incendiarios. Sin embargo, los diputados tienen garantizado su derecho a la libertad de expresión en el ejercicio del cargo y es un equilibrio complicado. La gestión del cual recae sobre la Mesa y sobre Rull en el día a día.