Siete entidades en defensa de la lengua catalana han abordado este jueves desde la sala de prensa del Parlament de Catalunya el informe demoledor del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los asuntos de las minorías, donde se insta al Estado a pronunciarse sobre la compatibilidad de las sentencias del 25% de castellano con la legislación internacional. Plataforma per la Llengua, Sine Qua Non, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Fundació Escola Valenciana, USTEC-STEs y la Intersindical-CSC han criticado que el Gobierno no haya contestado al informe en el plazo de 60 días que pedía el relator Fernand de Varennes y, en este sentido, han reclamado al Estado que cumpla con aquello que Naciones Unidas le pide: revisar las sentencias del TSJC que amplían el uso del castellano en la escuela y adecuarse al cumplimiento de la legislación internacional que ha ratificado.

En este sentido, Eloi Planas, miembro de la ejecutiva de Plataforma per la Llengua, ha manifestado que, viendo esta "falta de respuesta", se tienen que plantear si "el Gobierno seguirá obviando y haciendo caso omiso de lo que le plantea la ONU, si seguirá haciendo como si no pasara nada mientras el sistema judicial ataca a la escuela catalana, si seguirá actuando al margen de las recomendaciones internacionales sobre la enseñanza de lenguas minoritarias y si el supremacismo lingüístico seguirá teniendo alas con la connivencia del Estado". Planas es quien ha ejercido de portavoz de las siete entidades, que han trabajado "desde hace dos años" al denunciar el intento de "poner fin a la inmersión lingüística e imponer la vehicularidad del castellano" por parte de los tribunales españoles a las Naciones Unidas. A la comparecencia también han asistido otros representantes de las entidades participantes, como Iolanda Segura (USTEC-STEs); y también miembros de los grupos parlamentarios de ERC, Junts, la CUP y los comunes —Mònica Palacín, Francesc Ten, Dani Cornellà y Juan Carlos Gallego—.

Los riesgos de los que alerta el relator de la ONU

Durante la rueda de prensa, uno de los aspectos en el que Planas ha hecho más énfasis es en la parte del informe donde el relator Fernand de Varennes señala que "reducir el uso de la lengua catalana en el exitoso programa de inmersión en Catalunya correría el riesgo de que los niños y alumnos de entornos castellanohablantes no aprendieran bien el catalán, por ser una lengua minoritaria". De hecho, Varennes sostiene que el castellano es "la lengua mayoritaria en el país" y es por eso que "su uso cotidiano y su exposición ya están garantizados y son privilegiados". Sobre las actuaciones judiciales, el relator afirma que las "interpretaciones" que hacen "han provocado un aumento de los obstáculos en el uso de las lenguas minoritarias en una serie de servicios públicos".

En esta línea, la ONU plantea "revisar y reconsiderar las sentencias del TSJC" sobre el 25% de castellano "con la finalidad de garantizar que se adecuen a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos". Por eso, Varennes reclamaba al Estado que respondiera las medidas que tomaría para "corregir las incoherencias de las sentencias judiciales respecto de las normas internacionales de derechos humanos". Las siete entidades denunciantes prevén que estas posibles respuestas puedan llegar al nuevo relator de minorías, el suizo Nicolas Levrat: "Él continuará la tarea de revisión del papel de los estados en la protección de las minorías lingüísticas, nacionales, étnicas y religiosas".