El Pacte Nacional per la Llengua ha sido firmado hoy con el apoyo de dos de las grandes entidades que trabajan por el catalán: Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua. Las dos han estado de acuerdo con celebrar este acuerdo como un "primer paso" y un "punto de partida" para revertir la actual situación de emergencia de la lengua, pero advirtiendo que los recursos que se destinan (250 millones este 2025) no son suficientes y que hacen falta medidas más ambiciosas. También han dejado claro que se dedicarán a fiscalizar que el Govern cumpla con lo que se ha comprometido este martes. Con todo, en el acto que ha tenido lugar en el claustro del Institut d'Estudis Catalans, no estaban presentes los presidentes ni de Òmnium, Xavier Antich, ni de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder. Han firmado el texto en nombre de las organizaciones la vicepresidenta, Marina Gay, y el coordinador de Empresa y Consumo de la Plataforma, Xavier Dengra.
En un vídeo comunicado, Xavier Antich ha dejado bien claro que habrá que revisar algunas de las medidas que incluye el pacto, insistiendo en que fiscalizarán su aplicación: "Haremos un seguimiento riguroso, exigente y exhaustivo del pacto porque la situación del catalán necesita hechos y no solo declaraciones", asegura el presidente de la entidad, recordando al Govern que este documento va más allá del Ejecutivo y lo obliga a cumplir sus objetivos, entre los cuales hay la de aumentar en 600.000 parlantes en cinco años por revertir los nefastos datos de uso social revelados por la última encuesta de usos lingüísticos de la población.
"Seguiremos haciendo nuestro trabajo"
Desde la Plataforma per la Llengua, Dengra también ha hablado de un "punto de partida" mientras ha criticado la falta de calendario de algunos de los objetivos y acciones que recoge el pacto. Además, ha asegurado que la entidad se convertirá en un agente fiscalizador para comprobar que los compromisos se cumpla: "Somos la entidad de defensa de los derechos lingüísticos y fiscalizaremos que el pacto funcione como corresponde, lo hemos hecho siempre y seguiremos haciendo nuestro trabajo". Uno de los otros elementos que echan de menos es "más confrontación contra la catalanofobia", una actitud que no para de crecer dentro y fuera de los Països Catalans.
También han firmado el pacto los líderes sindicales de UGT, Comisiones Obreras o Intersindical (no lo ha hecho el USTEC, que ayer criticó el contenido del texto), así como David Minovas, presidente del CIEMEN. En su caso, ha recordado que la primera piedra del acuerdo la puso el Govern de Pere Aragonès hace cuatro años y que ahora las entidades "ya no podemos esperar más". "En el 2022 pusimos como acuerdo que se superaran las diferencias partidistas. Hoy estamos en emergencia lingüística y es el mejor instrumento que tenemos para que la administración trabaje", ha reflexionado, añadiendo que es mejor "un pacto de mínimos que un no pacto". Con todo, Minovas ha animado las organizaciones a seguir trabajando contra "la minorización de la lengua" y para recuperar la autoestima de los catalanohablantes.
La Abogacía Catalana se suma
El Consejo de la Abogacía Catalana también ha firmado su adhesión al Pacto Nacional por la Lengua, que se anuncia como un acuerdo transversal impulsado por el Gobierno con el objetivo de garantizar e impulsar el uso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad. En un comunicado, la Abogacía Catalana celebra especialmente “los compromisos adquiridos en el ámbito de la justicia, uno de los sectores donde los derechos lingüísticos todavía topan con obstáculos de carácter estructural”.
La Abogacía Catalana, con su presidente, Joan Martínez, ha asegurado que el Pacto recoge “reivindicaciones históricas” de los letrados, como por ejemplo “la necesidad que todo el personal que presta servicio al público a la Administración de Justicia en Catalunya acredite el conocimiento de la lengua catalana”, así como la modificación de las leyes estatales para que este requisito sea también exigible a jueces y fiscales. “Tiene que poner fin a situaciones tan anómalas como el hecho que una parte importante del personal interino que atiende ciudadanía y profesionales en las oficinas judiciales no entienda el catalán, lo cual vulnera los derechos lingüísticos y puede entorpecer el funcionamiento normal de los juzgados”.
Con esta adhesión, el Consejo de la Abogacía Catalana sostiene que "reafirma su apuesta por un sistema judicial arraigado en el territorio, que garantice la igualdad de derechos y el reconocimiento efectivo del catalán como lengua oficial y propia del país".